Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Noviembre de 2020, expediente FMZ 000088/2018/TO01/6/1/CFC003

Fecha de Resolución13 de Noviembre de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMZ 88/2018/TO1/6/1/CFC3

REGISTRO N° 2294/20

la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de noviembre del año dos mil veinte, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación de manera remota de conformidad con lo establecido en las Acordadas 27/20 de la C.S.J.N. y 15/20 de la C.F.C., para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la presente causa FMZ

88/2018/TO1/6/1/CFC3 del registro de esta Sala,

caratulada: “F.B., D.A. s/recurso de casación”, de la que RESULTA:

I. La jueza a cargo de la ejecución de la pena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1

de Mendoza, provincia homónima, con fecha 25 de septiembre de 2020, resolvió: “…debe RECHAZARSE el pedido de inconstitucionalidad formulado y,

consecuentemente, NO HACER LUGAR a la incorporación de D.A.F.B. al régimen de libertad condicional”.

II. Contra dicha decisión, la defensa de F.B. interpuso el recurso de casación en estudio, que fue concedido por el a quo -en cuanto a su admisibilidad formal- el 1 de octubre de 2020.

III. El recurrente fundó la procedencia de esa vía impugnativa en el inc. 1) del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

Entendió que la decisión contraviene el fin resocializador de la pena, objetivo principal del tratamiento penitenciario, según lo reglado en la ley 24.660 y el art. 18 de la Constitución Fecha de firma: 13/11/2020

Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: C.J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: M.F.O., PROSECRETARIO DE CAMARA 1

Nacional.

Estimó que la reforma operada por la ley 27.375 resulta violatoria del principio de igualdad y discriminatoria, con sustento únicamente en la naturaleza del hecho cometido.

Discurrió sobre el principio de progresividad y el fin resocializador de la pena.

Afirmó que la nueva redacción del art. 14, inc. 10,

del C. elimina el régimen progresivo para todos los abarcados por la norma.

Cuestionó que no se haya sopesado el avance de su asistido, la falta de sanciones y el progreso desarrollado durante la ejecución de la pena.

Expuso jurisprudencia en apoyo de su tesitura y solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del art. 14, inc. 10, del C.

y que se concediera a D.A.F.B. la libertad condicional.

IV. Que en la oportunidad prevista en el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del C.P.N. (modif. ley 26.374), la defensa del nombrado presentó breves notas sustitutivas de la audiencia prevista por dicha normativa, de conformidad con lo proveído con fecha 4 de noviembre del corriente.

Superada dicha etapa procesal y practicado el sorteo de estilo, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.

El señor juez J.C. dijo:

I.C. a esta Cámara Federal de Fecha de firma: 13/11/2020

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Casación Penal resolver las cuestiones como las que en esta oportunidad vienen recurridas, conforme lo previsto por el art. 491 del C.P.N. y al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “R.C., H.A.s.ón” (R.230. XXXIV, rto. el 9/3/04), en tanto afirmó la vigencia del principio de judicialización de la etapa ejecutiva de la pena.

Por lo demás, se encuentran involucradas cuestiones de naturaleza federal que imponen su tratamiento en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 328:1108, que ha erigido a esta Cámara Federal de Casación como tribunal intermedio y la ha declarado facultada para conocer previamente en todas aquellas cuestiones de tal naturaleza y que pretendan someterse a su revisión final, con prescindencia de obstáculos formales (cfr. “Di Nunzio”, considerando 11°), constituyéndose de esta manera en tribunal superior de la causa para la justicia federal en materia penal.

De esta manera, advirtiendo que en el caso se encuentran satisfechos los recaudos mínimos de fundamentación y las demás exigencias formales que demanda la vía recursiva intentada, estimo que el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica particular es admisible.

II. Conforme surge de las constancias obrantes en el Sistema Informático Lex 100, D.A.F.B. fue condenado el 3 de diciembre de 2018 por el Tribunal Oral en lo Fecha de firma: 13/11/2020

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Criminal Federal nº 1 de Mendoza a la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión y multa de ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000) por ser considerado autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5, inc. “c”, de la ley 23.737). Según el cómputo practicado, el interno se encuentra detenido desde el 31 de enero de 2018.

La defensa solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo 14, inc. 10, del Código Penal conforme a la reforma que introdujo la ley 27.375 y, en consecuencia, se habilite el trámite para acceder a la libertad condicional.

A su turno, corrida la pertinente vista,

el representante del Ministerio Público Fiscal refirió que no debía hacerse lugar al planteo.

Llegado el momento de resolver, la jueza de ejecución se remitió a los fundamentos esgrimidos en la resolución del 16 de septiembre del corriente en la que, al declarar improcedente el trámite del pedido de libertad condicional pretendido, abordó de manera integral el análisis sobre la constitucionalidad de la ley 27.375.

En tal oportunidad, discurrió sobre el carácter excepcional de la declaración de inconstitucionalidad a tenor de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Reconoció que los lineamientos expuestos respondían a cuestiones inherentes a la política criminal delineada por el legislador que, aun de no compartirla, correspondía a la esfera de facultades Fecha de firma: 13/11/2020

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reservadas a ese poder estatal.

Expuso que el trato diferencial respondía a la consideración más gravosa del delito acometido instrumentando un régimen de resocialización distinto, circunstancia que permitía asumir que la norma no dejaba de lado aquel objetivo.

Es así que reiteró en esta nueva oportunidad que, tal como había expuesto en aquélla,

no se advierte que el artículo 14 del Código Penal -texto según ley 27.375- resulte violatorio de derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de igual jerarquía; ni de la finalidad resocializadora de la pena ni de los principios de igualdad,

progresividad, proporcionalidad y razonabilidad.

III. Llamado a resolver la cuestión,

considero necesario destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas llevan, en principio, la presunción de validez (Fallos:

263:309).

En ese lineamiento, el Alto Tribunal ha establecido que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la ley fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia,

únicamente cuando la repugnancia de la norma con la Fecha de firma: 13/11/2020

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cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, debe hacerse lugar a la inconstitucionalidad. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (Fallos: 226:688; 242:73; 285:369;

300: 241,1087; 314:424).

También ha señalado que el Poder Legislativo es el único órgano que tiene la potestad de valorar conductas, constituyéndolas en tipos penales reprochables y decidir sobre la pena que estima adecuada a la actividad que se considera socialmente dañosa (Fallos: 209:342). Además, ha reconocido que es ajeno al control judicial el examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (Fallos: 257:127;

293:163; 300:642; 301:341; 314:424).

Se trata, pues, de las llamadas cuestiones o actos políticos, propios de los poderes políticos –Legislativo y Ejecutivo- y que por tanto no son justiciables, por ser actos discrecionales de aquéllos. Sostener que todos los actos o cuestiones –aun las políticas- son justiciables sería establecer el gobierno de los jueces, cosa inaceptable para el sistema republicano que nos Fecha de firma: 13/11/2020

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rige.

Por otra parte, cabe traer a colación que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos...

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