Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 28 de Septiembre de 2017, expediente CNT 038675/2014/CA001

Fecha de Resolución28 de Septiembre de 2017
EmisorCÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la N.ión SENTENCIA DEFINITIVA EXPTE Nº 38675/2014 –

LEDESMA, R.A. c/ ART LIDERAR S.A. s/ACCIDENTE -

LEY ESPECIAL

– JUZGADO Nº 57 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 28/09/2017, reunidos en la S. de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La doctora D.C. dijo:

I.- Contra la sentencia de primera instancia (ver fs. 292/293), que hizo parcialmente lugar a la demanda, se alzan el actor y la accionada, según sus respectivas presentaciones de fs. 302/304 y 297/299. La primera sin réplica de la aseguradora. Esta última, con réplica del accionante, a fs.

307/308.

Por su parte, el perito médico, la letrada de la parte actora y el letrado de la ART apelan la regulación de sus honorarios, por considerarla reducida (fs. 295, 304vta. y 299).

En primer lugar, cabe señalar que llega firme a esta alzada, que el día 31/05/2012, el actor tuvo un accidente de trabajo, al sufrir una caída que le provocó rotura de meniscos y de ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

Así, el Sr. J. de anterior grado, hizo lugar a la demanda, al concluir que el mismo era portador de una minusvalía del 41,48% t.o., como consecuencia del acaecimiento de un accidente de trabajo. Por lo tanto, condenó a ART Liderar S.A., al pago de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.

El a quo, no consideró la incapacidad psicológica determinada en el 13%, puesto que entendió que “no surge de la pericia fundamento científicos que justifiquen el diagnóstico de secuelas psicológicas, toda vez que el galeno ni siquiera efectuó la determinación de la afección psicopatológica que padece el accionante”.

Luego, para determinar el monto por el que prosperó la demanda, practicó la fórmula del art. 14 inc. 2 ap. a, y advirtió que dicha suma ($ 583.504,36) resultó superior al piso mínimo establecido por el Dto. 1.694/09.

Por último, el juez de anterior grado no otorgó las mejoras de la ley 26.773, ya que el infortunio acaeció en mayo de 2012.

Fecha de firma: 28/09/2017 A. en sistema: 02/10/2017 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: V.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA #21112236#189652313#20170928100113397 Poder Judicial de la N.ión Finalmente, estableció, que el momento a partir del cual corresponden intereses, es desde el accidente. A su vez, fijó una tasa del 36%

anual (conforme Acta 2.630).

II.- El actor únicamente cuestiona el rechazo del daño psicológico.

Destaca que en el escrito de demanda, solicitó la designación de un “perito psicólogo, y el juez de primera instancia en el auto de apertura a prueba, haciendo lugar a la oposición de la demandada a dicha pericia, dispuso lo siguiente ‘H. saber al perito médico que al aceptar el cargo deberá manifestar si podrá expedirse acerca de los puntos ofrecidos por la parte actora. A fs. 23 vta. (con excepción del inc. 6) toda vez que no es facultad de las partes solicitar al experto puntos de pericia a su arbitrio) fs. 51. A la oposición formulada por la demandada, estese a lo resuelto precedentemente’.

De este modo, el galeno designado en autos, hizo su trabajo el cual fue desestimado por el a quo por entenderlo carente de fundamentos científicos

.

A su vez, resalta lo informado por el perito, en cuanto a la afección psicológica que presenta.

Por su parte, la demandada se queja por la determinación de intereses. Entiende que “debe tomarse la fecha de la pronunciación del "a-quo"

como directriz para el cálculo de la misma, toda vez que hasta la fecha de la sentencia, no existía certeza de que el actor presente incapacidad alguna”.

Por último, apela el interés determinado, conforme la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco N.ión.

Corresponde precisar, entonces, que solamente es pertinente analizar estos temas.

  1. En relación con la incapacidad psicológica, cabe señalar que el perito médico, presentó su informe pericial, a fs. 254/260. Del mismo, surge que el galeno entrevistó al accionante y manifestó que el mismo “denota durante el transcurso del interrogatorio y toda la revisación, a pesar de su actitud jovial, síntomas de ansiedad y angustia, con componentes claramente evitativos con referencia al relato de los hechos” (destacado, y siguientes me pertenecen).

    Agregó que “se evidencia síntomas de angustia y evitación frente al correlato, se aprecia signo-sintomatología fóbica de características leves… Asociación de ideas enlentecida. Atención disminuida, dispersa…

    Su afectividad se encuentra disminuida, presenta alteraciones”.

    A su vez, resaltó que “se apreció durante la entrevista una imagen desvalorizada de sí mismo, pérdida de su potencialidad como hombre, sentimientos de minusvalía. Se descartó simulación, meta simulación y neurosis de renta”.

    Finalmente, concluyó que “se constató patología psíquica de Fecha de firma: 28/09/2017referencia al accidente, en área de las emociones”.

    A. en sistema: 02/10/2017 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: V.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA #21112236#189652313#20170928100113397 Poder Judicial de la N.ión Así, determinó que presenta una incapacidad psíquica parcial y permanente (RVAN grado II/III) del 13% por el accidente. Incluso, indicó la realización de psicoterapia y la toma de antidepresivos.

    Dicha pericial, fue impugnada por la aseguradora a fs. 262/263, por: no “describir cómo arriba al diagnóstico y qué relación guarda con el accidente”; no evidenciar que el actor hubiese solicitado atención psicológica; y no acompañar los tests efectuados en el psicodiagnóstico.

    Ahora bien, el auxiliar de justicia, a fs. 269, respondió que “no siempre los actores-pacientes tienen documental de su asistencia psíquica y/o no pueden concurrir a asistencia, lo cual no invalida la existencia de un daño psíquico (el actor estuvo por su accidente de trabajo más de un año en tratamiento sin reintegrarse a sus tareas)”.

    De mi parte, destaco que el mencionado peritaje, constituye un estudio serio y razonado del estado actual del actor, que si bien no se sustenta en estudios psicológicos complementarios como Test Casa-Árbol-Persona (HTP), test de persona bajo la lluvia, test de B., test de R., test de Matrices progresivas o test de memorización de dígitos, si constó de una entrevista Semi-dirigida en donde se descartó una simulación del actor, y se evidenció la patología psíquica que presenta el mismo, producto del accidente.

    Inclusive, destaco que no sólo estuvo con un tratamiento médico durante más de un año para reintegrase, sino que el perito señaló que el actor presenta una “marcha disbasica, claudicación a expensas de miembro inferior izquierdo”. A lo que también se suma, que la propia ART, a fs. 51 vta., fue quien se opuso a la pericia psicológica, por entender que “el médico legista se encuentra capacitado para contestar los puntos consignados en pericia médica y pericia psicológica”.

    Por lo tanto, le reconozco plena eficacia convictiva a este informe.

    Entonces, aun cuando las normas procesales no acuerdan el carácter de prueba legal a un peritaje y permiten al J. formar su propia convicción, es indudable que el mismo, para apartarse del dictamen, debe hallarse asistido de sólidos argumentos en un campo del saber ajeno al hombre de derecho. Es bajo esa lógica, que no encuentro que la impugnación me haya brindado una pauta idónea para debilitar el valor del informe médico.

    Al respecto, en un sentido coincidente se ha dicho que “(…) es sabido que los ‘baremos’ son solo indicativos y que en definitiva el órgano facultado legítimamente para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación y medida es el jurisdiccional, a través de la interpretación de los arts. 386 y 477 del CPCC (…)” (CNAT, S.V., SD N°

    72993, del 18.03.2011, dictada en autos “S., J.F.V.S. y otros S/accidente – acción civil”).

    Fecha de firma: 28/09/2017 A. en sistema: 02/10/2017 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: V.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA #21112236#189652313#20170928100113397 Poder Judicial de la N.ión En estas condiciones, estimo que los baremos son, en efecto, meramente indicativos, y que la instancia judicial está facultada legítimamente para determinar la existencia o no de incapacidad, a través de la interpretación de los arts. 386 y 477 del CPCCN.

    Cabe tener presente que el daño físico junto al daño psicológico, integran el daño material. Esto es, uno es denso y otro no, integrando ambos un continuo material, como repercusiones necesarias –

    accidentes y enfermedades - en la vida del trabajador.

    Con lo cual, podríamos entender que ambos daños son constitutivos del daño material que se diferencia del daño moral.

    De otro modo el daño psicológico y el moral se confundirían.

    Este último, es de corte espiritual y los dos primeros (psicológico y físico)

    forman parte, como lo manifesté, de un continuo material.

    Lo que no implica, a su vez, que el daño psicológico se confunda con el físico. Esto es, el aspecto “material” psicológico tiene relación con la personalidad o actividad de la psiquis del ser humano, que puede verse afectada por un evento traumático, provocándole un daño.

    Así, puede definirse al daño psicológico como a “toda perturbación, trastorno, enfermedad, síndrome o disfunción que, a consecuencia de un hecho traumático sobre la personalidad del individuo acarrea una disminución de la capacidad de goce, que afecta su relación con el otro, sus acciones, etc.”.(PUHL, S.M., SARMIENTO, A.J., IZCURDIA, M.A. y VARELA, O.H., "Daños a las personas en el discurso psicológico jurídico", páginas 55-69, "La psicología en el campo jurídico", Ed.

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