Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 25 de Agosto de 2023, expediente CAF 036770/2019/CA002

Fecha de Resolución25 de Agosto de 2023
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

SALA II

36770-2019 “LARA, P.E. c/ EN - M JUSTICIA Y DDHH - SPF

s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

Buenos Aires, 25 de agosto de 2023.- MA

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

  1. Que por auto del 5/06/2023, el Sr. Magistrado de grado dispuso: “…

    Que, en las intimaciones de fechas 6/03/23 y 22/05/23 se le requirió a la demandada que informe y acredite debidamente el plazo de pago de las sumas adeudadas en autos o, en su caso, que adjunte la correspondiente opción de diferimiento. Por ello, teniendo en cuenta, la aprobación de liquidación efectuada con fecha 08/06/2022 y lo informado por la parte accionada en cuanto a la inclusión de la deuda de autos en el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2024, -acompañado con fecha 23/05/23-, no corresponde hacer lugar a la aplicacion de astreintes y embargo, peticionados por la parte actora…”

  2. Que, contra dicha decisión, el 7/06/2023 la parte actora dedujo recurso de apelación.

  3. Que por auto del 12/06/2023, el Sr. Magistrado de la anterior instancia concedió la apelación deducida. Corrido que fuera el pertinente traslado, su contraria no formuló réplicas.

  4. Que, en la citada presentación recursiva, luego de hacer un relato del trámite que tuvieron las presentes actuaciones, la accionante sostiene que tratándose la presente causa de obligaciones en las cuales el obligado resultaba ser el Estado Nacional, la ley había establecido un sistema ordenativo que buscaba como finalidad evitar que una gran cantidad de sentencias condenatorias obstaculicen el normal desarrollo de las autorizaciones de gastos efectuados con fondos públicos, y para ello mediante Fecha de firma: 25/08/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

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    el art. 22 de la Ley 23982, Ley 24624 y 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto se había determinado un esquema que disponía,

    en primera medida que una vez notificada la sentencia y determinado el crédito mediante la aprobación de la liquidación, el organismo obligado deberá

    informar si cuenta o no con partidas disponibles para cancelar la obligación y en el caso que las posea, deberá proceder a cancelar la deuda en el plazo que el Juzgado determine, al igual que cualquier particular, ya que de esta manera no se afectaba el buen orden presupuestario, y en caso de no hacerlo, se iniciaba de inmediato el proceso de ejecución de sentencia.

    En este aspecto agregó que en el caso que el organismo obligado no contara con partidas disponibles para afrontar la obligación, la ley establece una excepción de espera, en la cual el acreedor del crédito se veía obligado legalmente a esperar la inclusión de ese crédito en la próxima ley de Presupuesto, y en caso de falta de pago dentro del período presupuestario en el que se ha incluido el crédito, recién allí podrá iniciar el cobro compulsivo de la deuda.

    Destacó que a su vez, esta excepción de espera produce la obligación de los funcionarios del organismo condenado a comunicar la obligación al Ministerio de Economía para que incluya la deuda en el Proyecto de Ley de Presupuesto que corresponda, todo ello bajo apercibimiento de caducidad de la excepción de espera en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del art. 22 de la Ley 23982, 170 de la LCPP y normas concordantes.

    Señaló que conforme la doctrina de la CSJN, el privilegio de espera que tiene la demandada de autos se cae debido al incumplimiento de las obligaciones legales de los funcionarios que no han abonado las sumas Fecha de firma: 25/08/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

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    debidas pese a contar con financiamiento ni tampoco han incluido el crédito en el proyecto de ley de presupuesto del año 2023, y tal como lo sostiene el Alto Tribunal, si el Poder Ejecutivo Nacional no cumple con el deber que le impone el art. 22 de la ley 23982, el actor se encuentra facultado, de todos modos, a ejecutar la condena dineraria en los términos previstos en esta norma, pues no es admisible que el Estado pueda demorar el acatamiento de un fallo judicial mediante el incumplimiento de un deber legal.

    Indicó que, en estos autos, dado que la demandada había informado que contaba con las partidas disponibles para cancelar el crédito reconocido al actor desde el año 2022 y que no había procedido a incluir el crédito en la ley de presupuesto 2023, y de esta manera quedaba evidenciado de manera flagrante su incumplimiento.

    Sostuvo que esta decisión agraviaba a su parte ya que el cumplimiento de las normas legales no son optativas en su cumplimiento para los funcionarios y en el caso, si en el año 2022 la demandada había informado que disponía de los créditos para cancelar la deuda, solo era posible una alternativa, esta es la cancelación inmediata de la deuda.

    Expuso que la demandada informó al tribunal que si bien poseía en su poder las sumas para cancelar la deuda, no lo hacía ya que para ello necesitaba la CBU de la cuenta judicial correspondiente a estos autos, razón por la cual, el Juzgado de grado de ordenó la apertura de la cuenta e informó a la demandada dicha cuestión y pese a ello la condenada no dió cumplimiento a la obligación ni informó las causas por las que no lo hizo, pese a estar debidamente intimada.

    Fecha de firma: 25/08/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

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    Indicó que las circunstancias descriptas precedentemente lo llevaban a iniciar el proceso de ejecución de sentencia y cobro compulsivo de la deuda,

    por el no cumplimiento de la sentencia, situación que se veía agravada por tratarse de créditos de naturaleza alimentaria, y de una condena a dar sumas de dinero, que se degradan con el paso del tiempo.

    Remarcó que aun cuando la demandada no hubiera contado con los créditos para cancelar la obligación, debió informar la deuda reconocida en autos al Ministerio de economía antes del 31/7/22, para su inclusión en la Ley de Presupuesto del ejercicio 2023 y su cancelación dentro de dicho período,

    todo ello bajo apercibimiento de caerse esta excepción de espera, conforme lo establece la doctrina de la CSJN.

    Agregó que no resultaba admisible el informe de la demandada que indicó que tenía previsto comunicar al Ministerio de Economía el crédito de autos para su inclusión en la ley de Presupuesto 2024, en primer lugar porque ello contraviene de manera expresa las normas jurídicas que establece el procedimiento de cancelación de deudas que condenan a dar sumas de dinero,

    ya que debió haberse abonado durante el año 2022 por contar con las partidas para abonar la deuda en esa fecha, y en caso de no contarlas, incluir dicha obligación dentro del presupuesto 2023, y tampoco lo ha hecho sin ninguna razón que lo justifique.

    Como corolario señaló que la demandada es quien ha dictado las normas presupuestarias aplicables a autos ( 22 de la Ley 23982, LCPP y las distintas normas aplicables al caso) y es ella misma quien las...

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