Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Noviembre de 2019, expediente FRO 010315/2015/11/CA009

Fecha de Resolución22 de Noviembre de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL

1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B Penal/Int. R., 22 de noviembre de 2019.

Visto en Acuerdo de la Sala “B” integrada, el expediente nº FRO 10315/2015/11/CA9 de entrada, caratulado “Legajo de Apelación en autos Unidad de Información Financiera - C., A.M.; C., M.A.; CONTRERAS, P.C. y otros s/ Infracción Art. 303” (del Juzgado Federal Nº 4 de esta ciudad), del que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la Unidad de Información Financiera (fs.

26/28) y por la F. Federal a cargo de la F.ía Federal n° 3 de R., Dra.

A.S. (fs. 29 vta./32), contra la resolución del 25 de abril de 2019 (fs.

6/25), que dispuso la falta de mérito para procesar o sobreseer a E.O.S. y A.M.S. respecto de los hechos por los que fueron indagados, tipificados en el art. 303 inciso 1º del Código Penal (cfr. art. 309 del C.P.P.N.) y dejar sin efecto la inhibición general de bienes dispuesta respecto de los nombrados.

Asimismo, el Defensor Público Oficial, Dr. F.H.P., en representación de R.E.M. (fs. 33/41) y el Dr. F.Y., en ejercicio de la defensa técnica de L.M.V. (fs. 42/45), D.G.V. (fs. 46/48), M.A.C. (fs. 49/51), P.C.C. (fs. 52/54), A.M.C. (fs. 55/57) interpusieron recurso de apelación contra la resolución antes mencionada (fs. 6/25), en cuanto dispuso el procesamiento de los nombrados en orden a la presunta comisión, en carácter de autores del delito de lavado de activos de origen delictivo (art. 303, inc. 1° del Código Penal), en función del art. 306 del CPPN.

Elevados los autos a la alzada e ingresados en esta Sala “B” por haberlo hecho anteriormente (fs. 5), se designó audiencia en los términos del art.

454 del CPPN, poniéndose en conocimiento de las partes la opción de la modalidad escrita establecida en la Acordada Nro. 161/16 (fs. 63), el F. General mantuvo el recurso interpuesto (fs. 64) y acompañó minuta sustitutiva (fs.

65/74), como así también acompañaron sendas minutas escritas la UIF –parte Fecha de firma: 22/11/2019 Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.P., Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA #33681130#250450090#20191122091528173 querellante- (fs. 75/81), el Defensor Público Oficial que se remitió a los argumentos expuestos en el escrito de apelación (fs. 64) y el Dr. F.Y. (fs.

88/90, 91/93, 94/96, 97/98, 99/101, 102/103 y 104/105), con lo que la causa quedó en estado de ser resuelta (fs. 106).

El Dr. Pineda dijo:

  1. ) El Defensor Público Oficial, Dr. F.H.P., en ejercicio de la defensa técnica de R.E.M. se agravió de que la imputación formulada a su asistido no reúne las formalidades previstas en el Código de rito, acorde el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal.

    A este respecto, sostuvo que la indeterminación de los hechos imputados a su asistido le causa un perjuicio concreto y actual, afectando la posibilidad de defensa. Agregó que la imputación formulada no contiene una descripción clara, precisa, circunstanciada con la mayor minuciosidad posible, indicando el modo, tiempo y lugar de la acción atribuida. Por tanto solicitó la nulidad absoluta de la declaración indagatoria.

    Asimismo, planteó la nulidad de la resolución cuestionada puesto que no resulta debidamente fundada conforme las exigencias del ordenamiento legal (art. 123 del CPPN).

    Refirió que se le imputó a su defendido y se le dispuso la responsabilidad penal sin siquiera determinar las acciones típicas ejecutadas para ello, y sin llegar a un grado convictivo de probabilidad respecto de delito alguno conforme la valoración de las pruebas y la sana critica racional.

    Sostuvo que el juez a quo se remitió meramente a la sentencia dispuesta por la justicia provincial para concluir que los bienes existentes en el patrimonio de su asistido habían sido obtenidos con el dinero de los ilícitos por los que fue condenado.

    Expresó que la existencia de un delito precedente no opera como causal demostrativa de la comisión del ilícito que aquí se investiga y agregó que la responsabilidad penal en “una organización criminal” no releva al juez de instrucción de la obligación de determinar el concreto accionar delictivo Fecha de firma: 22/11/2019 Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.P., Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA #33681130#250450090#20191122091528173 3 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B reprochado.

    Se agravió de la ausencia de elementos probatorios que acrediten la tipicidad objetiva y subjetiva de la supuesta conducta reprochada. En este sentido, indicó que no existen elementos probatorios que acrediten la comisión del ilícito en cuestión y que el juez a quo pretendió a partir de la existencia de un delito precedente dar por probado el lavado de activos.

    Se agravió que el juez de instrucción meramente se remitió a la existencia de una organización criminal precedente para concluir que los bienes provenían de lo producido por esa organización, es decir, no expuso en concreto cual fue la acción típica supuestamente desarrollada, ni tampoco acreditó que provinieran de un delito.

    Además, señaló que omitió realizar consideración alguna sobre la especifica finalidad exigida en el tipo penal y que debió perseguir a su asistido para que se configure el delito que aquí se investiga.

    Alegó que ni la ilicitud de los fondos con que se adquirieron los bienes ni la realización de alguna de las conductas típicas para introducir al mercado legal bienes de origen ilícito para que adquieran apariencia de legalidad, fueron acreditadas ni se incorporaron elementos probatorios que lo demuestren.

    Por tanto, concluyó que la existencia de un delito precedente y la insuficiencia patrimonial, no habilitan per se a concluir que los bienes de su asistido fueron adquiridos con dinero ilícito ni para los fines previstos en el art.303 inc. 1 del CP.

    Formuló reservas de recurrir ante tribunales superiores.

  2. ) El Dr. F.Y. en representación de L.M.V., se agravió de la aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa, aplicación contraria a nuestra Constitución Nacional (arts. 18 y 75 inc. 22).

    Explicó que su asistida fue llevada a juicio por su supuesta participación en el delito de Asociación Ilícita como integrante de la Banda de los Monos y que fue absuelta de culpa y cargo por el tribunal de juicio y confirmada dicha absolución por la Cámara de Apelaciones de R.. Por lo tanto, sostuvo Fecha de firma: 22/11/2019 Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.P., Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA #33681130#250450090#20191122091528173 que es imposible afirmar su participación en la denominada Banda de los Monos.

    Agregó, que quedó acreditado en el juicio que los cinco años anteriores al fallecimiento de C.C. (mayo 2013), éste estuvo en pareja con Mercedes Paz.

    Además, alegó que los bienes que se le atribuyen a su defendida fueron adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley 26.683 y que por lo tanto se aplicaría retroactivamente la ley penal más gravosa.

    Respecto de los movimientos de dinero en cuentas bancarias manifestó que son movimientos del año 2010, anteriores a la ley y a la Asociación ilícita que su asistida no integró.

    Finalmente, reiteró que la resolución apelada agravia a su pupila por entender que no perteneció a la asociación ilícita denominada periodísticamente “Banda de los Monos” y que las exteriorizaciones achacadas vulneran el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal por ser anteriores a la vigencia de la ley y en todos los casos sostuvo que la inversión que se le atribuye a su asistida no supera la condición objetiva de punibilidad.

  3. ) El Dr. F.Y. en ejercicio de la defensa de D.G.V., se agravió de la aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa, aplicación contraria a nuestra Constitución Nacional (art. 18 y 75 inc. 22)

    Indicó que los bienes supuestamente de pertenencia de V. están declarados como corresponde, con el pago de impuestos correspondientes y las declaraciones juradas exigidas por ley realizadas, y todos ellos datan de fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley. Por lo tanto, sostuvo que en el caso de V., ya no alcanza con la “presunción”, sino que debió haber estado condenado por el delito precedente del que supone que procedería el dinero ilícito y ello no ocurrió.

    Destacó que su asistido jamás ha sido condenado por ningún delito, ni siquiera fue sospechado por ninguna autoridad policial, fiscal ni judicial como vinculado a la asociación ilícita denominada periodísticamente “Banda de Fecha de firma: 22/11/2019 Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.P., Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA #33681130#250450090#20191122091528173 5 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B los Monos”.

    Finalmente, alegó que la resolución dictada vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la Ley Penal más gravosa.

  4. ) Al expresar los agravios respecto de M.A.C. se quejó de la aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa, aplicación contraria a nuestra Constitución Nacional (arts. 18 y 75 inc. 22).

    Alegó que la resolución apelada al referirse al punto de exteriorizaciones indicó únicamente una camioneta Toyota Hilux 4x2, dominio LDJ 673, la que “supone” fue adquirida por C., ya que es de otro el titular registral y tendría su defendido autorización para manejar. Al respecto, refirió que serían adquisiciones producidas con anterioridad a la vigencia de la ley.

    Refirió que se presume que se trata de un bien adquirido con dinero proveniente de un delito y que, a su vez, se presume que fue adquirido por su pupilo, sin que exista prueba documental ni ningún tipo que lo acredite.

    Destacó que se dice en la resolución en crisis que tiene autorización su asistido para manejar el vehículo Chevrolet Chevy SS Coupé, cuando en realidad el autorizado es su hijo A.M.C..

    Además, se agravió que estos...

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