Sentencia nº 25 de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucuman - Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, 17 de Febrero de 2010

Presidente del tribunalAntonio Daniel Estofán
EmisorSala Laboral Y Contencioso Administrativo (Corte Suprema de Justicia de Tucumán Argentina)
Fecha17 Febrero 2010
Número de sentencia25

SENT Nº 25

C A S A C I Ó N

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a D. (17) de Febrero de dos mil diez, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores A.D.E., R.M.G. y la señora vocal doctora C.B.S., bajo la Presidencia de su titular doctor A.D.E., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: “Secar Ingeniería Eléctrica S.R.L. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad”.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores R.M.G., A.D.E. y doctora C.B.S., se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor R.M.G., dijo:

  1. A fs. 337/344, la demandada en autos, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 801 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 27 de octubre de 2008 (fs. 329/333), el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto por el 816 in fine del CPCyC (ver fs. 345, 346 y 347/355), es concedido por la misma Sala mediante resolución nº 95 del 14 de abril de 2009 (fs. 360).

  2. Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como Tribunal del recurso de casación, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

    Habida cuenta que ha sido interpuesto tempestivamente (cfr. art. 816 del CPCyC), que se encuentra dirigido contra una sentencia definitiva (cfr. art. 813 inc. a del CPCyC), que está fundado en una supuesta infracción a normas de derecho por parte del fallo en cuestión (cfr. art. 815 del CPCyC), que se basta a sí mismo en relación al motivo de agravio y contiene cita de la doctrina que a criterio de la recurrente es la correcta (cfr. art. 816 del CPCyC), y se dio cumplimiento con el depósito previsto por el artículo 817 del CPCyC (ver fs. 800), el recurso de casación sub examine deviene admisible, por lo que corresponde a continuación considerar su procedencia.

  3. La sentencia en crisis hizo lugar a la demanda promovida por la razón social SECAR INGENIERÍA ELÉCTRICA S.R.L. contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 120 y 154 del CTM (Ord. 229/77), modificados por la Ordenanza nº 3.032/01, y condenó a la demandada a restituirle a la actora la suma de $31.072,42 (Pesos: treinta y un mil setenta y dos con cuarenta y dos centavos) que ésta en total habría pagado indebidamente en concepto de las gabelas denominadas TACIS y Contribuciones que inciden sobre la Publicidad y Propaganda, reguladas respectivamente por las referidas disposiciones municipales, por los períodos comprendidos entre septiembre de 2001 y enero de 2006, con más los intereses que resulten liquidados de acuerdo a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, desde que cada uno de los pagos fue realizado y hasta la fecha de la restitución del dinero en efectivo o bien hasta la fecha de emisión de los respectivos títulos públicos si correspondiera esta última modalidad de cancelación de la deuda.

    A tal efecto, el tribunal a quo consideró que del examen de los propios términos de la normativa impugnada surge que los servicios municipales que en ella se contemplan están referidos a toda la población, sin que aparezcan directa y exclusivamente vinculados con el sujeto pasivo obligado al pago (uti singuli), por lo que en tal sentido resulta vulnerado el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y -fundamentalmente- excedido el marco delimitado a los municipios por el inciso 1º del artículo 114 de la Constitución de Tucumán de 1990, en virtud del cual los recursos municipales se forman con las tasas que se fijen por servicios efectivamente prestados.

    En ese último sentido, concluyó que las modificaciones introducidas por la Ordenanza Nº 3.032/01 dejaron subsistentes las objeciones formuladas por la jurisprudencia a los precedentes CIACIS y PACIS, en lo referido a la inclusión de servicios generalizados, tendientes a beneficiar y preservar a la comunidad toda y que, por ende, no resultan exclusivos ni particularizados en el contribuyente obligado al pago del tributo, lo que resulta irrazonable si lo que tipifica la norma es una tasa.

    A su turno, el a quo acogió la pretensión de repetición ejercida con la demanda de autos con el argumento que, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones reguladoras del TACIS y Contribuciones que inciden sobre la Publicidad y Propaganda ha de tenerse por inexistente la relación tributaria respectiva, en razón de lo cual los pagos que la actora hubiere realizado en su calidad de sujeto pasivo de aquella -los que tuvo por acreditados en mérito a probanzas de la causa- devinieron indebidos y, por ende, resulta procedente su repetición.

  4. Afirma la recurrente que la interpretación que en la sentencia en crisis se hace de la normativa atacada por la actora (artículos 120 y 154 del CTM, modificado por la Ord. 3.032/01) se aparta inmotivadamente del criterio rector fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual -en opinión de la demandada- no ofrecería duda acerca de la insoslayable constitucionalidad de las tasas municipales por salubridad, seguridad, moralidad, higiene, etc. En este sentido, cita lo resuelto por el Alto Tribunal del país en los autos “S.A. Frigorífica Cía. Swift de La Plata c. Nación Argentina” (Fallos 251:50) y en los precedentes que allí se mencionan (Fallos 192:139 y sus citas; Fallos 225:703; Fallos 234:663; Fallos 236:22; Fallos 241:276; Fallos 248:285), como así también lo resuelto en la causa “Telefónica de Argentina c. Municipalidad de Luján” (sentencia del 18/4/1997; La Ley 1997-E, 114) donde se remite a lo decidido en idéntica fecha en la demanda promovida por la misma actora contra la Municipalidad de Chascomús (Fallos 320:619).

    Cuestiona también que la decisión de la Cámara se funde en una norma derogada como lo es el artículo 114 de la Constitución de Tucumán de 1990 y no considere el texto constitucional vigente a partir de la reforma de 2006, que ha ampliado las potestades recaudatorias de la Administración municipal al establecer expresamente que los recursos municipales se formarán también con lo recaudado en concepto de “cualquier otro ingreso que derive del ejercicio del Poder de Policía” (art. 135, inciso 2, in fine).

    Objeta que la Sala a quo acogiera la acción de repetición de pago basándose únicamente en la inconstitucionalidad del tributo respectivo, pues de ese modo ha omitido considerar como otro requisito necesario que la actora demuestre un menoscabo patrimonial o el empobrecimiento sufrido por la aplicación de las gabelas en cuestión. Sostiene que tal omisión descalificaría la sentencia en crisis como acto judicial válido por no ajustarse a la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “M.G.C.S.A. c. Gobierno Nacional” (sentencia del 18 de octubre de 1973, Fallos 287:79), según la cual para que prospere la repetición la parte demandante debe probar que el tributo no ha sido trasladado al precio del bien o servicio que produce o comercializa. En apoyo de su posición cita lo dispuesto por el artículo 81 in fine de la ley 11.683 (párrafo incorporado por ley 25.795).

    En el contexto del agravio anterior agrega que en el acto en recurso se omitió el tratamiento o resolución de una cuestión planteada por su parte, al no haberse analizado en su actual redacción lo dispuesto por el artículo 66 del CTM, en tanto establece en su parte final queel reclamo de repetición requiere de la protesta previa para su procedencia, dado que sólo se hizo referencia a un fallo de esta Corte (sentencia nº 185 del...

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