Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 28 de Abril de 2017, expediente FSM 001438/2010/TO01/5/1/1/CFC004

Fecha de Resolución28 de Abril de 2017
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1438/2010/TO1/5/1/1/CFC4 “V.C., J.L. s/recurso de casación”

Registro nro.: 368/17 la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 28 días del mes de abril de 2017, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores J.C.G., Á.E.L. y E.R.R., bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora M. de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº FSM 1438/2010/TO1/5/1/1/CFC4, caratulada “VÉLEZ CHÁVEZ, J.L. s/ recurso de casación”. Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor J.A. De Luca y ejerce la defensa oficial de J.L.V.C. la doctora L.B.P..

Efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó establecido el siguiente orden: doctores J.C.G., E.R.R. y Á.E.L..

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor J.C.G. dijo:

  1. Que la señora jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín, Dra. M.I.M., con fecha 5 de agosto de 2016, resolvió no hacer lugar a la libertad condicional de J.L.V.C..

    Contra dicha decisión, el Defensor Público Oficial, doctor A.M.A., interpuso recurso de casación, el que fue concedido y mantenido en la instancia (conf. fs. 10/14, 15/16 y 22, respectivamente).

  2. Que la defensa oficial encarriló sus agravios en orden a ambos incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

    En primer lugar, planteó la nulidad de la resolución puesta en crisis por considerarla huérfana de sustento al limitarse a transcribir las conclusiones a la que arribó el Consejo Correccional.

    En segundo lugar, señaló que dichos informes carecen de valor vinculante en la decisión de los jueces y que el a quo había omitido ejecutar un mínimo análisis de aquello que informaron las autoridades carcelarias.

    Fecha de firma: 28/04/2017 Alta en sistema: 03/05/2017 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL 1 Firmado por: A.E.L., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: MARIA DE LAS MERCEDES LOPEZ ALDUNCIN, SECRETARIA DE CAMARA #28820264#176997462#20170503093448506 Seguidamente, criticó que la sentencia atacada había omitido valorar que su asistido fue beneficiado con la reducción de siete meses en el plazo para obtener su libertad condicional por la culminación de sus estudios primarios mientras se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario de M.P. y que realiza tareas laborales intramuros.

    Por otra parte, puso en tela de juicio que el trabajo entre los profesionales de distintas áreas haya sido mancomunado.

    En otro orden de ideas, observó que se había pasado por alto el pedido efectuado por esa parte para que se corriera vista de los informes penitenciarios, violando de esa manera el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.).

    Finalmente, subrayó que la fundamentación dada por la División Servicio Criminológico para concluir por la negativa resultaba absurda y violatoria del ne bis in ídem.

  3. Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los fines de los artículos 465, primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, la Defensora Pública Oficial ante esta instancia, doctora L.B.P., hizo su presentación a fs. 24/94 vta., ampliando los fundamentos del recurso de casación interpuesto y solicitando se hiciera lugar al mismo.

    Destacó que el criterio adoptado por la jueza de ejecución violentaba los principios de resocialización y progresividad de la ejecución de la pena.

    Adunado a ello, advirtió errores y contradicciones en los dictámenes emitidos por el Consejo Correccional que la llevaron a sostener que dichos informes fueron infundados y arbitrarios.

    Por último, solicitó se hiciera lugar al recurso de casación interpuesto.

  4. A fs. 34 se celebró la audiencia prevista por el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación.

  5. Inicialmente corresponde señalar que el recurso de casación interpuesto por la defensa de V.C. es formalmente admisible, toda vez que la sentencia en crisis resulta impugnable en esta instancia a la luz de lo previsto por el artículo 491 del Código Procesal Penal de la Nación, los planteos esgrimidos resultan encuadrables dentro de los motivos previstos por el artículo 456 del código de rito, y se cumplieron con los recaudos formales de temporaneidad y de auto Fecha de firma: 28/04/2017 Alta en sistema: 03/05/2017 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: A.E.L., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: MARIA DE LAS MERCEDES LOPEZ ALDUNCIN, SECRETARIA DE CAMARA #28820264#176997462#20170503093448506 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSM 1438/2010/TO1/5/1/1/CFC4 “V.C., J.L. s/recurso fundamentación exigidos en virtud del de casación”

    artículo 463 del mismo digesto normativo.

  6. En otro orden de ideas, la propia ley 24.660 sienta los principios de control judicial y de legalidad. Así, en su artículo 3º somete a permanente control judicial la ejecución de la pena privativa de la libertad en todas sus modalidades, dejando en manos del juez de ejecución o juez competente esta labor a fin de que se garantice el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la argentina y los derechos del condenado que no fueron afectados por la condena o por la ley.

    Luego se prescribe que cuando surjan cuestiones que vulneren algún derecho del condenado o a fin de autorizar egresos, será el juez de ejecución quien lo resuelva (cfr.

    artículo 4º); y que si bien la conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que conforman el régimen son de competencia administrativa, hace una salvedad “en tanto no estén específicamente asignadas a la autoridad judicial” (cfr. artículo 10º).

    Este ha sido el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “R.C., H.A. s/ejecución” (R.230. XXXIV, rto. El 9/3/04) en tanto afirmó la vigencia del principio de judicialización de la etapa ejecutiva de la pena.

    Por lo tanto corresponde a esta Cámara resolver las cuestiones como las que en esta oportunidad vienen recurridas.

  7. Ahora bien, previo a expedirme sobre el fondo de la cuestión traída a estudio, corresponde realizar una breve reseña de la tramitación de le presente incidencia, a fin de dar una mejor respuesta a los planteos efectuados.

    Vale señalar que J.L.V.C. fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 de S.M., por sentencia definitiva de fecha 9 de abril de 2012, a la pena de diez años y seis meses de prisión, en orden al delito de secuestro extorsivo agravado por haberse...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR