Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 6 de Marzo de 2015, expediente CCC 054865/2007/1/CFC001

Fecha de Resolución 6 de Marzo de 2015
EmisorSala 4

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CCC 54865/2007/1/CFC1 REGISTRO N° 288/2015.4 la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo del año dos mil quince, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor M.H.B. como Presidente, y los doctores J.C.G. y G.M.H. como Vocales, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 54/70 vta., en la presente causa CCC 54865/2007/TO1/1/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada: “LEMES, M.I. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

  1. Que el Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 3 de esta Ciudad, en el legajo nº 131.715 de su registro, con fecha 8 de octubre de 2014, resolvió:

    I. NO HACER LUGAR a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24.660.

    II. NO HACER LUGAR a la incorporación del interno M.I.L. al régimen de salidas transitorias, respecto de la pena única de veinticinco años de prisión que se le impuso en la causa nro. 2856 del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 7.

    (fs. 49/52 vta.).

    II. Que contra dicha resolución interpuso recurso de casación a fs. 54/70 vta., el Defensor Público Oficial, doctor J.A.S., asistiendo al antes nombrado, el que fue concedido a fs. 71.

    Luego de explicar la procedencia del remedio intentado, por vía de lo previsto en el segundo inciso del art. 456 del C.P.P.N., el recurrente planteó la transgresión al derecho de defensa, debido proceso legal y al principio de contradicción ante la ausencia de intereses contrapuestos en lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad de lo previsto en el art. 56 bis de la ley 24.660.

    Al respecto, la defensa postuló por vía de Fecha de firma: 06/03/2015 Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENAL Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CÁMARA DE CASACIÓN Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: H.B., SECRETARIO DE CAMARA la inobservancia de la ley adjetiva, la vulneración de los principios de acusación y contradicción y de la garantía de imparcialidad. Sostuvo que el juez rechazó

    la inconstitucionalidad del art. 56 bis de la ley 24.660 sin considerar la inexistencia de oposición fiscal.

    También destacó que el juez de ejecución había incurrido en arbitrariedad por omitir el cumplimiento de la manda contenida en el art. 123 del ordenamiento ritual en cuanto se valió de afirmaciones dogmáticas.

    Por la vía de lo previsto en el inciso 1º del art. 456, la Defensa Oficial postuló la errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 17 y 56 bis de la ley 24.660) “por transgresión a los principios de reinserción social, igualdad, derecho penal de acto, culpabilidad, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y progresividad.”.

    En esa dirección, puntualizó los motivos por los que consideraba que no corresponde la aplicación al caso de lo previsto en el art. 56 bis de la ley de ejecución. En apoyo a su postura citó el fallo “S.T., R.R. s/ recurso de casación”

    resuelto por esta Sala el 20 de diciembre de 2013.

    La defensa recordó los motivos por cuales consideraba la inconstitucionalidad del art. 56 bis de la ley 24.660. Sobre el punto, explicó que la disposición legal se encuentra en franca colisión con la normativa constitucional y con los principios allí

    contenidos.

    Así sostuvo que se ve lesionado el derecho a la igualdad. Con cita de reconocida doctrina y jurisprudencia planteó la vulneración del principio de culpabilidad. Dijo que la previsión contenida en el art. 56 bis de la ley 24.660 incorpora cuestiones y valoraciones relativas a la peligrosidad del sujeto y que ello determina su inconstitucionalidad en tanto vulnera el principio de culpabilidad, consagrado en la Constitución Nacional.

    Fecha de firma: 06/03/2015 Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENAL Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CÁMARA DE CASACIÓN Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: H.B., SECRETARIO DE CAMARA Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CCC 54865/2007/1/CFC1 En otro orden de ideas, el defensor de LEMES se refirió a las normas que regulan el acceso a las salidas transitorias. Sostuvo que en el caso se había denegado a su asistido la posibilidad de acceder a dicho beneficio “en base a una argumentación que inobservó normativa de fondo: en concreto, el art. 17 de la ley 24.660…” .

    Afirmó que LEMES cumplía con los requisitos allí establecidos y que el juez omitió analizarlos reduciendo el rechazo a la aplicación del art. 56 bis de la ley de ejecución. La misma crítica hizo respecto de las conclusiones negativas a las que abordó el Consejo Correccional en oportunidad de expedirse.

    En síntesis, solicitó que se anule el decisorio recurrido, se declare la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24.660 introducido mediante ley 24.948, y se concedan las salidas transitorias a M.I.L..

    Hizo reserva del caso federal.

    III. Que superada la etapa prevista en el arts. 465 bis, en función de lo previsto en los arts.

    454 y 455 del C.P.P.N. (ley 26.374), de lo que se dejó

    constancia en autos (cfr. 81), y con la presentación de breves notas hecha por el Defensor Público Oficial ante esta instancia, doctor J.C.S. (fs.

    77/80 vta.), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M.

    Hornos, M.H.B. y J.C.G..

    El señor juez G.M.H. dijo:

    I. El recurso interpuesto es formalmente admisible en virtud de lo dispuesto por el art. 491, segundo párrafo, del C.P.P.N.

    He sostenido con insistencia -y originalmente en soledad-, que el control judicial amplio y eficiente resulta ineludible a la luz de la ley vigente, y además un factor altamente positivo para el Fecha de firma: 06/03/2015 Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENAL Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CÁMARA DE CASACIÓN Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: H.B., SECRETARIO DE CAMARA logro de los fines que procuran las normas de ejecución de las penas privativas de libertad (cfr.:

    de esta Sala IV, causa Nro. 699, “M., C.F. s/recurso de casación”, Reg. Nro. 992, rta. el 4/11/97; causa Nro. 691, “MIGUEL, E.J. s/recurso de casación”, Reg. Nro. 984; causa Nro. 742, “FUENTES, J.C. s/recurso de casación”, Reg.

    Nro. 1136, rta. el 26/2/98; causa Nro. 1367, “QUISPE RAMÍREZ, I. s/recurso de casación”, Reg. Nro.

    1897, rta. el 18/6/99; entre muchas otras). Criterio que con posterioridad fue adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “R.C.” (Fallos 327:388).

    Allí, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el principio de judicialización de la etapa ejecutiva de la pena “significó, por un lado, que la ejecución de la pena privativa de libertad, y consecuentemente, las decisiones que al respecto tomara la autoridad penitenciaria debían quedar sometidas al control judicial permanente, a la par que implicó que numerosas facultades que eran propias de la administración requieran hoy de la actuación originaria del juez de ejecución” -del voto del Dr.

    Fayt-. Y que “uno de los principios que adquiere especial hálito dentro de las prisiones es el de legalidad, ello por cuanto la manera en que las autoridades penitenciarias le dan el contenido concreto al cumplimiento de la pena dispuesta por la autoridad judicial y sus sucesivas alteraciones, pueden implicar una modificación sustancial de la condena, y por lo tanto, queda a resguardo de aquella garantía” -del voto conjunto de los doctores Z. y M.-.

    Estos principios, de control judicial y de legalidad, se encuentran explícitamente consagrados en la ley 24.660. El artículo 3 indica que “La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o juez competente Fecha de firma: 06/03/2015 Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENAL Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CÁMARA DE CASACIÓN Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: H.B., SECRETARIO DE CAMARA Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CCC 54865/2007/1/CFC1 garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley”. Y el art. 4 confiere competencia al juez de ejecución para “resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado algunos de los derechos del condenado”.

    Al respecto ha sostenido el cimero Tribunal que: “En efecto, si la toma de decisión por parte de los jueces no se enmarca en un proceso respetuoso de las garantías constitucionales del derecho penal formal y material, la ‘judicialización’ se transforma en un concepto vacío de contenido, pues el control judicial deja de ser tal” (R. 230. XXXIV., “R.C., H.A. s/ ejecución Penal”, rta. el 09/03/04, del voto del doctor F..

    II. Como puede advertirse, surge de la resolución aquí recurrida, que ésta se basa principalmente, en el impedimento previsto en el artículo 56 bis de la ley 24.660, habiendo omitido el tratamiento de los demás requisitos necesarios para su concesión que surgen de las constancias de la causa.

    Ahora bien, corresponde ahora examinar la cuestión planteada y dicha tarea consiste en decidir si basta la mera invocación del impedimento previsto en el artículo 56 bis de la ley 24.660 para sustentar la denegación de las salidas transitorias del interno que se encuentra cumpliendo pena por el delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165 del C.P.), y en su caso, si dicha ley federal ha puesto en cuestión...

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