Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 1 de Julio de 2015, expediente FBB 015000005/2007/117/1/CA047

Fecha de Resolución 1 de Julio de 2015
EmisorCAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 15000005/2007/117/1/CA47 – S.. DDHH Bahía Blanca, uno de julio de 2015 Y VISTOS: Este expediente nro. FBB 15000005/2007/117/1/CA47, caratulado:

LEGAJO DE APELACIÓN… EN AUTOS GONÇALVES, HÉCTOR ARTURO

(D)… POR PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD PERS. (ART. 142 BIS INC. 5)

,

venido de Juzgado Federal n°1 de la sede para resolver el recurso de apelación

interpuesto a fs. sub 137/140 contra la resolución de fs. sub 122/125 vta.; y

CONSIDERANDO:

1ro.) Que a fs. sub 122/125 vta. el señor J. F.

subrogante resolvió otorgar el beneficio de detención domiciliaria en favor de Héctor

Arturo GONÇALVES, por cuestiones de salud y edad [art. 32 incs. a) y d) de la ley

24.660]; medida que no fue efectivizada en virtud de que el imputado se encuentra a

disposición conjunta con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal ad hoc de Bahía

Blanca.

2do.) Que contra dicha resolución el Fiscal Federal ad hoc

interpuso recurso de apelación (cfr. fs. sub 137/140).

Allí sostuvo la arbitrariedad de la decisión, pues considera

errónea la valoración realizada de los distintos informes médicos, así como la

equivocada interpretación y aplicación de las normas de fondo; además manifestó

como agravio que el a quo en lugar de limitar el beneficio al plazo de duración del

tratamiento oncológico –que no discute o sujetar su continuidad a una evaluación

médica a realizarse una vez que culmine dicho tratamiento, concedió sin más el

instituto regulado en la ley 24.660 y omitió el pedido de revisión del estado de salud

del imputado a través de una junta médica de profesionales independientes, ajenos al

ámbito de las fuerzas de seguridad y del propio GONÇALVES.

Por otro lado, se agravió de la concesión de la detención

domiciliaria en razón de la edad y expuso que la ponderación del dato etario no puede

desentenderse de las circunstancias concretas de salud del imputado, así como el

riesgo procesal comprometido a la luz de la naturaleza y gravedad de los delitos

enrostrados, la magnitud de la pena en expectativa y la responsabilidad del Estado en

la investigación y juzgamiento de delitos contra la humanidad.

Fecha de firma: 01/07/2015 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: M.G.M., C. de Cámara Firmado(ante mi) por: N.A.Y., SECRETARIO DE JUZGADO Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 15000005/2007/117/1/CA47 – S.. DDHH A fs. sub 160/162 vta. obra agregado el informe escrito

sustitutivo de audiencia oral presentado por el apelante, mejorando fundamentos (art.

454 del CPPN, sg/ley 24.660 y Ac. CFABB n° 72/08, ptos. 4to. y 5to.).

3ro.) Que atento la actual doctrina de la CSJN y de la CFCP en

su diferentes S. sobre la materia bajo análisis, deben realizarse determinadas

aclaraciones, previo a resolver, el recurso de apelación interpuesto a fs. sub 137/140

por el Fiscal Federal ad hoc.

En primer lugar, debe definirse claramente la naturaleza del

instituto en cuestión, pues nuestros máximos tribunales a la hora de resolver citan

como fundamento los dictámenes de la Procuradora General de la Nación en los fallos

Vigo…

y “O. Róvere…”, dictámenes y fallos sobre los cuales esta Alzada

observa una extensión de su alcance que no se corresponde con la esencia del instituto

USO OFICIAL de prisión domiciliaria.

En efecto, en la causa “Vigo...” se dice textualmente “...Y la

libertad del imputado, al que se le atribuyen hechos gravísimos que habría cometido

en su calidad de agente con alta jerarquía en esas estructuras [...] facilita claramente

la posibilidad de que recurra a ellas para eludir u obstaculizar la acción de la

justicia.” (punto III, último párrafo del dictamen del 31/8/2009); también en la causa

Torra...

la Procuradora General de la Nación expresamente compara la a detención

cautelar domiciliaria con la prisión preventiva como dos institutos distintos y

separados (punto II, 2do. párrafo del dictamen del 23/5/2013); por su parte en la causa

Olivera Róvere...

es la propia Corte la que señala “...que al resolver qué

temperamento adoptar respecto de la libertad provisional del imputado Olivera

Róvere se había omitido atender al estándar sentado por esta Corte en el citado

precedente “Vigo”...” (voto de la mayoría, consid. 5to., 3er. parrafo) –el destacado en

negrita no es del original–.

No puede pasarse por alto que la prisión domiciliaria en nuestro

derecho, no implica la libertad del imputado, sino que resulta ser un modo de

ejecución de la prisión –ya sea como pena o como medida cautelar–, pero bajo la

forma domiciliaria, por lo cual su beneficiario sigue detenido y sujeto a una relación

especial con el juez de la causa que implica la imposición de precisas limitaciones, las

que en el caso de incumplimiento provocarían la revocación del beneficio, tal lo

Fecha de firma: 01/07/2015 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: M.G.M., C. de Cámara Firmado(ante mi) por: N.A.Y., SECRETARIO DE JUZGADO Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 15000005/2007/117/1/CA47 – S.. DDHH ocurrido en esta jurisdicción con el imputado A. a quien le fue

revocado el arresto domiciliario por haber desobedecido las reglas de conducta que le

fueron fijadas (cfr. expediente nº 67.929 del 14/05/2013).

4to.) a) Que la prisión domiciliaria y su otorgamiento a

personas de avanzada edad y por problemas en su salud está prevista desde antaño en

el art. 10 del Código Penal.

La ley 24.660 en su redacción original, regulaba el instituto en

los arts. 32 a 34, estableciendo en el art. 33: “El condenado mayor de setenta años o el

que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena

impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez

competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable

que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que

USO OFICIAL fundadamente los justifique.

A partir de la modificación introducida por la ley 26.472 al

Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley 24.660) se ampliaron

los supuestos de procedencia del instituto, adecuándose a las pautas fijadas en

numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos de raigambre

constitucional (art. 75 inc. 22, CN), en los que se reconoció expresamente el principio

de humanidad en la ejecución de las penas privativas de la libertad, la defensa de la

salud como bien individual y social, la mínima trascendencia de la pena respecto de

terceros y la atención del interés superior del niño.

Con esta reforma, el art. 32 quedó redactado de la siguiente

manera: “El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de

la pena impuesta en detención domiciliaria:

  1. Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el

    establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia

    y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;

  2. Al interno que padezca una enfermedad incurable en período

    terminal; c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad

    en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato

    indigno, inhumano o cruel;

    Fecha de firma: 01/07/2015 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: M.G.M., C. de Cámara Firmado(ante mi) por: N.A.Y., SECRETARIO DE JUZGADO Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 15000005/2007/117/1/CA47 – S.. DDHH d) Al interno mayor de setenta (70) años;

  3. A la mujer embarazada;

  4. A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una

    persona con discapacidad, a su cargo.

    También modificó el art. 33, cuyo texto pasó a ser el siguiente:

    La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o competente.

    En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá

    fundarse en informes médico, psicológico y social.

    El juez, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la

    supervisión de la medida a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social

    calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la persona estará a cargo de

    organismos policial o de seguridad.

    USO OFICIAL Este artículo recibió una reforma posterior por ley 26.813, más

    la misma consistió en el agregado de tres párrafos a continuación del texto dado por la

    ley 26.472 sin alterarlo, regulando pautas de aplicación diferenciada en los casos de

    personas condenadas por algunos de los delitos tipificados en el Título 3 del

    Código Penal (Delitos contra la integridad sexual).

    b) En lo que refiere al supuesto de la edad, el representante del

    Ministerio Público Fiscal analiza el instituto realizando una peculiar interpretación del

    art. 32, inc. d) de la ley 24.660 (texto sg./ley 26.472).

    Es la misma que expuso en la causa “O. R....” la

    Procuradora General de la Nación en su dictamen: “...es oportuno reiterar que la

    condición etaria (más de 70 años) está prevista en el artículo 32, letra “d”, de la ley

    24.660 como uno de los supuestos en los que el juez puede (no debe) conceder la

    detención domiciliaria. Pero la ley, al establecer esa condición como no suficiente,

    omite indicar expresamente cuáles serían las otras, necesarias también, para

    conceder el beneficio.

    Y para determinar esas otras condiciones sin incurrir en

    arbitrariedad, parece imprescindible tener en cuenta que la finalidad de la detención

    domiciliaria, tal como se desprende de los fundamentos de los proyectos de la ley que

    finalmente sería aprobada el 17 de diciembre de 2008 bajo el número 26.472, que

    amplió los supuestos en los cuales el condenado o procesado con prisión preventiva

    Fecha de firma: 01/07/2015 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: M.G.M., C. de Cámara Firmado(ante mi) por: N.A.Y., SECRETARIO DE JUZGADO Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 15000005/2007/117/1/CA47 – S.. DDHH puede acceder a tal detención, es garantizar su trato humanitario y evitar la

    restricción de derechos fundamentales no afectados por la pena impuesta.

    En conclusión...

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