El lamentable salvataje de un juez

En una deplorable decisión, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura desechó la alternativa de someter al juez federal Daniel Rafecas al proceso de remoción por juicio político por su decisión de desestimar, sin investigar, la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la sede de la AMIA.

El 14 de enero de 2015, Nisman se presentaba ante la Justicia Federal, denunciando hechos que consideraba delictivos. Imputaba su autoría a la más alta autoridad del Poder Ejecutivo; a su canciller, Héctor Timerman, y a un conjunto heterogéneo de funcionarios y políticos. Cuatro días más tarde y un día antes de que debiera presentarse ante el Congreso de la Nación para dar explicaciones sobre su denuncia, el fiscal general que investigaba la causa del peor atentado que sufriera nuestro país en toda su historia aparecía muerto en su domicilio. Un disparo de revólver en la parte posterior de su cráneo terminó con su vida. Su denuncia estaba condensada en un escrito de más de doscientas páginas y en numerosas grabaciones telefónicas que estaban en manos del juez Rafecas. Poco más de un mes después de la muerte de Nisman, el 26 de febrero de 2015, el magistrado federal desestimaría la denuncia. El artículo 180 del Código Procesal Penal, que rige en materia federal, prevé que el juez puede hacerlo "cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito".

Los hechos a los que se refería la denuncia daban cuenta de una compleja trama destinada a beneficiar a un grupo de funcionarios iraníes. Nisman, desde su función como fiscal especial de la causa AMIA había contribuido a corroborar la participación de estos en el atentado del 18 de julio de 1994 y había logrado, merced a la seriedad de sus investigaciones, que la Interpol dispusiera su búsqueda y captura en una clase especial de alerta, la roja. Sin duda, esto debía perturbar significativamente a los jerarcas involucrados, pero ninguno de ellos parecía dispuesto a hacer lo que debía para que cesaran sus efectos: presentarse ante la Justicia argentina.

Cuando un juez recibe una denuncia, como ocurrió en este caso, debe ponerla de inmediato en conocimiento del fiscal, quien puede desestimarla por su cuenta. El fiscal interviniente en este caso, Gerardo Pollicita, lejos de ello, pidió que se lleve adelante la investigación, proponiendo numerosas medidas de...