La larga mano demagógica del Estado

Con un enorme descaro, revelador de una gran sensación de impunidad y de una falta absoluta de responsabilidad en la gestión pública, el gobierno nacional viene acrecentando en forma sostenida la planta de sus empleados. Esa nociva propensión, de la que también hacen gala las administraciones provinciales y municipales, marca hoy récords históricos.Semejante desmesura representa una herencia costosísima para todos los ciudadanos, que son quienes financian esos puestos laborales que, en la mayoría de los casos, no se obtienen por la vía de los concursos.Son cargos que ni siquiera se logran por haber demostrado mínimas aptitudes. Muy por el contrario, durante los últimos once años, la planta estatal de empleados públicos nacionales se ha ido llenando de personas sin la necesaria preparación, a las que se ubica en puestos jerárquicos con haberes altos, desplazando así, muchas veces, a agentes públicos y funcionarios de carrera.Está claro que se trata de empleos meramente burocráticos o en nuevos cargos innecesarios, pero con indisimulables intenciones de dominio político o ideológico. No hay más policías en las calles ni más médicos o enfermeras en los hospitales.No es ninguna novedad que buena parte de ese empleo estatal ha sido colonizada en el último decenio por representantes de la agrupación política La Cámpora. Uno de sus últimos avances se registró en la Cámara de Diputados de la Nación. Mediante una resolución del presidente de ese cuerpo, Julián Domínguez (Frente para la Victoria), se decidió pasar a la planta permanente de empleados una docena de jóvenes camporistas con apenas dos años de experiencia en sus puestos previos.Esos empleados gozarán de las categorías salariales más altas del escalafón parlamentario, tareas por las que se abona un haber mínimo de 22.000 pesos mensuales. A esa remuneración deben sumarse pagos extras por títulos académicos y por personal a cargo, entre otras cuestiones.Además, para garantizar esos empleos, no sólo se los ubicó en lugares clave de la Cámara baja, como la Secretaría Parlamentaria, sino que se crearon más áreas administrativas.Este copamiento del Estado y de empresas con participación estatal por parte de la juventud kirchnerista más próxima a la presidenta de la Nación se viene registrando en numerosas áreas como la Cancillería -donde un sector del oficialismo brega también por aumentar el número de embajadores políticos, el Ministerio de Justicia, el Indec, Aerolíneas Argentinas, la Inspección General de...

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