Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Julio de 2022, expediente FMZ 013013748/2007/TO01/1/CFC001

Fecha de Resolución 6 de Julio de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Cámara Federal de Casación Penal Sala III

Causa FMZ 13013748/2007/TO1/1/CFC1

V.G., G.I. s/recurso de casación

Registro nro.: 927/22

la Ciudad de Buenos Aires, a los seis días del mes de julio del año dos mil veintidós, se reúnen los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores E.R.R., J.C.G. y Gustavo M.

Hornos bajo la presidencia del primero de los nombrados,

asistidos por el Secretario actuante, para resolver en la causa FMZ 13013748/2007/TO1/1/CFC1 caratulada “V.G.,

G.I. y otros s/recurso de casación”, con la intervención del representante del Ministerio Público ante esta Cámara, doctor J.A. De Luca, y del doctor G.T. por la defensa de G.I.V.G..

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el orden siguiente: doctores Hornos,

G. y R..

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor G.M.H. dijo:

PRIMERO

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Cámara a raíz del recurso de casación deducido por la defensa contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº1 de Mendoza, provincia homónima, que en fecha 22 de septiembre de 2021 resolvió, en lo que aquí interesa: “II)

CONDENAR a G.I.V.G., DNI nº 14.677.491 a la PENA DE DOS (2) AÑOS de PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO y con costas, por considerarla penalmente responsable de la infracción al artículo 293, en función del artículo 292,

Fecha de firma: 06/07/2022

Firmado por: E.R.R., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: P.A.I., SECRETARIO DE CAMARA 1

Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

primera parte, del Código Penal, en calidad de partícipe necesaria (artículo 46 del Código Penal).”

Concedido el remedio intentado, el recurrente mantuvo la impugnación, y en la oportunidad prevista en el artículo 466 del C.P.P.N., insistió con sus planteos, mientras que el Fiscal General los controvirtió y solicitó que se rechace el recurso.

Celebrada la audiencia a los fines dispuestos por el artículo 465 del C.P.P.N., la defensa presentó breves notas.

La impugnante mantuvo el recurso y, además de remitirse en un todo a lo expresado por su par ante la instancia anterior, introdujo y planteó la insubsistencia de la acción penal por haber transcurrido el plazo razonable para el juzgamiento de la Sra. V.G..

En ese sentido, destacó que las actuaciones se iniciaron el 9 de marzo de 2007 y su asistida fue citada a indagatoria recién el 26 de junio de 2012; que el 18 de agosto de 2015 el fiscal requirió la elevación a juicio, el 6 de octubre de 2015 las actuaciones se radicaron ante el tribunal y el 15 de octubre de 2015 se citó a las partes a ofrecer prueba; que, finalmente, el 1º de septiembre de 2021 el debate oral y público tuvo inicio y el 21 de septiembre se dictó la sentencia condenatoria que motiva la intervención de esta Cámara.

Al respecto, alegó que el presente proceso afecta la garantía de la justiciable de ser juzgada dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, ya que luego de transcurridos catorce años de la presunta comisión de los Fecha de firma: 06/07/2022

Firmado por: E.R.R., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: P.A.I., SECRETARIO DE CAMARA2

Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Cámara Federal de Casación Penal Sala III

Causa FMZ 13013748/2007/TO1/1/CFC1

V.G., G.I. s/recurso de casación

hechos y del inicio de la investigación, tuvo lugar el debate oral y público; que la demora en modo alguno puede ser atribuida a la conducta procesal de su asistida; y que el hecho imputado no revestía complejidad para su juzgamiento,

así como tampoco la producción y recepción de elementos de prueba y su posterior análisis durante el debate.

Asimismo, planteó su postura respecto a la procedencia de aplicar una sanción de ejecución condicional de cara a la posible unificación de penas impuestas a la justiciable.

A propósito de ello, sostuvo que la presente causa debió haberse acumulado al expediente en que su asistida fue condenada en 2012, en el cual se investigaban hechos de 2004.

Aseveró que, sin embargo, su juzgamiento conjunto no fue posible por cuestiones de jurisdicción y competencia; es decir, por cuestiones procesales ajenas a la voluntad y actividad de su asistida y la defensa.

Afirmó que existe un interés legítimo y actual de su defendida en la unificación, en procura de que su resultado beneficie sus expectativas de mantener su libertad, a la luz de los principios pro homine y pro libertatis.

Por último, la defensa arguyó que, aún en caso de no compartir la procedencia de la unificación de condenas en los términos del artículo 58 del Código Penal, la sanción impuesta a V.G. debió haber sido de ejecución condicional. En ese sentido, en línea con las presentaciones anteriores de la defensa, cuestionó la interpretación que el a quo realizó de Fecha de firma: 06/07/2022

Firmado por: E.R.R., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: P.A.I., SECRETARIO DE CAMARA 3

Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

los artículos 26 y 27 del Código Penal y su aplicación al presente caso.

Solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial, se case la resolución impugnada y se absuelva a G.I.V.G.. En subsidio, peticionó que se haga lugar al recurso de casación,

se case la sentencia recurrida y se ordene el dictado de una nueva conforme a los postulados y derechos reclamados por esa parte.

Mantuvo la reserva del caso federal.

Así, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO

En su recurso de casación, la defensa pretende que se revoque el decisorio atacado y se acepte la suspensión del juicio a prueba en favor de G.I.V.G., tal como fuera solicitado originalmente ante el tribunal de juicio. Subsidiariamente, peticiona la absolución de su defendida o la imposición de un año de prisión en suspenso.

En primer lugar, la recurrente se agravia del rechazo de la suspensión del juicio a prueba. En abono de su postura,

argumenta que los escribanos no deben ser reputados como “funcionario público” al momento de interpretar las previsiones del Código Penal. Por otra parte, sostiene que el hecho objeto del presente proceso y aquellos por los que V.G. fuera condenada previamente constituyen un concurso real de delito, cuyo juzgamiento en conjunto era imposible por cuestiones de jurisdicción y competencia; lo que determina su relación de reiteración delictiva y por lo tanto habilita la Fecha de firma: 06/07/2022

Firmado por: E.R.R., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: P.A.I., SECRETARIO DE CAMARA4

Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Cámara Federal de Casación Penal Sala III

Causa FMZ 13013748/2007/TO1/1/CFC1

V.G., G.I. s/recurso de casación

condenación en suspenso. En función de todo ello, el recurrente asevera que la oposición fiscal al pedido de suspensión del juicio a prueba fue infundada, por no darse ninguno de los impedimentos del artículo 76 bis del Código Penal, y por ende el tribunal debió haber hecho lugar a la suspensión solicitada.

En segundo lugar, la asistencia letrada cuestionó la valoración de la prueba realizada por el tribunal de juicio.

En ese sentido, sostuvo que la acreditada posibilidad de que terceros autorizados adquirieran los insumos necesarios para llevar a cabo la conducta investigada, en nombre de V.G., le resta valor al informe señalado por el a quo como única prueba para acreditar el suceso a ella endilgado. Al respecto, afirmó que “…la posibilidad de que terceras personas hubieran adquirido los insumos, posibilidad que la jueza reconoce como cierta al principio y como acreditada más adelante, rompe la única conexión existente entre el hecho y la Sra. V.. (…) En cuanto al deber de garante que surge de su posición, podría haber sido invocada para fundar alguna negligencia – o una comisión por omisión – pero no sirve para imputar la intervención que se le atribuye.”

En tercer lugar, la Defensa apuntó contra la calificación del hecho. Afirmó que no se habría tratado de un caso de falsedad ideológica sino de falsificación “pura y dura”, toda vez que V.G. no habría puesto en juego los deberes de veracidad que poseen los escribanos y que los tornan posibles autores del delito previsto por el artículo 293 del Código Penal. A propósito de ello, expuso: “…el primer Fecha de firma: 06/07/2022

Firmado por: E.R.R., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA DE CASACION

Firmado por: P.A.I., SECRETARIO DE CAMARA 5

Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

yerro en la consideración de la figura aplicada al caso, es entender que acá nos encontrábamos frente a un documento público auténtico. Es que lo único auténtico que tenía la certificación era la hoja notarial – y los sellos. Todo lo demás era falso. La firma de la escribana, su sello, la firma de los compradores, etc.”

Por último, el recurrente puso en crisis el quantum de la pena impuesta y su modalidad de cumplimiento efectivo.

En ese sentido, criticó que el a quo calificara a la maniobra investigada como de “importante envergadura”, al tiempo que disintió sobre su valoración respecto al perjuicio para la fe pública; al daño a terceros que la conducta habría tenido; a los conocimientos del sistema notarial y registral que V. habría puesto en juego; al peligro potencial que importa el tipo penal en cuestión; que quienes presentaron el 08 tenían pleno derecho a inscribir el auto a su nombre; a las causas en trámite que surgen del registro nacional de reincidencia y cuya conclusión se desconoce; a la valoración de condenas y decisiones administrativas anteriores en contra de V.G.; y al informe médico...

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