Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Mayo de 2023, expediente CFP 014272/2015/TO01/1/CFC001

Fecha de Resolución 9 de Mayo de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CFP 14272/2015/TO1/1/CFC1

REGISTRO Nº 569/2023

Buenos Aires, 9 de mayo de 2023

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver el recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Público Oficial,

doctor J.S., en representación de L.G.R., en la presente causa CFP

14272/2015/TO1/1/CFC1 caratulada “RESTUCCIA, L.G./ recurso de casación”, de esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada en forma unipersonal por el doctor M.H.B. (art. 30 bis, párrafo, inc. 2º del C.P.P.N.),

asistido por el secretario actuante, de la que RESULTA:

  1. Que Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la ciudad de Buenos Aires, en fecha 1 de febrero de 2023, resolvió, en lo que aquí interesa:

    I. NO HACER LUGAR al planteo de extinción de la acción penal y sobreseimiento, realizado por la defensa estatal del probado L.G.R.

    (arts. 76 bis y 76 ter del C.P; y art. 336 -inc. 1º-

    del C.P., todos ellos a contrario sensu).

    II. REVOCAR

    la suspensión del juicio a prueba concedida a LEANDRO

    GABRIEL RESTUCCIA con fecha 11 de diciembre de 2019

    (arts. 76 ter, párrafo, última parte del Código Penal de la Nación y art. 515 del Código Procesal Penal de la Nación)…

    .

  2. Contra lo resuelto, la defensa de L.G.R. interpuso recurso de casación, el que fue concedido por el tribunal a quo el 8 de marzo del 2023.

    El recurrente adujo errónea aplicación del art. 76 ter del C.P. al caso de autos e invocó

    violación a la garantía del plazo razonable.

    Indicó que “…más allá del casi nulo acatamiento de mi defendido sobre las reglas impuestas -solo cumplió con la obligación de fijar residencia y Fecha de firma: 09/05/2023

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    mantenerla durante toda la suspensión, sumado a que no cometió delitos en ese lapso-, el plazo de supervisión se encuentra holgadamente vencido”.

    Detalló que la suspensión del proceso fue resuelta el 11 de diciembre del 2019 por el término de 1 año, por lo que, según dice, se encuentra superado no solo el plazo de supervisión sino también el máximo legal previsto para el instituto.

    Manifestó que la emergencia sanitaria dificultó el cumplimiento de las tareas comunitarias que le habían sido asignadas a Restuccia y que, por el mismo motivo, no pudo hacer frente a la significativa reparación del daño que había ofrecido oportunamente.

    Puntualizó que al haber operado en exceso el plazo de supervisión corresponde declarar extinguida la acción penal y, en consecuencia, dictar el sobreseimiento de su defendido.

    Solicitó se revoque la resolución impugnada.

    Hizo reserva del caso federal.

  3. En virtud de verificarse en la presente causa un supuesto de intervención de juez unipersonal,

    se dispuso la remisión de las actuaciones al área de integraciones de la Secretaría General de esta Cámara a fin de que desinsacule un magistrado integrante de esta Sala IV y resulté designado para actuar en autos.

  4. En la etapa prevista por el art. 465 bis -en función de los arts. 454 y 455 del CPPN (Ley 26.374)-, se presentó la defensa de Restuccia -oportunidad en la cual reiteró los argumentos expuestos en su presentación recursiva- y el Fiscal General ante esta Alzada.

    En su escrito, el dr. R.O.P.

    solicitó se rechace el recurso de la defensa y se confirme el fallo impugnado. Para ello, destacó que “…

    pese a los intentos del tribunal y a la intervención de la defensa, el señor R. no cumplió ninguna de las pautas a las que se comprometió y que no tuvo ni tiene voluntad de cumplir los compromisos asumidos.

    En efecto, no se sometió a la supervisión de la DCAEP,

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    no cumplió las citaciones del tribunal, no realizó

    ninguna tarea comunitaria no remunerada ni tampoco abonó la suma de dinero ofrecida”.

    Agregó que “…a diferencia de lo que sostiene la defensa, la suspensión del juicio a prueba no consiste en el mero transcurso del tiempo. Ninguna norma vigente establece que el transcurso del plazo autorice al tribunal a cerrar de forma definitiva la causa, puesto que ello implicaría desconocer las exigencias establecidas por los arts.76 ter, CP y 515,

    CPPN

    Superado dicho acto procesal, quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

    Y CONSIDERANDO:

    Previo a ingresar al examen del caso traído a estudio, corresponde reseñar los antecedentes relevantes de la causa.

    Conforme surge de la resolución impugnada “…

    las presentes actuaciones seguidas al probado L.G.R., se iniciaron el día 16 de diciembre del año 2015 a raíz de la denuncia realizada por F.A.B. ante la Comisaría 3a de la P.F.A., tramitando durante su etapa instructora por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, Secretaría n° 8 de esta ciudad, bajo el mismo número de expediente, en orden al delito de expendio de moneda extranjera falsa (arts. 282, en función del art. 285 del C.P.), en calidad de autor (art. 45 del C.P.).

    Una vez elevada la causa a este Tribunal Oral, se resolvió con fecha 11 de diciembre de 2019

    (Reg. n° 11.100 bis), suspender el juicio a prueba por el término de un año, imponiéndole al nombrado, por dicho plazo, que fije residencia y se someta al cuidado y supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), y realice tareas comunitarias no remuneradas a favor de la sede de ´Cáritas´ más cercana a su domicilio, por un total Fecha de firma: 09/05/2023

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    de 96 HORAS -dos horas por semana- (art. 27 bis -incs.

    1. y 8°- del C.P.).

    Asimismo, se declaró razonable el ofrecimiento de la reparación económica de mil dólares (US$ 1.000) realizado por RESTUCCIA, que debía ser abonado a favor del presunto damnificado, F.A.B., en diez cuotas de cien dólares (US$ 100) cada una, debiendo acreditar cada pago de manera fehaciente ante este Tribunal, de manera mensual.

    Por último, se lo notificó de que, en caso de no dar cumplimiento a lo resuelto, se llevaría a cabo el juicio a su respecto (art. 76 ter -5° párrafo,

    última parte- del C.P.).”

    En fecha 18 de febrero del 2020, a raíz del incumplimiento de las obligaciones impuestas al probado, el tribunal a quo lo intimó a los fines de que comparezca. Sin perjuicio de ello, Restuccia no se presentó sino recién diez días después, el 28 de febrero del 2020, fecha en la que compareció al tribunal invocando problemas de salud de su madre.

    El 22 de febrero de 2021 el a quo intimó

    nuevamente al imputado para que abone la suma que el mismo había ofrecido en concepto de reparación económica. Ante la ausencia de respuesta, el a quo debió intimarlo nuevamente y en fecha 9 de abril de aquel año la defensa presentó ante el tribunal un escrito en el que informaba el domicilio de su representado y solicitaba el CBU del presunto damnificado a los fines de efectuar el depósito correspondiente.

    Seguidamente, el 12 de abril del 2021 se efectuó una nueva intimación al probado, de la que fue notificado personalmente el 16 de abril del 2021. A su vez, en fechas “…6 de septiembre de 2021, 4 de octubre de 2021, 22 de octubre de 2021 y 28 de octubre de 2021, el Tribunal lo citó para que comparezca al Tribunal e intimó en diversas oportunidades, sin éxito”.

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    Finalmente, el 4 de noviembre de 2021

    Restuccia compareció ante el Tribunal e hizo saber que “…por motivos de índole personal, que no especificó,

    no pudo cumplir con las tareas comunitarias ni con la reparación económica que le fueran impuestas en autos.

    En ese orden, se le explicaron los alcances del instituto de la suspensión del juicio a prueba (cfr.

    arts. 76 bis y 76 ter, ambos del C.P.), y la posibilidad de que éste sea revocado en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, y en virtud de ello, se comprometió a dar estricto cumplimiento a las tareas comunitarias y con la reparación económica a la presunta víctima de autos, a la brevedad. A tal fin, se le hizo entrega de una copia de los datos bancarios del presunto damnificado,

    y se le aportó el correo electrónico del Tribunal,

    para que remita mensualmente las correspondientes constancias” (cfr. resolución impugnada, Sistema de Gestión Lex 100).

    No obstante lo expuesto, el imputado incumplió nuevamente con lo ordenado lo que motivó que el 4 y 6 de mayo del 2022 el a quo disponga una nueva citación para el 12 de aquel mes y año, a la que tampoco compareció conforme se advierte de la decisión recurrida.

    En base a ello, el tribunal decidió fijar audiencia para el 31 de mayo del 2022 lo que fue notificado a Restuccia pese a que posteriormente no se presentó. En consecuencia, el a quo intimó a la defensa del nombrado a fin de que explique los motivos de las reiteradas incomparencias, lo que fue contestado por la parte mediante un escrito en el que adujo motivos laborales y reiteró la intención de su representado cumplir con las obligaciones asumidas.

    Seguidamente, el 21 de junio de 2022 el tribunal de mérito dispuso una nueva citación para el 28 de junio de aquel mes y año y además de notificar al imputado a su domicilio real, esta vez el a quo se comunicó telefónicamente con el abonado que Fecha de firma: 09/05/2023

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