Sentencia de Sala “A”, 4 de Junio de 2012, expediente 2.117-P

Fecha de Resolución 4 de Junio de 2012
EmisorSala “A”

Poder Judicial de la Nación N° 101/P/I Rosario, 4 de junio de 2012.

Visto, en Acuerdo de la Sala “A” el expediente nro. 2117-P de entrada, caratulado: “LABORATORIO

APOLO S.A.; IUDICA, R.; IUDICA; A. s/ Ley 24.769

(Expte. nro. 441/06 del Juzgado Federal N° 3 de Rosario), del que resulta,

Vuelven los autos a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de A.I. (fs. 409/411) y R.I. (fs. 416/419), contra la resolución N° 397 del 18 de abril de 2011 (fs. 364/366) que los procesó por la presunta comisión de los delitos previstos y penados en los artículos 1 y 9 de la ley 24.769, en concurso real y trabó embargo sobre sus bienes por Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000) por cada uno.-

Elevadas las actuaciones, se dispuso la USO OFICIAL

intervención de esta Sala “A” (fs. 427). En la audiencia que se designó para informar, los defensores de los imputados presentaron memoriales que se agregaron a fs. 436/440 y 441/444.-

El Dr. C.F.C. dijo:

  1. - La defensa de A.I. sostiene que el auto recurrido carece de motivación suficiente.-

    Señala que el acogimiento al Régimen de Asistencia Financiera por la deuda previsional demuestra la imposibilidad de pago y no una retención de esos importes,

    habiéndose acreditado las graves dificultades económicas de la empresa y que la deuda fue verificada en el concurso preventivo de Laboratorios Apolo S.A., lo que demuestra la absoluta falta de dolo que exige la figura atribuida a Iudica.-

    Respecto de la supuesta evasión del IVA de 2004, afirma que ninguna probanza acredita una conducta dolosa,

    basándose el a quo solamente en el informe de AFIP, sin aportar prueba alguna que evidencie el ardid o engaño requerido por la figura penal. Sostiene que la resolución de primera instancia pretende sustentar el procesamiento en meras presunciones realizadas por la AFIP y con ellas determinar la existencia del tipo objetivo y consecuentemente de esta manera violar flagrantemente el principio de inocencia de raigambre constitucional.-

    Resalta que no resulta suficiente para acreditar la responsabilidad la detentación formal de cargos,

    sino que se requiere la intervención concreta en la actuación delictiva. Recuerda que para responder penalmente no basta con integrar una empresa o entidad de derecho privado en beneficio de la cual se hayan realizado los ilícitos fiscales y/o previsionales, sino que ello sólo es posible si paralelamente,

    se demuestra y funda la determinación e intervención conciente de cada uno de aquéllos a los que se pretende responsabilizar en los términos de ley.-

    Señala que la valoración hecha por el juez de primera instancia carece de sustento cuando es realizada en forma exclusiva sobre los elementos de convicción incorporados por la AFIP sin que se haya producido prueba alguna en sede judicial que corrobore sus conclusiones acerca de las conductas endilgadas, lo que a su entender resulta indispensable para determinar la existencia del hecho y la responsabilidad de los imputados en los términos del artículo 306 del C.P.P.N.-

    Finalmente, le agravia que el juzgador no haya resuelto de oficio la insubsistencia de la acción penal por agotamiento de plazo razonable. Recuerda que la defensa en juicio y debido proceso legal incluye el derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable.-

  2. - Por su parte, la defensa de R.I. sostiene que constituye un grave error concluir que con las pruebas incorporadas quedó demostrada la configuración de los delitos de evasión simple del pago del IVA período 2004 y la falta de depósito de las retenciones del Sistema de Seguridad Social correspondiente a diciembre de 2004.

    Señala que el acogimiento de la empresa al Régimen de Asistencia Financiera por la deuda es demostrativo de la imposibilidad de pago y no de una retención de esos importes, máxime cuando se encuentra acreditado que ya en esa fecha la firma estaba en graves dificultades económicas y la deuda fue verificada en el concurso preventivo de Laboratorios Apolo S.A. Destaca que dicha circunstancia es muestra de la ausencia de dolo directo que requiere la figura para poder achacarle responsabilidad a su defendido.-

    Poder Judicial de la Nación Afirma que el juez no procuró la incorporación de otras pruebas que no sean las agregadas por la AFIP que además no ha merituado adecuadamente que de las constancias de autos no surgen elementos objetivos que permitan afirmar que la conducta desplegada por su defendido resulte indispensable para la concreción del delito que se le imputa.-

    Finalmente, destaca que tampoco se encuentra acreditada la autoría de su defendido, toda vez que la mera detentación del cargo de Presidente de la firma no hace presumir su intervención concreta en la supuesta actuación delictiva que se le atribuye.-

    Recuerda que cuando se trata de una persona jurídica, para poder responsabilizar a los gerentes o directores, debe acreditarse indefectiblemente la intervención concreta en la comisión del ilícito reprochado, ya que no cabe USO OFICIAL

    duda que sólo podrá imputarse la conducta a los verdaderos artífices de la misma, de lo contrario se estarían vulnerando derechos de orden constitucional, al hacerlo responsable de actos que no realizó.-

  3. - En primer lugar, corresponde encuadrar la situación de los imputados en base a la modificación efectuada a la ley 24.769 por la 26.735 (sancionada el 22/12/2011 y promulgada el 27/12/2011). Esta última, en sus artículos 1 y 8, reemplazó a los artículos 1 y 9 de la primera –evasión simple de tributos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, respectivamente y dispuso elevar la condición objetiva de punibilidad de pesos cien mil ($ 100.000)

    a pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) –artículo 1- y de pesos diez mil ($10.000) a pesos veinte mil ($20.000) –artículo 9-.

    Por tal motivo, corresponde verificar en el presente caso si la conducta de los imputados resulta perseguible penalmente a la luz de dicha modificación. Tal examen se impone en virtud de lo dispuesto en el art. 2 del Código Penal –aplicación de la...

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