Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 11 de Mayo de 2022, expediente CNT 027408/2021

Fecha de Resolución11 de Mayo de 2022
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA V

Expediente Nº CNT 27408/2021/CA1

SENTENCIA INTERLOCUTORIA 50649

AUTOS: “LASTRA, W.B. c/ PROVINCIA ART S.A. Y OTROS s/

Accidente – Acción Civil ” (JUZGADO Nº 21)

Buenos Aires, 11 de mayo de 2022.

Y EL DOCTOR GABRIEL de VEDIA dijo:

  1. Contra la sentencia interlocutoria dictada el día 17/11/2021

    que desestimó el planteo de retrotraer la causa a comisiones médicas administrativas y la excepción de incompetencia articulada en razón de la materia, cuestiones sustentadas en las leyes 26.773 y 27.348, se agravia la aseguradora Provincia ART S.A. a tenor del memorial glosado en formato digital con fecha 23/11/2021 que mereciera réplica de la contraria.

    En este contexto, la parte demandada basa su tesis recursiva en el dictado de la Ley 27.348 la cual establece la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales, instancia que destaca resulta especializada y previa a la intervención judicial, que garantiza el debido proceso y brinda a los trabajadores un ámbito donde pueden consensuar sus conflictos. Esgrime en tal sentido que no surge del escrito de demanda que la parte actora haya agotado el procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas. Además, critica la desestimación de la excepción de incompetencia asumida con fundamento en el precedente Faguada enfatizando que en el caso conforme la normativa y jurisprudencia que invoca resulta competente la Justicia Nacional en lo Civil.

    Oído el Sr. Fiscal General Interino ante esta Cámara según dictamen de fecha 22/03/2022 se hallan las actuaciones en estado de resolver.

  2. En este sentido, el análisis que debe realizarse respecto a la aptitud jurisdiccional no es sólo ante la acción de derecho común sino ante la invocación de una acción autónoma en términos del artículo 75 LCT que alude a la aptitud material de este fuero laboral. Al respecto, la sentenciante de la anterior instancia desestimó la excepción de incompetencia material impetrada en base a la doctrina sustentada por la CSJN en el caso Faguada y la cuestión de retrotraer las actuaciones con sustento en ell resguardo de derechos constitucionales como la garantía de acceso a la jurisdicción y el derecho a la tutela judicial efectiva, ello así aunado a una cuestión práctica de economía procesal.

    Y este es el punto en cuestión. Sobre todo, en el presente caso donde la presente acción fue entablada a los fines de perseguir una reparación integral Fecha de firma: 11/05/2022

    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA 1

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.E.G.V., JUEZ DE CAMARA

    por las enfermedades laborales que aquejan al trabajador con fundamento en el derecho civil y en lo normado por los art. 75, 76 y 195 de la LCT y en la ley 19.587 contra su empleador y contra la aseguradora.

    Al momento de contestar demanda, la aseguradora -Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.- plantea excepción de incompetencia material,

    y en subsidio que se tenga por no habilitada la instancia por no haber agotado el accionante el requisito administrativo previo ante las CM.

    Es de recordar que conforme lo normado por los arts. 4 y 5 del C.P.C.C.N. y por la doctrina sentada reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con la determinación de competencia: “Para determinar la competencia corresponde atender, en primer lugar, los hechos relatados en la demanda” (Fallos, 308: 229; 310:1116; 311: 172; 312: 808, entre otros) y luego al derecho que invoca como fundamento de su pretensión en la medida en que éste se adecue a los primeros (CSJN, 21/3/00 LL, 2000-D-215).

    Por ello, y más allá de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “U.J.C.c./ Provincia ART S.A. s/ Accidente,

    Acción Civil” (sentencia del 11 de diciembre de 2014) donde se analizó la aplicación temporal de la ley 26.773 y la acción sólo fue dirigida contra la aseguradora de riesgos,

    lo concreto es que con posterioridad en autos “Faguada, C.H.c.A.S. y otros s/ Despido” del 9 de mayo de 2017 la Corte dictamino que “A los efectos de determinar la competencia no puede dejar de ponderarse que la demanda promovida no se base exclusivamente en normas civiles, sino que el actor también invoca como fundamento de su pretensión normas laborales” por lo que con fundamento en los precedentes “M.” y “J.” (cfr. Fallos: 321:2757 y 324:326) declaró la competencia del fuero laboral; criterio reiterado en la causa “H., M.T. el Asociart ART S.A.” (ver Fallos: 340:620) a cuyos términos cabe remitir.

  3. Concatenado con ello, si bien no soslayo que la fecha de la primera manifestación invalidante -febrero de 2021- se produjo vigente la ley 27.348

    (B.O. 24/2/2017) y que el art. 15 de la referida ley sustituyó el cuarto párrafo del art. 4

    de la ley 26.773 por el cual se dispuso que “Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva comisión médica jurisdiccional o cuando se hubiere vencido el plazo legalmente establecido para su dictado”. Sin embargo, no puede postergarse el derecho del trabajador a ser escuchado ante la jurisdicción que rige la materia o supeditarse el mismo al cumplimiento de requisitos administrativos que exceden el concepto de norma reglamentaria.

    Fecha de firma: 11/05/2022

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    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.E.G.V., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

    SALA V

    Por lo demás, teniendo en cuenta el principio de celeridad propio del derecho del trabajo ante la urgencia particular del interés ventilado en relación con las enfermedades denunciadas, no puede modificarse lo decidido en grado pues ello ocasionaría un retardo innecesario que trasunta en una negación de justicia por no brindar una tutela judicial efectiva, exigida no sólo por nuestra Carta Magna sino también por el Pacto de San José de Costa Rica.

    Cabe recordar que el art. 18 de la Constitución Nacional dispone que “Es inviolable la defensa en juicio de las personas y de los derechos” y a su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al expedirse sobre las Garantía Judiciales (arts. 27,2, 25 y 8 de la C.A.D.H.) ha señalado que “El art. 8 de la Convención en su párrafo 1º señala que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,

    independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

    Por ello, y con el fin de no restringir el derecho de defensa del accionante, máxime cuando la naturaleza de los derechos afectados en causas como la presente, involucra la vida y la...

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