Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 5 de Octubre de 2020, expediente FPA 013836/2019/1/CA001
| Fecha de Resolución | 5 de Octubre de 2020 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 13836/2019/1/CA1
Paraná, 5 de octubre de 2020.
Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra.
B.E.A., Presidente; el Dr. M.J.B., V.; y la Dra. C.G.G., Jueza de Cámara, el Expte. Nº FPA
13836/2019/1/CA1, caratulado: “LEGAJO DE APELACION
DE CEIJAS, G.D. EN AUTOS CEIJAS, GERMAN
DANIEL POR INFRACCION LEY 11.683”, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, y;
DEL QUE RESULTA:
La Dra. B.E.A., dijo:
Que, llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representante de la AFIP-DGI a fs. 9/10, contra la resolución obrante a fs. 1/8
vta. que revoca la decisión Nº 97/19 (DI RPAR)
dictada por el Director de la Dirección Regional Paraná de dicho organismo, O.P.F., en fecha 3 de diciembre de 2019, por la cual se impuso al contribuyente G.D.C. la sanción de multa de PESOS CUATRO MIL ($4.000) por presunta infracción a los arts. 10 y 13 de la ley Nº 27.253;
arts. 1, 2 y 5 de la RG (AFIP) 3997/17 en función del art. 40 de la ley Nº 11.683 y costas a la AFIP-
DGI de conformidad al art. 531 del CPPN. El recurso fue concedido a fs. 11.
En esta instancia, se celebra la audiencia preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 19, agregándose los memoriales de los Dres. C.A.S. y J.F. de firma: 05/10/2020
Alta en sistema: 06/10/2020
Firmado por: M.J.B., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: C.G.G., JUEZ DE CAMARA 1
Firmado por: H.R.F., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: B.E.A., JUEZ DE CAMARA
Á.M.G. en representación de la AFIP-DGI;
de la Dra. M.C.P. en defensa del contribuyente G.D.C., y del Sr. Fiscal General, Dr. R.C.M.Á., quedando las presentes en estado de resolver.
Y CONSIDERANDO:
I-
-
Que, los representantes de AFIP-DGI
realizan una breve reseña de los antecedentes de la presente causa.
Seguidamente, exponen que la resolución incurriría en una serie de afirmaciones e interpretaciones erróneas, toda vez que aquélla concluye que el contribuyente, no se encontraba alcanzado por el art. 10 de la ley 27.253 que dispone la obligación de contar con el dispositivo para aceptar trasferencias electrónicas de pago.
Refieren al marco normativo aplicable -arts. 10 y 13 de la ley 27.253; Decreto N°
858/2016; Resolución General N° 3997/2017; Circular Nº 1/2017 de AFIP; Decreto N° 933/2018; y ley 27.467
(B.O. 04/12/18)-.
Entienden que los sujetos obligados para contar con el dispositivo para recibir pagos electrónicos –conforme el art. 10 de la ley 27.253 y el art. 1 de la RG. 3997- eran los contribuyentes que revisten la condición de responsable inscripto,
aclaran que el Sr. C. es monotributista, y que las operaciones comprendidas en dicha normativa eran: venta de cosas muebles en forma habitual;
presten servicios; realicen obras, o efectúen locaciones de cosas muebles.
Fecha de firma: 05/10/2020
Alta en sistema: 06/10/2020
Firmado por: M.J.B., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: C.G.G., JUEZ DE CAMARA 2
Firmado por: H.R.F., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: B.E.A., JUEZ DE CAMARA
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Manifiestan que la modificación efectuada por la ley 27.467 no habría cambiado sustancialmente la obligación que se dispone ni la finalidad de la norma; lo cual no sería desconocido por esta Cámara,
ya que dicho cambio legislativo fue considerado por esta Alzada en fecha 04/06/2019, en la causa Nº FPA
12972/2018/CA3.
Resaltan que el sujeto obligado a contar con el dispositivo, no fue modificado por la Circular 1/2017, si no que el contenido de la misma solamente estaría dirigido a aquellos sujetos “que -respecto de dichas operaciones- revistan el carácter de consumidores finales”, es decir, dicha circular de ninguna manera efectúa una extensión de los sujetos obligados ni de los supuestos o situaciones, sólo refiere a aquellos con quienes se realizan las operaciones.
Remiten a ciertos pasajes de la resolución apelada y efectúan consideraciones al respecto.
Destacan que se omitió valorar el art. 3
de la RG. N° 3997/17 que establece quienes y en qué
oportunidad eran sujetos obligados, conforme a un cronograma de fechas que comprendía a los monotributistas, como el caso de C.; y agregan que a partir del 01/03/2018 todos los sujetos se encontraban obligados a contar con el dispositivo para la aceptación de pagos.
En cuanto a la Circular 1/2017, sostienen que su finalidad es “restringir los sujetos `con´
los que se realizan las operaciones, que deben ser solamente los consumidores finales”, y que de Fecha de firma: 05/10/2020
Alta en sistema: 06/10/2020
Firmado por: M.J.B., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: C.G.G., JUEZ DE CAMARA 3
Firmado por: H.R.F., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: B.E.A., JUEZ DE CAMARA
ninguna manera se reemplazó la expresión “consumo masivo”.
Exponen que la única modificación fue la establecida por la ley 27.467 (B.O. del 04/12/2018)
en el primer párrafo del art. 10 de la ley 27.253
(19 meses después de la circular del Fisco), y señalan que esa modificación “…no es la que interpretó el Juez: no se reemplazó el término `consumo masivo´ por `consumidor final´ esa conclusión sería una creación de la sentencia…”
(Sic).
Insisten que el contribuyente es un sujeto obligado en los términos del art. 10 de la ley 27.253, atento a que “…reviste -ahora y también al momento de verificarse la infracción- la condición de MONOTRIBUTISTA…” (Sic).
En cuanto al “consumo masivo”, alegan que hay quienes señalan que el servicio masivo es aquel en el que el cliente o usuario no recibe un trato personalizado, emparentando la “masividad” solamente a actividades como las de un supermercado o un cine,
y que la “personalización del trato otorgado”
dependerá de cada supuesto y teniendo en cuenta la atención brindada por el prestador del servicio o del que ofrece productos.
Agregan que debe tenerse presente que la imputación que se le efectuara a C. en el acta de infracción no fue por prestar “servicios de consumo masivo”, y que el citado primer párrafo del art. 10 no comprende solamente esta operación, sino también la realización de obras. Asimismo, el art. 5
Fecha de firma: 05/10/2020
Alta en sistema: 06/10/2020
Firmado por: M.J.B., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: C.G.G., JUEZ DE CAMARA 4
Firmado por: H.R.F., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: B.E.A., JUEZ DE CAMARA
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de la RG. 3997/17 impone una norma que no deja dudas acerca de la obligatoriedad de la utilización de los dispositivos por parte del contribuyente para todas las operaciones que realizara.
Finalmente se agravian por las costas impuestas a su representada, solicitan que se revoque la resolución recurrida y se carguen las mismas al contribuyente sancionado por el Fisco,
conforme los argumentos desarrollados. Hacen reserva del caso federal.
-
Por su parte, el Sr. C. con patrocinio de la Dra. P., expone que se le imputó
el incumplimiento de la obligación sustantiva de utilizar una Terminal Electrónica de Pagos, P.O.S.,
conforme a las previsiones del art. 10 del Decreto N° 858/2016; art. 10 de la ley 27.253, y arts. 1, 2
y 5 de la Resolución General N° 3997/17.
Cita la causa “Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos y Otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y Otro s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”, N° FPA 12972/2018/CA3.
Recuerda que en dicha actuaciones el Juzgado Federal de esta ciudad declaró la inconstitucionalidad de la Resolución de AFIP N°
3997/17 y de la Circular 1-E/2017 y consideró
improcedente la pretensión del mencionado organismo de exigir a los Corredores Públicos Inmobiliarios el uso de la Terminal Electrónica de Pagos; y que esta Alzada declaró abstracto el recurso interpuesto por el Fisco Nacional a raíz de que la ley 27.253 fue modificada en la parte sustantiva de la discusión Fecha de firma: 05/10/2020
Alta en sistema: 06/10/2020
Firmado por: M.J.B., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: C.G.G., JUEZ DE CAMARA 5
Firmado por: H.R.F., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: B.E.A., JUEZ DE CAMARA
por la ley 27.467, articulo 76, BO. 04/12/2018, ello así por cuanto el “POSNET” o terminal electrónica de pagos, fue obligatoria para los profesionales liberales a partir de la eliminación de la expresión “consumo masivo”.
Expresa que a la fecha de labrarse el acta de infracción estaba vigente el art. 10 de la ley 27.253, el cual refería a los contribuyentes que “presten servicios de consumo masivo”, y que fue necesario una ley del Congreso Nacional -27.467-
posterior a aquélla, para sustituir la frase mencionada por la de “presten servicios”.
Resalta que la prestación de servicios que hacen los Corredores Públicos Inmobiliarios “jamás fue considerada una prestación de servicios de consumo masivos” (Sic).
Refiere a la interpretación de las leyes e invoca, en tal sentido, fallos de la Corte Suprema.
Indica que “…la Real Academia Española define al `consumo´ como acción y efecto de consumir, acción que significa, a su vez, utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o...
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