Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 13 de Diciembre de 2017, expediente C 103995

Presidentede Lázzari-Negri-Kogan-Soria-Pettigiani-Genoud-Kohan
Fecha de Resolución13 de Diciembre de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 13 de diciembre de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresdeL., N., K., S., P., G.,K., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 103.995, "M., J.J. y otros contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa".

A N T E C E D E N T E S

La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo C.il y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia de primera instancia que había fijado el monto indemnizatorio en $36.714, elevándolo a la suma de $221.380 e impuso las costas de ambas instancias a la demandada (v. fs. 285/291 vta.).

Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 294/305 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

I.1. Las presentes actuaciones fueron iniciadas por los señores J.J.M., I.M.M., D.L.M., C.M. y E.M. contra la Provincia de Buenos Aires, respecto de la porción indivisa del inmueble de propiedad de E.E.M.(.. IV, P.. 94, Partida n° 796, Matrícula 2.124), a raíz del desapoderamiento de 7,5717 hectáreas realizado por la Dirección de Hidráulica provincial para la construcción de la obra pública denominada Canal Arturo Jaureche.

Los accionantes estimaron el valor de la tierra libre de mejoras en $1.500 por hectárea y reclamaron la depreciación del remanente, obras de arte y otras mejoras e instalaciones, todo con más intereses.

Respecto de las sumas indemnizatorias peticionadas, dejaron a salvo el derecho a requerir lo que en más resultara de la prueba a producirse en autos, haciendo saber que la indemnización debía guardar la paridad prevista en la ley de convertibilidad; también plantearon la inconstitucionalidad del art. 8 de la ley 5.708 para el caso de que el resarcimiento no cumpliera con el principio de íntegra y total reparación (v. fs. 31/37).

La Fiscalía de Estado contestó la demanda, sin oponerse al progreso de la acción, indicando que la fecha de la desposesión fue el 30 de septiembre de 1991. Sin embargo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad y la petición de instalar alambrados y puente e hizo saber la mejora de la parcela sobrante como consecuencia de la obra pública. Estimó la suma de $800 por hectárea a la fecha de la desposesión y a los fines del art. 37 de la ley expropiatoria y ofreció, por el desmejoramiento del sobrante, un monto equivalente al 25% del valor de la parcela menor (v. fs. 52/56).

Se abrió el juicio a prueba y presentaron las partes los respectivos memoriales de conformidad con el art. 32 de la ley 5.708 (v. fs. 242).

Luego se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, declarándose operada la expropiación por la superficie de 7 hectáreas, 51 áreas y 17 centiáreas. Con base en los dictámenes producidos estableció el valor de la tierra, a la fecha de la desposesión, en la suma de $895 por hectárea, admitió el rubro desvalorización del remanente, aplicable sobre las dos fracciones de campo, en el porcentaje del 10% del total con más intereses (v. fs. 247/256 vta.).

I.2. Apelado el pronunciamiento por ambas partes la Cámara, luego de rectificar el error material en la superficie expropiada en el que había incurrido la sentencia de primera instancia (consignando el correcto de 7 hectáreas, 57 áreas y 17 centiáreas), estableció el valor de la hectárea en la suma de U$S1.700, al mes de mayo de 2006, equivalente a un total para el rubro de $40.800 (v. fs. 285/291).

I.2.a. Para así decidir, tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte nacional y la doctrina legal elaborada en la causa Ac. 63.091 de este Tribunal en torno a que la justa indemnización debe ser integral, por lo que modificó su criterio, considerando adecuado el valor informado por la perito ingeniera A. (v. fs. 285 vta./288 vta.).

I.2.b. El Tribunal de Alzada encontró adecuado el porcentaje de desvalorización del remanente por las razones dadas en el informe de la referida ingeniera A. y elevó el monto indemnizatorio de acuerdo con el criterio que había establecido para el valor tierra, fijándolo en la suma de $180.580 (v. fs. 288 vta./290 vta.).

  1. Ante esta instancia, se agravia la Fiscalía de Estado denunciado la inaplicabilidad de los arts. 17 y 18 de la C.itución nacional; 8 y 35 de la ley 5.708; 16, 499, 520, 1.066, 1.068, 1096 y concordantes del C.igo C.il; 163, inc. 5 y 6, 164 y concordantes del C.igo Procesal C.il y Comercial y la violación de la doctrina legal. Plantea caso federal (v. fs. 294/305 vta.).

    Controvierte la determinación del valor de la tierra en fecha distinta a la de la desposesión y la fijación del daño por la desvalorización del remanente y los conceptos que por ella se resarcen (v. fs. 294 vta. y sigs.).

    II.1. En relación al primer planteo, formula los siguientes agravios:

    II.1.a. La violación del principio de congruencia al resolverextra petita, dado que -a su criterio- la actora no había solicitado la fijación de la indemnización al valor actual del bien, sino que había peticionado la aplicación de mecanismos de indexación.

    II.1.b. La inaplicación del art. 8 de la ley 5.708, al establecer el valor de la tierra considerando su estimación en un tiempo distinto a la desposesión. Señala que para apartarse de la aplicación de esa norma debió, previamente, declararla inconstitucional, por lo que al soslayar esta vía vulneró la garantía de defensa en juicio.

    II.1.c. La argumentación falaz del tribunal, al introducir como argumento a favor de la fijación "actual" del valor de la tierra el alea de la variación del precio de las tierras (lo cual no siempre es así, dado que no se trata de un hecho "evidente") o la circunstancia de que la indemnización deba ser "previa" (al respecto considera que la fijación del valor del bien al año 1993 no altera el valor objetivo del bien). Por otra parte, tal argumento genera imprevisibilidad e impide el debido ejercicio de la defensa en juicio.

    II.1.d. La interpretación errónea del art. 8 de la ley 5.708, por cuanto la fijación del valor a la fecha de la desposesión integra el concepto de "valor objetivo". El valor de la indemnización no es un precio, es un concepto construido por la propia ley que resguarda las cláusulas constitucionales en juego y que se asienta sobre una elaboración sistemática de un conjunto de normas (arts. 8, 9, 10, 13 y 35, ley 5.708).

    Al respecto, destaca que la Cámara ha desinterpretado los fallos en los que sustentó su decisión, pues en los casos "N. y "Fiscalía contra Asociación Israelita Latina" la Corte nacional se pronunció sobre la desvalorización monetaria y en la causa Ac. 63.901 de esta Corte no había habido desposesión, por lo cual no se corresponden con el presente caso.

    II.1.e. El absurdo por "contradicción" del Tribunal de Alzada, al establecer el inicio del cómputo de los intereses compensatorios no desde el momento estimado por el ingeniero agrónomo -esto es al valor "actual"-, sino a partir de la fecha de desposesión, porque de esta manera se superponen las reparaciones, configurándose una doble indemnización por el mismo concepto.

    II.1.f. La violación de la prohibición de indexar las deudas dispuesta por el art. 4 de la ley 25.561.

    II.2.a. En cuanto al segundo de los agravios -la desvalorización del remanente-, sostiene que debe adecuarse el rubro como consecuencia de la modificación que sobre el valor tierra se establezca (en el caso de admitirse el primer planteo).

    II.2.b. Entiende, asimismo, que deben excluirse los daños derivados de la obra hidráulica que no son consecuencia directa y forzosa de la expropiación, puesto que se trata de dos ámbitos de la responsabilidad del Estado que son diferentes. Uno cuadra dentro del obrar lícito del Estado y el otro, del accionar ilícito. La expropiación y la obra son causa de daños diversos e independientes, que además exigen defensas y pruebas diferenciadas.

  2. El recurso prospera en forma parcial.

    La recurrente se agravia por la fijación del "valor de la tierra" en una fecha distinta a la de desposesión, es decir, la cuestión relativa a la determinación del "justo valor" o "valor objetivo" de las tierras expropiadas y del remanente, esto es, el modo en que debe ser cuantificada la indemnización reclamada, según lo normado por los arts. 8 y 35 de la ley 5.708.

    Al respecto, considero que no se ha demostrado las infracciones legales denunciadas, ni la doctrina del absurdo (art. 279, CPCC).

    III.1.a. Determinación del "valor tierra" en materia expropiatoria.

    Liminarmente debo advertir que los principios básicos a los que debe ajustarse la expropiación provienen directamente de la C.itución nacional, debiendo respetarse esencialmente su letra y sus principios.

    La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido construyendo a lo largo del tiempo el concepto de "justa indemnización" del bien expropiado (conf. art. 17, C.. nac.), expresando que "... la indemnización debe ser integral; el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto de oportuna y cumplida reparación. Que esto es así porque la expropiación, tal como está legislada en nuestra C.itución, es un instituto concebido para conciliar los intereses públicos con los privados. Y la conciliación no existe si éstos sacrifican sustancialmente aquéllos y si no se compensa al propietario la privación de su bien, ofreciéndole el equivalente económico que permita, de ser posible, adquirir otro similar al que pierde en virtud del desapoderamiento..." (Fallos: 268:238; 325, 489, 510; 269:27; 271:198).

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