Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Julio de 2016, expediente FCR 012008008/2008/20/1/CFC005

Fecha de Resolución13 de Julio de 2016
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FCR 12008008/2008/20/1/CFC5 REGISTRO N° 900/16.4 la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio del año dos mil dieciséis, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor J.C.G. como P., y los doctores G.M.H. y M.H.B. como Vocales, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación cuya copia obra a fs. 8/14 de la presente causa nº FCR 12008008/2008/20/1/CFC5 del Registro de esta Sala, caratulada: “CHANFREAU, J.A. y otros s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

  1. Que esta Cámara Federal de Casación penal, por resolución del día 1 de octubre del 2013, registrada con el número 1819/13 de la Sala IV, hizo lugar al recurso de casación interpuesto a fs.

    5304/5311 de los autos principales por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, anuló el punto dispositivo 20) de la sentencia impugnada, en cuanto había revocado la prisión preventiva de Í.C.P., R.A.B. y J.A.C. ordenada en primera instancia (fs. 1/3 del presente legajo).

  2. Que, devueltas las actuaciones al tribunal de origen, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro de Rivadavia –con una integración diferente– resolvió por mayoría revocar la decisión del juzgado instructor que había dispuesto la prisión Fecha de firma: 13/07/2016 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ CAMARA CASACION 1 Firmado(ante mi) por: J.Y.S., PROSECRETARIO DE CAMARA #28329882#157596474#20160714123307427 preventiva de P., B. y C., y les impuso en su lugar la obligación accesoria de comparecer cada quince días a la sede policial que corresponda a la jurisdicción de su domicilio (fs.

    4/5).

  3. Que, contra ese nuevo pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones, el Ministerio Público Fiscal interpuso el recurso de casación cuyas copias obran a fs. 8/14 del presente, siendo concedido por el a quo en la decisión que se reproduce a fs. 15/16.

  4. Que el recurrente se agravió por considerar que la resolución impugnada interpretó

    irrazonablemente la normativa relevante al reparar exclusivamente en la edad de los acusados y en su situación familiar, soslayando circunstancias que, a su criterio, deberían conducir a la conclusión de que “existe un serio peligro de entorpecimiento de las investigaciones por parte de todos los hoy procesados” (fs. 11).

    A su vez, argumentó que la decisión del a quo carece de fundamentación suficiente y que omitió

    tomar en cuenta los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la evaluación de los riesgos procesales en casos en los que se investiga la posible comisión de crímenes contra la humanidad, y que esta S. consideró

    aplicables al presente en su anterior intervención (fs. 11/14).

  5. Que en la audiencia prevista por el art.

    465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del Fecha de firma: 13/07/2016 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION Firmado por: MARIANO2 H.B., JUEZ CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: J.Y.S., PROSECRETARIO DE CAMARA #28329882#157596474#20160714123307427 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FCR 12008008/2008/20/1/CFC5 C.P.P.N (texto según ley 26.374), el recurrente presentó las breves notas sustitutivas del informe oral que obran a fs. 34/38 y la defensa oficial de J.A.C. –presente en la audiencia (cf. fs. 55)– hizo uso de la palabra y acompañó

    también un memorial (fs. 39/47). Finalizado el acto procesal, el Tribunal pasó a deliberar.

    Y CONSIDERANDO:

    El señor juez G.M.H. dijo:

  6. En su anterior intervención en estos actuados, esta S. recordó que resultaban aplicables a los hechos del caso la doctrina desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el análisis de los riesgos procesales en causas en las que se investigan presuntos crímenes cometidos por la última dictadura. Esa doctrina –se memoró– tuvo su génesis en el fallo “Vigo, A.G. s/ causa N° 10.919” (V 261, L XLV, del 14/09/2010), y fue luego receptada en numerosos precedentes del máximo tribunal (ver, por ejemplo, causas “P., P. 666 XLV, del 23/11/2010; “O., O.X.V., del 1/11/2011; “D., D.174 XLVI, del 1/11/2011).

    En esas decisiones, la Suprema Corte enfatizó la importancia de analizar las características particulares de los delitos investigados y el correspondiente “…especial deber de cuidado que pesa sobre magistrados […] para neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”. (cf. causa “Vigo”), a fin de dar acabado cumplimiento a la Fecha de firma: 13/07/2016 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ CAMARA CASACION 3 Firmado(ante mi) por: J.Y.S., PROSECRETARIO DE CAMARA #28329882#157596474#20160714123307427 obligación asumida frente al ordenamiento jurídico internacional de investigar con la máxima diligencia y, oportunamente, sancionar los hechos que entrañen la comisión de crímenes contra la humanidad.

    En este orden de ideas, como señaló esta S. en su anterior intervención, es doctrina establecida de la Corte Suprema que la evaluación de los riesgos procesales en casos en los que se investigan crímenes contra la humanidad no puede prescindir de la exigencia de analizar las circunstancias que rodearon la comisión de los delitos investigados.

    Y ello así, no porque la gravedad o el carácter indiscutiblemente aberrante de los hechos en sí mismo los haga susceptibles de parámetros de evaluación distintos de los que se aplican para acusados por otras clases de delitos, sino porque la propia metodología organizada y subrepticia, alimentada por el empleo espurio de los virtualmente ilimitados recursos estatales e institucionales que les permitió a los perpetradores directos y mediatos garantizarse la impunidad aun luego de la recuperación democrática, genera fundados temores –

    como lo expresó la Corte– de que el ascendiente y la influencia que todavía puedan retener les permita eludir o entorpecer el avance de la investigación.

  7. Ahora bien, esta obligación internacional que los órganos del servicio de administración de justicia están llamados a cumplir convive, y debe compatibilizarse, con aquellos otros Fecha de firma: 13/07/2016 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION Firmado por: MARIANO4 H.B., JUEZ CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: J.Y.S., PROSECRETARIO DE CAMARA #28329882#157596474#20160714123307427 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FCR 12008008/2008/20/1/CFC5 principios fundamentales y compromisos de igual jerarquía, que el Estado se ha comprometido a afianzar y honrar de buena fe, tales como el principio de inocencia y la garantía que resguarda el debido proceso legal. En efecto, gran parte de la tarea jurisdiccional –y quizás la más delicada–

    consiste en encontrar el equilibrio preciso en el que los derechos de todas las partes involucradas en el proceso penal resultan debidamente armonizados. Sólo allí, en verdad, puede decirse que una sentencia –sea de condena o de absolución– ha sido una sentencia justa.

    Como he tenido oportunidad de resaltar, el Estado debe a todos justicia, protección y leyes que aseguren su persona, sus bienes y su libertad. Él se obliga a ponerlos a cubierto de toda injusticia o violencia, a tener a raya sus pasiones, a proporcionarles medios que les permitan trabajar sin estorbo alguno para su propio bienestar, sin perjuicio de otros; a poner a cada uno bajo la salvaguarda de todos para que pueda gozar pacíficamente de lo que posee o ha adquirido con su trabajo, su industria o sus talentos (HORNOS, G.M., “El nuevo nombre de la paz”, en Violencia y Sociedad Política, editado por el Programa para el Estudio y la Difusión de la Reforma Constitucional Argentina, 1998, pág. 33).

    Y el derecho penal en particular, para el cumplimiento de sus fines de contribuir al orden jurídico y la preservación de la paz pública, debe Fecha de firma: 13/07/2016 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ CAMARA CASACION 5 Firmado(ante mi) por: J.Y.S., PROSECRETARIO DE CAMARA #28329882#157596474#20160714123307427 actuar de una manera que resulte siempre compatible con el ordenamiento fundamental de la Nación, la Constitución Nacional, de la que es apéndice. Si ello vale en general, más aún lo hace en estos casos, que todavía hoy conmueven a nuestra comunidad y cuyo recto juzgamiento nos coloca bajo la atenta mirada de los pueblos del mundo.

    En este orden de ideas, el fundamento y objetivo de la prisión sin condena firme sólo puede ser cautelar, provisional y excepcional, tal y como lo afirmaran la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“ESTÉVEZ, J.L., rta. el 3/10/97; entre otras) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “S.R., del 12 de noviembre de 1997 y caso “CANESE” del 31 de agosto de 2004), junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Informes nº 12/96, 2/97 y 35/07.

    Así, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la seriedad de la infracción y la severidad de la pena en expectativa pueden, en principio, ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido -punto 86 del Informe 12/96, criterio mantenido en el Informe 2/97, y en el 35/07-, pero la medida no puede ser irrazonable ni desproporcionada en relación al estado procesal de la causa (cfr. también las conclusiones del XXIV Congreso Nacional de Derecho Procesal, -Subcomisión N°2- “Prisión preventiva y condiciones de detención”, M.d.P., 10 de noviembre de 2007).

    Fecha de firma: 13/07/2016 Firmado por...

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