Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Agosto de 2017, expediente C 108529

PresidenteNegri-Soria-Pettigiani-de Lázzari-Kohan- Carral
Fecha de Resolución29 de Agosto de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

Dictamen de la Procuración General:

La Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelación del Departamento Judicial La Plata, en el marco del juicio de daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual promovido por H.M.L., F.L.L. y D.F.L. contra la Provincia de Buenos Aires confirmó la resolución de primera instancia que oportunamente resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por los actores, elevando el capital de condena y estableciendo que el mismo quedaba alcanzado por la ley de consolidación 12.836 y su modificatoria 13.929 -cuya constitucionalidad cuestionada en fs. 147 y vta. fue confirmada en fs. 148-, correlato de lo cual fijó que los intereses deberían liquidarse de conformidad a lo que dispone dicha ley. Impuso las costas al Fisco (fs. 993/1005 vta).

En lo que aquí interesa destacar, el tribunal rechazó el planteo de inconstitucionalidad deducido con respecto a la consolidación de los montos de condena en el entendimiento que por imperio de lo normado por los arts. 54 y 56 de la Ley 13.929 (vigente al 1-1-2009) aquellas condiciones más gravosas que tuvo a bien analizar la Corte Suprema de la Nación en la causa “M., E. y otra c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios” para decretar oportunamente la inconstitucionalidad de la referida ley habían quedado ya sin vigencia.

Sostuvo que en autos se había cuestionado exclusivamente la constitucionalidad de la ley 12.836 al momento del planteo, cuando las condiciones que dicha ley imponía eran realmente gravosas y afectaban el derecho de propiedad.

Contra dicho pronunciamiento se alzó -mediante letrado apoderado- la parte actora a través de recurso extraordinario de inconstitucionalidad (1024/1029 vta), cuya concesión fue dispuesta en la instancia ordinaria en fs.1030.

Alega el impugnante en su pieza recursiva que en el caso se controvierte la constitucionalidad de la ley 12.836 “de consolidación” y sus modificatorias, por entender que la misma es contraria a los preceptos de la Carta Magna provincial y nacional.

Sostiene que el J. de primera instancia se pronunció a favor de la constitucionalidad de la referida ley, y en idéntico sentido, aunque introduciéndose en el análisis de las modificatorias 13.436 y 13.929, lo hizo la Cámara.

Cita el quejoso el precedente de la Corte Suprema de la Nación “M., E. y otros c/ Buenos Aires s/daños y perjuicios -M424.XXXIII de fecha 26-II-2008” al que -sostiene- ha seguido la Suprema Corte provincial en la causa “K., C.A. c/ E.S.E.B.A S.A. s/ daños y perjuicios Ac. 85.462, sent. del 27-VIII-2008” entre otros, declarando la inconstitucionalidad de la ley 12.836, con fundamento en que la redacción actual de dicha norma impone condiciones más gravosas que las que sufren los acreedores a nivel nacional, incumpliendo así las previsiones de la ley 25.344, aún a la luz de las reformas introducidas por las leyes 13.436 y 13.929.

Remarca asimismo, la obligatoriedad que establece para la Suprema Corte Provincial la doctrina que emana del Superior Tribunal de la Nación en supuestos en que se debata un caso análogo.

En definitiva, solicita se declare la inconstitucionalidad de la ley 12.836 y sus modificatorias 13.436 y 13.929, por contradecir los arts. 31, 57 y cctes. de la Carta Magna provincial y arts. 17 y 31 de la Constitución Nacional, y por así justificarlo los antecedentes jurisprudenciales citados y los fundamentos expuestos.

Desde ya anticipo que le asiste razón al recurrente en su alzamiento, por lo cual -en mi apreciación- corresponde hacer lugar a la queja traída.

En efecto. Principio por recordar que el remedio contemplado por el art. 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia y regulado en el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial sólo se abre cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales bajo la pretensión de ser contrarios a las normas de la Constitución local (conf. S.C.B.A. causas C. 93.822, I del 11-IV- 2007; C. 97.195, I del 18-IV-2007, C.97.009, sent. del 7-X-2009), supuesto que se verifica en autos.

Arribo a la solución anticipada luego de considerar el planteo vinculado con el análisis comparativo de los regímenes nacional y provincial, y sus respectivas condiciones más o menos gravosas.

Y si bien no puede soslayarse que con fecha posterior al fallo del Superior Tribunal federal que cita el quejoso en el recurso en estudio, la ley 13.929 promulgada el 29/12/08 por dec. 3345/08, vino a agregar dos párrafos finales al art. 10 de la ley 13.436, ello no modifica mi anticipada opinión adversa a la constitucionalidad de la norma.

En efecto, el primero de ellos prescribe que “El Poder Ejecutivo podrá realizar la emisión de Bonos de Consolidación con fecha 1º de enero de 2000, con los términos y condiciones establecidos originalmente, de forma que el cronograma de amortización de los mismos finalice a los 16 años de esa fecha”.

Por su parte, el segundo párrafo señala que “Los acreedores de obligaciones consolidadas por la presente Ley cuya deuda no hubiere sido cancelada antes del 1º de enero de 2009, que optaren por la cancelación mediante títulos públicos, podrán elegir los títulos emitidos en virtud del párrafo precedente o los emitidos conforme lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo”.

No obstante la flexibilización que la norma incorpora para atenuar la situación de los acreedores bonistas del estado provincial, modificación que pareciera expresar la voluntad de acercar el régimen de consolidación local al molde de la matriz nacional, es lo cierto que, en mi opinión, la norma se queda a mitad de camino entre la adecuación plena -o superadora- al sistema diseñado en el ámbito nacional y el conflicto normativo señalado por la Corte Suprema en la causa “M., E. y otra contra Provincia de Buenos Aires sobre daños y perjuicios” (M 424 XXXIII).

Sin embargo, prescindiendo aún de profundizar en la consideración de los efectos que la aludida reforma reglamentaria pudiera provocar en el debate acerca de la constitucionalidad del régimen local de consolidación de deudas, es evidente que, con todo, subsisten motivos para aprehender los lineamientos trazados por el Superior Tribunal de la Nación en los autos de referencia.

Tengo para mí que las modificaciones introducidas por el legislador, resultan insuficientes para erradicar las motivaciones que nutrieron la declaración de inconstitucionalidad de la ley 12.836 modificada por la ley 13.436 en la citada causa “Mochi”, toda vez que el doble orden de razones allí brindados por el Máximo Tribunal de la Nación para decidir en tal sentido permanecen inalteradas en la normativa cuestionada, esto es: a) la ausencia de designación de un plazo máximo para las obligaciones que se cancelen en efectivo (art. 5 ley 13.436), de manera que si eventualmente los recursos existentes no resultasen suficientes, la cancelación de lo adeudado podría extenderse más allá de lo previsto en la legislación nacional, agravando la situación del acreedor, extremo expresamente prohibido por el art. 19 de la ley 23.982 y, b) el aplazamiento más allá de lo permitido del comienzo de pago de la primera cuota de amortización del capital e intereses de los títulos públicos, computado a partir de la fecha de emisión que la ley provincial fija el 30/XI/01 y la nacional el 1/I/00 (arts. 4 inc. “d” dec. 1578/2002 y 24 inc. “a” dec. 1116/2000, respectivamente).

La Corte Suprema añade un fundamento más al decisorio de referencia, lo que pareciera incrementar a tres el orden de razones expuesto, toda vez que -como bien cita el recurrente- sostiene que sin bien el art. 11 de la ley 13.436 modificó el art. 18 de la ley 12.836 en cuanto eliminó el límite del 15% del cálculo de los recursos de la Administración Central vigente al momento de emitir los títulos, lo cierto es que el art. 4 inc. “f” del decreto reglamentario 1578/2002 mantiene dicha limitación (arts. 18 y 19 dec. 577/2006).

En función de todo lo expuesto, y no obstante haber dictaminado en oportunidades anteriores en sentido diverso del que aquí se propicia (dictámenes recaídos en Ac. 97.630, del 13 de agosto de 2007; en Ac. 98.931, del 5 de septiembre de 2007; en C. 100.580, del 10 de junio de 2008) a la luz del cambio de doctrina legal señalado –acaecido en función de las distintas razones brindadasin extensoen los precedentes fallados por V.E., anteriormente aludidos –causas C. 85.462, C. 85.288, C. 89.303, C. 93.622, C. 86.373 y C. 89.340, e.o.-, a cuyos términos -en honor a la brevedad- remito, considero que en razón de mantenerse los módulos regulatorios que motivaron la declaración de inconstitucionalidad del sistema de consolidación del pasivo provincial previsto en la ley 12.836 reformada por la ley 13.436, recomiendo a esa Corte declare la procedencia del recurso extraordinario de inconstitucionalidad que dejo examinado (conf. art. 302 del C.P.C.).

Tal es mi dictamen.

La P., 4 de febrero de 2010 -C.A.A.

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 29 de agosto de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN.,S.,P., de L.,K., C.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 108.529, "L., H.M. y otros contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios. Responsabilidad del Estado".

A N T E C E D E N T E S

La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó en lo principal la sentencia de primera instancia que había hecho lugar al reclamo de los actores, aunque elevó el capital de condena y declaró aplicable la ley 12.836, modificada por la ley 13.929.

Se interpusieron, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, por los actores, recurso extraordinario de...

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