Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Agosto de 2021, expediente CFP 019917/2017/TO01/17/CFC009

Fecha de Resolución 6 de Agosto de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1

CFCP - Sala I

CFP 19917/2017/TO1/17/CFC9

GONZÁLEZ, J.E. s/recurso de casación

Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 1319/21

Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto de dos mil veintiuno, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores D.A.P.–.-, A.M.F. y Diego G.

Barroetaveña –Vocales-, reunidos de manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en las Acordadas 27/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 15/20 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en el presente legajo CFP 19917/2017/TO1/17/CFC9 del registro de esta Sala I, caratulado: “GONZÁLEZ, J.E. s/recurso de casación”, del que RESULTA:

  1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad, integrado de manera unipersonal por el juez R.G.U., en fecha 3 de marzo de 2021,

    en lo que aquí interesa, resolvió: “(

    I.-) DECLARAR LA

    INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO 10 DEL ART. 14 DEL

    C[Ó]DIGO PENAL DE LA NACIÓN incorporado por la ley 27.375

    –Ejecución Privativa de la Libertad modificatoria de la ley 24.660, de fecha 5 de julio del año 2017-.

    II.-

    CONCEDER LA EXCARCELACIÓN de J.E.G., de las demás condiciones personales obrantes en autos, BAJO

    CAUCIÓN JURATORIA, ordenándose su LIBERTAD la que se hará

    efectiva en el día de la fecha desde el Departamento Central de la Policía Federal Argentina, siempre que no registre otra orden restrictiva de libertad en su contra,

    debiendo labrarse allí el acta correspondiente (artículos Fecha de firma: 06/08/2021 1

    Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

    Firmado por: D.G.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

    317 -inciso 5°- en función del 316, 318, 321 y 325 del Código Procesal Penal de la Nación y 13 del C.P.).

    III.-

    IMPONERLE al nombrado la obligación de: a) fijar domicilio y no ausentarse del mismo por más de veinticuatro horas sin hacerlo saber al Tribunal, b) comparecer ante la Sede del Tribunal dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes y en toda otra oportunidad que sea citado y c)

    someterse a la supervisión [de] la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal; todo ello bajo apercibimiento de revocarse la excarcelación en caso de incumplimiento (art. 310 del Código Procesal Penal de la Nación en función de los arts. 321 y 333 del mismo código adjetivo y art. 13 del Código Penal), dejándose constancia que de momento quedará suspendida la obligación impuesta en el punto ´b´ de este apartado […]”. (El resaltado y las mayúsculas pertenecen al original).

  2. Que, contra esa decisión, el fiscal general D.S.L. interpuso el recurso de casación en estudio, el cual fue concedido por el tribunal a quo el 22 de abril próximo pasado.

  3. La parte impugnadora encausó su recurso en los términos previstos por el art. 456, inc. 2, del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), habida cuenta de que, a su entender, “(l)a resolución impugnada contiene una fundamentación aparente, pues se ha omitido considerar elementos esenciales para la solución del caso,

    circunstancia que l[a] convierte en arbitrari[a] en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 206:76 (entre muchos otros) […]”.

    En primer lugar, reseñó los antecedentes del caso y se refirió a las condiciones de admisibilidad del recurso. En cuanto a esto último, precisó que la decisión 2

    Fecha de firma: 06/08/2021

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    Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

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    GONZÁLEZ, J.E. s/recurso de casación

    Cámara Federal de Casación Penal impugnada es una “(s)entencia equiparable a definitiva en los términos del artículo 457 del Código adjetivo […],

    toda vez que ocasiona un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, pues, de efectivizarse el riesgo procesal que [el] Ministerio Público ha señalado reiteradamente, se vería frustrada la eventual aplicación de la ley penal respecto del imputado […]”. Además, remarcó

    que “(e)n función de la grave imputación que recae en las presentes actuaciones contra J.E.G.,

    podría verse comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino de combatir y erradicar el narcotráfico, que emana de los diferentes instrumentos internacionales multilaterales que fueron eventualmente suscriptos […]”.

    Luego, señaló que la “(r)epresentación fiscal solicitó el rechazo de la excarcelación impetrada -en los términos del artículo 317 inciso 5º, del Código de forma-

    por la defensa de J.E.G., en función de cuatro ejes argumentales: a) la constitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, inciso 10º del Código Penal -incorporado mediante la ley 27.375-; b) la carencia de los informes requeridos por el artículo 13 del Código Penal de la Nación, c) el entendimiento de que la reducción prevista en el artículo 140 de la ley 24.660 no influye sobre el período de la libertad condicional; y, d)

    el peligro de fuga subyacente […]”.

    Posteriormente, desarrolló cada uno de aquellos puntos y “(c)onsider[ó] que lo decidido por el Tribunal no constituye derivación razonada del Derecho vigente, de conformidad con las circunstancias comprobadas de la Fecha de firma: 06/08/2021 3

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    causa, y resulta, por ende, descalificable como acto judicial válido […]”.

    De seguido, destacó que “(d)e la resolución se desprende que, en su aparente fundamentación, el Magistrado no consideró debidamente la totalidad de los argumentos expuestos por [la] F.ía y tampoco brindó

    fundamentos convincentes para desecharlos, a pesar de que aquéllos resultan esenciales […] a la hora de resolver la excarcelación y la inconstitucionalidad requeridas por la defensa […]”.

    En prieta síntesis, por tales motivos,

    peticionó que se revoque la decisión del tribunal a quo y “(h)abiendo un nexo directo e inmediato entre lo resuelto y la afectación de las garantías constitucionales del debido proceso legal, y considerando que lo decidido pone en crisis el contenido de diversos compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de lucha contra el narcotráfico (artículos 18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional) […]”, ante una decisión adversa,

    formuló reserva del caso federal.

  4. Que en la oportunidad prevista por el art.

    465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del CPPN, se presentó el fiscal general R.O.P., quien mantuvo y describió los motivos introducidos en la impugnación en estudio.

    Igualmente, entendió que “(a)siste razón al F. recurrente acerca de la constitucionalidad de la norma prevista en el art. 14 inciso 10º del Código Penal,

    según texto ley 27.375; lo que torna insustancial el análisis de sus siguientes argumentos, pues el instituto de la excarcelación en los términos de la libertad condicional ya deviene en inaplicable en virtud del ilícito por el que se encuentra condenado -mediante 4

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    Cámara Federal de Casación Penal sentencia no firme- el interno G. […]”.

    De seguido, remarcó “(q)ue la declaración de inconstitucionalidad de una norma es de carácter excepcional […]” y precisó que así lo determinó en numerosos precedentes la Corte Federal.

    A más de ello, memoró que “(D)e acuerdo a la doctrina del Alto Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma es [un] acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ´última ratio´ […]”.

    También tomó en cuenta “(q)ue todas las Salas de [esta] Cámara Federal de Casación Penal, tal como fuera remarcado por el F. recurrente, ya se han expedido por la constitucionalidad del art. 14 del Código Penal, texto ley 27.375 (como así también del art. 56 bis de la ley 24.660, de conformidad con la misma reforma) […]” y citó

    diversos precedentes de esta Cámara en los que se resolvió

    en aquel sentido.

    Además, realizó algunas consideraciones y, en definitiva, concluyó que la norma en cuestión no vulnera los principios de progresividad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad.

    En suma, por tales razones, solicitó que “(S)e haga lugar al recurso de casación deducido por el F. General, se case la resolución dictada por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esta ciudad y, en consecuencia, se deje sin efecto la excarcelación en los términos de la libertad condicional concedida a J.E.G. […]”.

    De otra parte, en idéntica oportunidad procesal Fecha de firma: 06/08/2021 5

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    compareció el abogado R.T.V., a cargo de la defensa particular de J.E.G..

    El citado defensor consideró que “(i)mpedir el acceso a la libertad condicional cuando se encuentran debidamente cumplidos todos los requisitos legales, no hace otra cosa que desnaturalizar el fin resocializador de la pena […]”.

    Asimismo, alegó que “(l)a actual redacción del art 14 del CP es inconstitucional ya que atenta contra los principios relativos a la ejecución de la pena privativa de la libertad, en la resocialización de los condenados a penas privativas de libertad y la humanidad de las penas,

    principios que se reflejan en nuestro bloque convencional […]”.

    En ese camino, argumentó que “(L)a prohibición de acceso al instituto de la...

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