Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 29 de Abril de 2015, expediente C 103176

PresidenteKogan-Genoud-Pettigiani-de Lázzari-Negri
Fecha de Resolución29 de Abril de 2015
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 29 de abril de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores K., G., P., de L., N., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 103.176, "L. de L. el Triunfo S.A.C.I.F.I. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa".

A N T E C E D E N T E S

La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda por expropiación inversa, rechazándola.

El actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora K. dijo:

1) La sentencia recurrida revocó la de primera instancia, que había hecho lugar a la demanda de expropiación inversa. En consecuencia la rechazó íntegramente, imponiendo las costas a la parte actora. Para fundar esa decisión la Cámara señaló que para que proceda la expropiación inversa no basta con que se haya dictado una ley expropiatoria, sino que deben presentarse algunas de las circunstancias que prevé el art. 41 de la ley 5708 en sus tres incisos: que el expropiante haya tomado la posesión del bien sin el consentimiento del propietario (inc. "a"); que ese consentimiento haya existido, pero que no se haya promovido el juicio de expropiación en los plazos que indica la norma (inc. "b"); o "Cuando la autoridad provincial o municipal turbe o restrinja, por acción u omisión, los derechos del propietario" (inc. "c").

2) Dado que en el proceso se ha alegado esta última situación, procedió la alzada a examinar los hechos que eventualmente podrían configurarla. Descartó en primer lugar que el mero dictado de la ley pudiera erigirse como hecho de perturbación, pues de otro modo se pasarían por alto los demás requisitos antes enumerados (fs. 857 vta.). Lo mismo afirmó de la anotación preventiva de expropiación en el registro de la propiedad, pues ella no impedía ejercer actos de disposición o administración. Aclaró la Cámara que la expropiación incluía tanto el inmueble como sus instalaciones y máquinas, y hasta la marca comercial (fs. 859 vta.).

A continuación señaló que si bien la ley expropiatoria se había dictado, el poder administrador no había ejercido la facultad de concretarla (fs. 857 vta.). Como hecho de turbación -recordó la alzada- la actora denunció que algunos trabajadores de la firma, junto con terceros, procedieron a apropiarse de su inmueble, de las instalaciones industriales en él establecidas, e incluso de mercadería de propiedad de terceros, lo que produjo una severa falta de confianza de los clientes (fs. 858 y vta.). Sin embargo, a juicio de la Cámara esta apropiación pudo contrarrestarse con una acción de recupero, sin que el mero dictado de la ley expropiatoria pudiera paralizarla. En tal sentido, apuntó que si bien esa ley ya disponía expresamente que la expropiación tenía como finalidad entregar la propiedad a los trabajadores que habían tomado el establecimiento, lógicamente esa entrega iba a realizarse luego de haber sido pagada la debida indemnización, y no legitimaba en modo alguno la acción previa de los trabajadores (fs. 859).

3) Sobre estas bases, concluyó la Cámara que no se demostró en autos que los intentos de los dueños de recuperar su propiedad hubieran sido frustrados por la ley expropiatoria, "lo que solamente puede sostenerse a partir de alguna resolución que así lo hubiere dispuesto" (fs. 859).

4) Señaló que hubo una primera ley expropiatoria 12.923, que no fue ejecutada por el poder administrador, venciendo en agosto de 2004 el plazo que preveía el art. 47 de la ley 5708 para tener por abandonada la expropiación. Dos meses más tarde, sin embargo, se dictó una nueva ley con la misma finalidad, en la que se extendió a tres años más el mencionado plazo. Esta extensión era legítima, entendió la Cámara, pues la admite el art. 47 antes citado. Al contrario de lo sostenido por el señor juez de primera instancia, la alzada afirmó que estas leyes no habían impedido a los dueños enajenar su empresa. Agregó que si bien la ley formal que autoriza al poder administrador a expropiar implica -en alguna medida- un estorbo al derecho de propiedad, eso no tiene entidad suficiente para permitir que el dueño promueva una acción sin que se den los requisitos rígidos y objetivos previstos por la ley (fs. 860).

5) Ingresó luego la sentencia a considerar una particularidad del caso. La empresa expropiada se presentó en concurso preventivo, y la propuesta que fue en él homologada previó que las deudas de la empresa se pagarían con la indemnización expropiatoria. Que este acuerdo se frustre por no ejercer el poder administrador la facultad que le otorga la ley -razonó la Cámara- no puede ser adjudicado a la responsabilidad de ese poder, pues ni al momento de hacerse la propuesta (ni luego) hubo hecho alguno que indicara que la facultad concretamente se ejercitaría. Los términos del acuerdo habían dependido, entonces, enteramente de la decisión y voluntad de la empresa concursada (fs. 861).

6) Finalmente, la Cámara descartó que la falta de coordinación o discrepancia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo provinciales (que había sido apuntada en la sentencia apelada) tuviera alguna consecuencia jurídica en el caso. Si bien la facultad de declarar la utilidad pública corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, la de concretar la expropiación pertenece al poder administrador, quien decide cuándo habrá de ejercerla, o si acaso habrá de abandonarla (fs. 862 vta.). A consecuencia de lo anterior, se rechazó la demanda.

7) La sociedad accionante critica la decisión antes resumida, señalando que viola su derecho de propiedad, garantizado tanto por la Constitución nacional (art. 17), como por la de esta Provincia (art. 10). Luego de hacer referencias generales a las bases constitucionales de la expropiación, afirma la parte que su caso resulta muy similar al resuelto por la Corte Suprema de la Nación en el caso "Cía. Azucarera Tucumana SA. c/ Estado Nacional s/ expropiación indirecta" (Fallos: 312:1725).

Por mayoría, el alto Tribunal revocó una sentencia que -apunta la parte- había rechazado la expropiación con argumentos muy similares a los esgrimidos por la Cámara en este caso. Señaló la Corte que los actos de turbación del derecho de dominio no comprenden solamente la pérdida de la posesión, sino también aquellos supuestos en los que existen restricciones, limitaciones o menoscabos esenciales al derecho de propiedad (ver recurso: fs. 873 y vta.). Procurando demostrar la similitud con su caso, recuerda la actora que la Corte sostuvo que si el "complejo fáctico-normativo, es apreciado en su real significación, más allá de rígidos conceptualismos que, lejos de facilitar, dificultan la aprehensión de su sustancial sentido, no puede sino concluirse en que el objetivo perseguido y concretado por el Estado Nacional fue el de transferir a C.O.N.A.S.A. [una empresa estatal] la inmediata explotación de los ingenios y destilerías (...) explotación que sin solución de continuidad se prolongó durante largos años". Transcribe entonces el recurrente: "Si la concretada explotación por C.O.N.A.S.A. de las plantas azucareras fue el eje que determinó la acción estatal, poco justificado resultaría detenerse -con una óptica limitadamente formalista- en si la Cía. Azucarera Tucumana conservó o no la posesión, o si C.O.N.A.S.A. tuvo algo más que la tenencia" (fs. 874).

8) Siempre refiriéndose al fallo en el que apoya su intento revisor, recuerda la parte que la Corte federal señaló que "no puede admitirse que el Estado modifique deslealmente los encuadramientos formales de una realidad que permanece idéntica -en el caso, la explotación de los activos por C.O.N.A.S.A.- con el único efecto de soslayar las necesarias consecuencias que esta última impone" (fs. 875).

9) Cita además el recurrente el voto del doctor R. en los Ac. 81.734 y Ac. 81.744 de esta Corte, en los que se afirmó que el Estado, al dictar la ley expropiatoria impidió que los dueños ejercieran su dominio reivindicando el inmueble ocupado por terceros.

A continuación, afirma que los trabajadores que se han apropiado de la empresa podrían repeler una eventual reivindicación, pues su situación legal es similar a la de poseedores de buena fe mediante boleto de compraventa, prevista en el art. 2355 del Código Civil (fs. 880). Así como el poseedor exboleto, los ocupantes sólo podrían ser atacados mediante acciones personales. También está cerrada la vía penal, pues -entiende la parte- la apropiación del...

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