Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA EJECUCION PENAL, 28 de Diciembre de 2016, expediente FCB 091015901/2008/TO01/1

Fecha de Resolución28 de Diciembre de 2016
EmisorTRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA EJECUCION PENAL

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 FCB 91015901/2008/TO1/1 Córdoba, 28 de diciembre de dos mil dieciséis.-

Y VISTOS:

En autos caratulados “ALMADA, E.I. s/ Legajo de Ejecución”

(Expte.N°91015901/2008/TO1/1) s/ solicitud de Libertad Asistida; Y CONSIDERANDO:

  1. Que a fs. 614/617 el Sr. Defensor Público Oficial Nº3, Dr. J.P. solicita se conceda a su defendido, E.I.A., la reducción de plazos del art. 140 en virtud de la Ley 24.660 y la libertad asistida.

  2. Que con fecha 28 de junio de 2012, mediante Resolución Nº

    23/12, este Tribunal unificó la pena de tres años de prisión y costas con la impuesta por la cámara Segunda del Crimen de la Ciudad de Córdoba, en la pena única de ocho años y tres meses de prisión, manteniendo la declaración de reincidencia. Mediante Resolución Nº 450/2016, de fecha 2 de diciembre del presente año, unificó la pena mencionada con la pena de cuatro años y once meses de prisión impuesta por la cámara tercera del Crimen de esta ciudad, en la pena única de nueve años de prisión e inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de tres años, con declaración de reincidencia. De acuerdo al tiempo de detención cumplido, se encontraría en condiciones de obtener la libertad asistida el 7 de septiembre de 2017 (Cfme. Cómputo de pena de fs.620/621).

  3. Que conforme se desprende de las constancias de autos (informes de la administración penitenciaria agregados a fs. 595 y 622/635, A. registra calificación de conducta Ejemplar diez (10) en forma ininterrumpida desde 2012, sin inconvenientes en relación y convivencia con sus pares o personal penitenciario. Tiene un vínculo de pareja sostenido en el tiempo de cuya unión nacieron tres hijos, planeando vivir con su familia a su egreso y trabajar en una fábrica de zapatos al recobrar su libertad, lugar donde trabajaba antes de su detención. La Sección Educación (fs. 625 y 595) hace saber que A. realizó las siguientes actividades entre otras: 1) cursado y aprobación de primer año del Nivel Medio sin adeudar materias durante año 2009, 2) año 2013 reinscripto por tercera vez en segundo año, culminando el mismo con buen concepto y aprobando todas las asignaturas, 3)2015, finalizó todo el Nivel Medio sin adeudar materias. Además paralelamente realizó y aprobó curso de capacitación profesional de “Montador electricista domiciliario” con la certificación correspondiente, 4) año 2016 aprobó curso de Nivelación de Bibliotecología, Asistió a tutorías de “Historia de la cultura” a la espera de constitución de mesa examinadora. Rindió y aprobó la materia “Fuentes y Servicios de información” y se encuentra cursando capacitación laboral de Fecha de firma: 28/12/2016 Firmado por: J.F., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CONSUELO BELTRAN, SECRETARIA DE EJECUCIÓN PENAL #16380735#170100629#20161228112841767 “Alfabetización informática”, dictada por Secretaría de equidad y promoción de empleo, próxima a finalizar.

  4. Que corrida vista al Señor F. General, éste dictamina a fs.

    637 que habida cuenta del curso de Montador Electricista efectuado y la aprobación y finalización del Nivel Medio realizados por A., puede hacerse lugar a la reducción de ocho meses al plazo previsto para la obtención de la libertad asistida en virtud de lo dispuesto por el art. 140 ley 24660. Que en relación a la libertad asistida, A. registra en sus condenas hechos violentos contra las personas y desertó mientras estaba alojado en el Establecimiento donde estaba alojado, lo da cuenta de su conducta transgresora. Si bien registra conducta diez, no ha cumplido con regularidad los reglamentos carcelarios ni ha sostenido su adaptación al régimen de autodisciplina, por lo que de obtener su libertad representa un grave riesgo para sí o para terceros, por lo que corresponde denegar la libertad asistida.

  5. Que entrando en primer término al análisis de la solicitud de reducción de plazos en virtud de la Ley 24.660, previamente cabe señalar –tal como lo hemos hecho en anteriores pronunciamientos- que corresponde efectuar el análisis en el contexto de tres leyes:

    1. La Ley Nacional de Educación 26.206, dictada en 2006. Dicha ley dedica un capítulo a la Educación en Contextos de Encierro y relacionando la educación al desarrollo integral del individuo y con los derechos económicos, sociales y culturales, la colocan en el rango de un derecho humano, bajo la responsabilidad y competencia del Ministerio de Educación; b) La ley 24.660 que establece en su art.2, que el condenado podrá

    ejercer todos sus derechos no afectados por la ley, la condena o las reglamentaciones, como consecuencia de lo cual cabe afirmar que la educación precisamente, es uno de los derechos no afectados por la pena impuesta. Por otra parte, el art. 5 de la misma ley establece claramente que el tratamiento deberá ser programado, individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, disciplina y el trabajo y toda otra actividad tendrá el carácter de voluntaria. Se deduce de ello que la actividad educativa es voluntaria y por tanto, su incumplimiento no debe producir consecuencias con relación al tratamiento. Es decir, elegir no desarrollar actividad educativa, no debe incidir en la evaluación disvaliosa de tal elección en términos de éxito o de progresividad en el tratamiento. No obstante lo antes señalado, en la práctica diaria penitenciaria se observa que el interno vive la actividad educativa de manera forzosa, ligada a la consideración de otorgamiento de derechos y atenuación de condiciones de encierro, pues la educación, en lugar de ser caracterizada como derecho, está

    Fecha de firma: 28/12/2016 Firmado por: J.F., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: CONSUELO BELTRAN, SECRETARIA DE EJECUCIÓN PENAL #16380735#170100629#20161228112841767 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 FCB 91015901/2008/TO1/1 enlazada al tratamiento, como uno de los pilares de “corrección” del interno, dentro de la lógica del modelo correccional de cárcel. En este sentido advierte M.G.(“La inclusión de la educación dentro de la ley de ejecución:

    un retroceso”, http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/09/ejecucion01_2.pdf ), la sanción de la ley 26.206 “…vino a “arrancar” a la educación de la lógica totalizante del tratamiento penitenciario, colocándola como un derecho cuyo goce no puede someterse al criterio correccional….Mediante este proceso se está

    intentando lograr que los servicios penitenciarios “suelten” la prestación del servicio educativo, o al menos lo liberen de la carga y condicionamientos del “tratamiento” penitenciario…” . Añade G. que la sanción de la ley 26.206 implica un cambio político que deja de considerar a la ejecución de la pena meramente como una cuestión de debate entre resocialización versus garantías y derechos individuales de los internos o bien de tensión entre la educación del interno como un derecho y la función educadora como parte del tratamiento penitenciario. En este sentido, una perspectiva de derechos sociales, tal como la que incorpora la ley 26.206, implica comprender que los derechos sociales de los internos, no afectados por la condena, deben estar garantizados y proveídos, sin estar en función del objetivo resocializador. Ello permite introducir una lógica de funcionamiento alternativa, superadora de la tradicional disputa estructural entre lo penitenciario, su “utopía” resocializadora y lo jurídico que pretende poner límite a algunas prácticas penitenciarias violatorias de los derechos de los internos.

    Por otra parte...

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