Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 2 de Mayo de 2023, expediente CAF 007505/2022/CA002

Fecha de Resolución 2 de Mayo de 2023
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Buenos Aires, 2 de mayo de 2023. LEM

VISTOS: estas actuaciones 7505/2022 caratuladas: “K., G.F. c/ E.N.-A.F.I.P.-Ley 20.628 s/proceso de conocimiento”; y,

CONSIDERANDO:

I.Q., mediante el pronunciamiento, del 29/12/2022,

el Sr. Juez de Primera Instancia, hizo lugar a la demanda interpuesta por el Sr. K., G.F. y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 23 inciso c), 79 inciso c), 81 y 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias nº 20.628 (o numeración vigente que la designaba), y ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI), aquí demandada, a que reintegrara aquéllos montos que se hubieran retenido por aplicación de las normas descalificadas, ello desde el inicio de la presente acción y con más los intereses a la tasa prevista en la resolución MH 598/2019 y en el art. 4º primer párrafo de la Res. ME

559/2022, en los periodos de su vigencia (cfr. art. 179 ley 11.683 y modif.,

arts. 10 res. 598/2019 y 9 Res. 559/2022); ello dado que el accionante no introdujo un planteo de inconstitucionalidad adecuadamente fundado contra su aplicación.

Distribuyó las costas en el orden causado.

Para decidir del modo indicado, luego de efectuar una reseña de las actuaciones y de la normativa aplicable en la especie,

concluyó en que el nuevo contexto jurisprudencial establecía que la legislación tributaria – aquí impugnada – igualaba a todos los titulares de beneficios previsionales, tomando como único criterio su capacidad contributiva.

Recordó que, dicho parámetro, como se estipuló en el precedente del Máximo Tribunal “G., M.I., no tomaba en cuenta los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad.

En ese orden de ideas, preconizó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpeló al legislador a adoptar–en la materia que aquí debatida– una regulación diferenciada, que tomara particularmente en cuenta los riesgos de ancianidad y de discapacidad,

contingencias que cubría ese tipo de prestaciones previsionales.

Agregó que tal circunstancia no podía tenerse por cumplida con la sanción de la Ley nro. 27.617, que reformaba la gabela cuestionada.

Fecha de firma: 02/05/2023

Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

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En ese entendimiento, sostuvo que se advertía, en el caso, que el actor presentaba las reclamadas condiciones especiales, habida cuenta su avanzada edad.

Respecto del pedido de inconstitucionalidad de la Resolución MH nro. 598/2019 y el art. 179 de la Ley nro. 11.683, sostuvo que:

…Así pues, -como he sostenido en otras oportunidades-, cabe recordar que cuando se debaten cuestiones constitucionales aparece como sumamente necesaria una adecuada fundamentación al respecto. No basta una invocación genérica de normas constitucionales o expresar un mero desacuerdo con las disposiciones que impugna, sino que también se debe expresar, de modo detallado y fundado,

el agravio o perjuicio respecto del derecho que se invoca (en este sentido, el suscripto en “M.J.A.I. c/ EN – AFIP. LEY 20.628

s/proceso de conocimiento

, expte. 11520/2021, sentencia de fecha 22/09/2022 y “M.S.B. c/ EN-AFIP LEY 20.628 s/ proceso de conocimiento”, expte. 8280/2021, sentencia del 15/12/2022)…” (sic).

En tales términos, dictó el pronunciamiento del 29/12/2022.

II. Que, contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación en fecha 29/12/2022 y expresó agravios en fecha 13/03/2023.

Corrido el pertinente traslado, mereció réplica de su contraria.

A su turno, el Fisco Nacional apeló el decisorio en fecha 07 de febrero de 2023 y expresó agravios en fecha 13 de marzo de 2023.

Corrido el pertinente traslado, en fecha 14 de marzo de 2023, el actor formuló sus réplicas.

III. Que, en ajustada síntesis, en primer lugar, la parte actora se agravia por cuanto considera que el decisor de grado soslayó

que, en orden a la devolución pretendida, en el caso, corresponde la aplicación del art. 56, 5to párrafo de la Ley nro. 11.683, en tanto dispone un plazo de cinco años anteriores a la promoción de la demanda.

Cita jurisprudencia favorable a su postura.

Fecha de firma: 02/05/2023

Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

36280068#366753340#20230502075730000

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En segundo lugar, se queja por cuanto considera que el magistrado de grado omitió analizar el planteo contenido en el inicio respecto a la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la Resolución nro.

598/19 del Ministerio de Economía y del art. 179 de la Ley nro. 11.683.

En ese orden de ideas, asegura que la normativa aludida efectúa un tratamiento arbitrario y por ende inconstitucional respecto desde cuando son exigible los intereses, dependiendo si se trata del contribuyente o de la propia Administración Federal.

Alega que por el juego del plazo de prescripción quinquenal previsto en materia tributaria la AFIP puede reclamar intereses en forma retroactiva al menos por cinco años.

Explica que diferente tratamiento otorga la normativa cuestionada a la situación inversa, es decir, cuando es el contribuyente “quien detecta que la AFIP lo ha obligado con un tributo, que a decir de la propia CSJN, resulta inconstitucional y pretende su restitución con más los intereses. Para estos casos, como se mencionó inicialmente el interés corre contra el fisco desde la interposición de la demanda o de la interposición del reclamo administrativo.” (sic).

Concluye, en ese sentido, en que “queda en evidencia que frente a un mismo hecho ingreso - contribuyente- o exigencia –administración- de un impuesto, la Ley trata de manera diferente a cada uno, violando diversas disposiciones constitucionales. Al primero castigando su inacción en la reclamación, desconociendo al menos, la prescripción quinquenal. Al segundo premiando su poder fiscalizador pudiendo exigir los intereses desde el vencimiento del impuesto.” (sic).

Cita el art. 4º de la Resolución nro. 314 del Ministerio de Economía y Producción.

Puntualiza que todo lo expuesto pone en descubierto la desigualdad en que se pone frente a la ley al contribuyente y al Fisco.

Solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 179

de la Ley nro. 11.683 y de la Resolución nro. 598/19 del Ministerio de Economía y Producción, ordenándose la aplicación de la tasa activa desde que cada suma es debida.

Finalmente, solicita se revoque lo decidido en punto a los accesorios y, en consecuencia, se impongan las costas a la parte demandada vencida.

Fecha de firma: 02/05/2023

Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

36280068#366753340#20230502075730000

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IV. Que la demandada se agravia, en primer lugar,

por cuanto sostiene que la sentencia en crisis fue dictada con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley nro. 27.617 (que reformó la Ley del Impuesto a las Ganancias).

Recuerda que, a través de dicha reforma, se introdujeron modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias, la cual -

conforme su redacción actual vigente al momento de dictar sentencia-

establece que se encuentran alcanzadas “las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación dispuestas por la ley 24.018” -cfr. artículo 82 inciso c-.

Agregó que “… [r]especto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a ocho (8) veces la suma de los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas…”.

Advierte que, en el caso de autos, el señor juez a quo declaró la inconstitucionalidad de una norma que ya no estaba vigente al momento de dictar sentencia y se basó para ello en el precedente “G.,

M.I..

Asevera que, la Ley nro. 27.617 vino a poner el límite temporal al condicionante impuesto por el Máximo tribunal; lo cual constituye fundamento suficiente para que se modifique la sentencia dictada por el decisor de grado y se deje sin efecto la inconstitucionalidad declarada.

Ello así, toda vez que las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas (Fallos: 300:844;

301:947; 306:1160: 318:342, entre muchos otros) y que el proceso debe atender el desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte, en aras a lograr la concreción del valor justicia en cada caso concreto y salvaguardar la garantía de defensa en juicio (Fallos: 323:1321; 3305345 y 338:1311, entre otros).

Agrega que de los últimos recibos de haber acompañados por el actor (octubre, noviembre y diciembre de 2022) se Fecha de firma: 02/05/2023

Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

36280068#366753340#20230502075730000

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advierte que no caben dudas que los haberes previsionales de la actora se encuentran dentro del ámbito de imposición de la gabela.

Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

En segundo lugar, manifiesta que se agravia de que el decisor de grado, a los fines de declarar la inconstitucionalidad del artículo 79, inciso c, de la ...

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