Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 30 de Mayo de 2017, expediente FMP 093044472/2006/TO01/25/CFC003

Fecha de Resolución30 de Mayo de 2017
EmisorTRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS

Poder Judicial de la Nación nos Aires, 30 de mayo de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

El presente incidente nro. 25 “MOSQUEDA, J.E. y OTROS s/ LEGAJO DE CASACIÓN”, formado en el marco de la causa nro. 930044472, del registro de Secretaría de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

Y CONSIDERANDO:

  1. La defensa de Justo A.I.O., J.E.M., A.M.S., J.C.F.F., A.M.A., J.J.L., R.A.G., Mario José

    Osvaldo Forbice, R.A.M. y J.O.L. observó el cómputo de pena practicado respecto de los nombrados, sosteniendo que debían aplicarse al caso las previsiones de los arts. 1 y 7 la ley 24.390, según texto original, en cuanto preveía que, a partir de los dos años de detención cautelar, cada día de encierro se contase doble hasta tanto la sentencia adquiera firmeza.

    En esa inteligencia, con cita del art. 2 del Código Penal, afirmó que sus asistidos resultaron condenados por hechos cometidos con anterioridad a la sanción de la ley 25.430, que derogó el régimen mencionado previamente, por lo que debía aplicarse este último, por ser más benigno.

    En su respaldo, trajo a colación el fallo “A., E.H.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

  2. Ahora bien, este Tribunal, con otra composición, resolvió, por mayoría, hacer lugar a dicha objeción y practicar, en consecuencia, un nuevo cómputo Fecha de firma: 30/05/2017 Alta en sistema: 31/05/2017 Firmado por: J.F.R., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.F.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.M.M.P., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.C.B., SECRETARIO #27695121#176307260#20170531084104840 Poder Judicial de la Nación de pena; decisión que, a instancias del recurso fiscal, fue revisada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló la decisión dictada por el Tribunal Oral a fs. 11/25 y devolvió las actuaciones a fin de que se dicte un pronunciamiento conforme a derecho.

    Allí, se afirmó, en prieta síntesis, que “la retroactividad de la ley penal más benigna [...]

    tiene como fundamento que una sociedad no puede castigar más severamente un hecho ocurrido en el pasado que el mismo hecho ocurrido en el presente, puesto que las normas reflejan la valoración social de la conducta para una comunidad y ese es un límite del poder punitivo del Estado”, circunstancia que no se presenta en el caso bajo estudio, por cuanto “la norma que preveía la aplicación del ‘2 x 1’ no fue la expresión de un cambio en la valoración social de la clase de delitos que han sido atribuidos en este proceso, sino que sólo adoptó, durante un corto período de tiempo, un mecanismo dirigido a disminuir el plazo de los encarcelamientos preventivos”.

    En igual sentido, precisó que las circunstancias de hecho verificadas en el fallo “A.”, citado por la defensa en su respaldo, difieren sustancialmente de las observadas en el presente, toda vez que, en dicho precedente, se trataba de un delito durante la vigencia de la ley 24.390, en su redacción original, mas en este caso, “el objeto procesal está

    compuesto por hechos ocurridos durante la última dictadura y los encausados se encuentran privados de su libertad desde el año 2006...”.

    Fecha de firma: 30/05/2017 Alta en sistema: 31/05/2017 Firmado por: J.F.R., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.F.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.M.M.P., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.C.B., SECRETARIO #27695121#176307260#20170531084104840 Poder Judicial de la Nación

  3. Así, llegado el momento de resolver, el Dr. J.F.R. dijo:

    1. Que la observación al cómputo de pena efectuada por la defensa de los condenados Justo A.I.O., J.E.M., A.M.S., J.C.F.F., A.M.A., J.J.L., R.A.G., M.J.O.F., R.A.M. y José

      Omar Lodigiani, no puede prosperar, por las razones que a continuación precisaré.

      Al respecto, no pierdo de vista que el pasado 3 de mayo, en un caso sustancialmente análogo al presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió, por mayoría de sus miembros, que debía aplicarse el cómputo privilegiado previsto en el art. 7 de la ley 24.390, según su texto original, por imperio de los principios de legalidad y de retroactividad de la ley penal más benigna (v. “B., R.B.A. y otro s/ recurso extraordinario”, CSJ 1574/2014/RH1, voto de los Dres. E.H. de N. y C.F.R. y H.R.).

      Sobre el particular, según jurisprudencia de la propia Corte, sus decisiones no obligan sino en el caso en que fueron dictadas, y los tribunales inferiores pueden apartarse de su doctrina, siempre de manera fundada, aun en casos análogos sin que ello genere un gravamen constitucional, con motivo de su independencia de criterios (v. Fallos 280:430, 301:198, 307:207 y 308:1575, entre otros).

      Asimismo, es sabido que los jueces pueden apartarse de la doctrina sentada por el Máximo Tribunal Fecha de firma: 30/05/2017 Alta en sistema: 31/05/2017 Firmado por: J.F.R., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.F.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.M.M.P., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.C.B., SECRETARIO #27695121#176307260#20170531084104840 Poder Judicial de la Nación cuando introducen nuevos argumentos no considerados en su decisión (v. Fallos 296:610, 301:198, 307:207, 308:2561 y 311:1644 entre otros).

    2. En ese orden, se impone señalar, en primer lugar, que la ley 24.390, en su redacción originaria, no resulta aplicable a los delitos considerados de lesa humanidad, por cuanto, al momento de su dictado, esto es, el 2 de noviembre de 1994, el juzgamiento de este tipo de conductas se encontraba vedada por imperio de las leyes 23.492 y 23.521, que determinaron, circunstancialmente, la impunidad de dichos crímenes.

      Por otra parte, es del caso recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que es regla de la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional y que en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas (v. Fallos 303:248; 578, 600 y 957; y, en similar sentido, 143:118, 183:241, 189:248, 194:371, 281:146 y 303:612).

      En ese entendimiento, resulta evidente que el legislador, al momento de debatir sobre la creación de la ley 24.390, en ningún momento consideró la aplicación de aquellas reglas de cómputo privilegiado para casos como el presente. A mayor abundamiento, de la exposición de motivos surge que el fundamento de la norma se circunscribió a razones bien distintas, éstas fueron, la Fecha de firma: 30/05/2017 Alta en sistema: 31/05/2017 Firmado por: J.F.R., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.F.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.M.M.P., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.C.B., SECRETARIO #27695121#176307260#20170531084104840 Poder Judicial de la Nación excesiva cantidad de personas privadas de su libertad sin sentencia y la duración de los procesos judiciales, a la luz del art. 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También gravitó de modo sustancial, la implementación del sistema oral en reemplazo del escrito, sistema arcaico que colaboró en el incremento de los procesos penales.

      Al respecto, viene a colación lo sostenido por el S.V., quien señaló que “el proyecto de ley apunta a una situación de transición” y que “lo que se está viviendo en la Capital Federal es el problema de la transición desde el juicio escrito, con su plétora de asuntos sin resolver, al juicio oral, que va a permitir una premura congruente con el respeto por las garantías constitucionales” (cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación del 1° de septiembre de 1994).

      En ese mismo orden de ideas, de la exposición del Diputado G. surge que el proyecto de esa ley “se inscribe en la transición que significa la coexistencia en el proceso penal de lo que era el añejo proceso escriturario con el juicio oral. Por ende, en la medida en que no se opte por el juicio oral, se mantiene el proceso escriturario que es el que generalmente complica la situación y provoca demoras en los jueces para dictar las sentencias”.

      Con igual intensidad, remarcó que el proyecto bajo estudio, si bien se inserta en esa transición “en el futuro no va a ser la norma ideal sino la norma posible frente a una realidad judicial y a una realidad carcelaria que todavía claman una definición Fecha de firma: 30/05/2017 Alta en sistema: 31/05/2017 Firmado por: J.F.R., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.F.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.M.M.P., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.C.B., SECRETARIO #27695121#176307260#20170531084104840 Poder Judicial de la Nación concreta para poder decir que realmente estamos viviendo en un estado de derecho (…). Hoy el Poder Legislativo está dando una respuesta a un problema de esta realidad circunstancial que vivimos, también está en estudio la búsqueda de un sistema de penas alternativas –como la prisión domiciliaria- a fin de reducir la población carcelaria, que vive en condiciones infrahumanas” (cfr.

      Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación del 26 de octubre de 1994).

      El espíritu de aquella norma también puede extraerse de la exposición de motivos de la ley 25.430, que derogó el régimen de cómputo privilegiado.

      En dicha ocasión, el D.T., miembro informante, refiriéndose al contexto que rodeó la sanción de la ley 24.390, dijo: “En ese momento existía un gran problema carcelario por la falta de sentencias; las cárceles estaban abarrotadas, había motines y las autoridades creyeron que el camino podía ser este”.

      No obstante, en cuanto a las razones que sustentaban su derogación, el diputado se refirió a la aplicación de la ley, así como su efecto contrario en relación a la duración de los procesos y la demora en llegar a una sentencia definitiva, quedando de esa forma “totalmente desvirtuado el espíritu del legislador y los efectos de esta ley fueron totalmente inversos” (cfr.

      antecedentes parlamentarios de la ley 25430, parágrafo 2).

      A ello, cabe adunar lo expresado por el diputado Larraburu, en...

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