LATIN AMERICA CONSULTING GROUP S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA

• Fecha: 05 Febrero 2019
• Número de expediente: CSS 126600/2017/CA001
• Número de registro: 224403872

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2 CAUSA Nº126600/2017 Sentencia Definitiva En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los , reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos LATIN AMERICA CONSULTING GROUP S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR L.R.H. DIJO LATING AMERICA CONSULTING GROUP S.A. apela la resolución Nº 255/ 16 (DV TJSN)

El apelante no efectúa el depósito previo de la suma cuestionada en autos, no alega tampoco imposibilidad de efectuarlo. Antes bien señala que se efectuara el mismo una vez practicada la liquidación de la deuda.

La deuda en cuestión fue debidamente notificada de la deuda ( conf. F. 8400/1 fs 65/66).Informando el organismo, que el apelante se adhirió a Plan de Facilidades por los períodos 01/2010 a 05/2010, 06/2010 a 07/2010 y 08/2010 a 10/2011 que no acreditó el depósito de la deuda respecto de los periodos 11/2011 a 08/2014 tal como resulta de la resolución recurrida según lo preceptúa el art. 15 de la ley 18820 ( fs. 85)

Respecto al requisito establecido en el art. 15 de ley 18.820 (modif. por ley 23.473), en numerosos precedentes he sostenido la legitimidad de esa exigencia para habilitar esta instancia judicial, requiriendo su cumplimiento, en orden a los argumentos que expondré a continuación.

I - El art. 12 , 1a. parte de la ley 19.549 (de Procedimientos Administrativos) dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad: su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca la contrario”.

H. señala que la presunción de legitimidad que ostentan los actos de la administración supone que los mismos han sido dictados de conformidad al ordenamiento.

Por ello, es al particular a quien corresponde la carga de probar su eventual invalidez; y, con cita de J.C.C., expresa: “Si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, obstaculizando el cumplimiento (sic) de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común” (cf. T.H., “Régimen de Procedimientos...