Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 17 de Septiembre de 2013, expediente CAF 028232/2013

Fecha de Resolución17 de Septiembre de 2013
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA II

28232/2013 “KATZ JAIME ELIAS (TF 29321-I) c/ DGI”

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013.-

Y VISTOS, Expte. Nº28.232/2013 “K.J.E. (TF 29321-I) c/ DGI”,

CONSIDERANDO:

  1. Que a fs. 946/951 el Tribunal Fiscal de la Nación, decidió revocar las Resoluciones Nº 4/2007 y 5/2007, dictadas por la Jefa de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP – DGI,

    por las que se impugnaron las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 3/2004 a 12/2004 y 3/2005 a 6/2005 y se determinó el monto a ingresar con más intereses resarcitorios.

    Examinó la prueba producida en las actuaciones -informativa y pericial contable-, y afirmó, que de las probanzas arrimadas a la causa,

    corresponde considerar con especial atención las constancias emitidas por el sistema informático de la AFIP – DGI, que fueron acompañadas por el perito designado a propuesta de la parte actora a los efectos de responder si los proveedores cuestionados se encontraban incluidos en la base A. al momento de efectuarse las operaciones de compra con el contribuyente.

    En ese orden, destacó que se han aportado en autos las constancias que verifican la validez de los comprobantes respaldatorios de las operaciones impugnadas, por manera que, concluyó el a quo, el recurrente logró acreditar que los proveedores que le vendieron la mercadería contaban con una autorización válida para operar comercialmente, por lo que el organismo fiscal no puede sostener que aquéllos carecían de capacidad operativa cuando es el mismo ente el que los autorizó a ejercer esas operaciones comerciales.

    Señaló que el perito designado a propuesta del Fisco Nacional al responder el punto 5) de la pericia contable, a fs. 857/860, citando un ejemplo, explica que a partir del mes de noviembre de 2005 se centralizaron todas las bases Apoc que poseían las distintas dependencias,

    lo que generó que se obtengan respuestas dispares según que la consulta haya sido efectuada antes o después de tal fecha, para concluir que no hay antecedentes que acrediten la verdadera situación de los proveedores del Sr.

    K. al momento de las operaciones facturadas al él.

    Sentado ello, puso de relieve que de las constancias agregadas en autos se observa que la información se encuentra actualizada al 27/5/2008,

    es decir que, a tal fecha los proveedores todavía podían operar válidamente porque sus facturas contaban con autorización vigente al efecto. Añadió que debe resaltarse que las consultas a la base informática del Fisco Nacional constituyen el instrumento legítimo del que disponen los contribuyentes para controlar la situación fiscal de sus proveedores, y así está visto que en las constancias emitidas por el organismo recaudador se advierte que los aquí observados se encontraban inscriptos y contaban con autorización otorgada por el organismo para emitir facturas por sus actividades comerciales.

    Asimismo, expresó que a fs. 725 y siguientes del expediente se encuentran agregadas las facturas entregadas por los proveedores, respecto de las cuales se constató su validez a través del sistema de consulta del organismo fiscal. Ello así, afirmó que esa prueba documental impide que el Fisco Nacional desconozca su validez, ya que no puede en primer término autorizar la inscripción de un contribuyente bajo determinada actividad,

    conferirle autorización para emitir las facturas y luego aducir sin demostrarlo, que revisten la calidad de proveedores apócrifos por carecer de capacidad operativa.

    Sobre el punto, agregó que las respuestas dadas por los distintos frigoríficos oficiados brindaron datos sobre la faena efectuada por los proveedores en cuestión, de modo que los informes receptados, demuestran eficazmente que aquéllos disponían de la mercadería que luego vendían.

    En ese orden, tuvo por acreditado que el Fisco nacional se basó en presunciones vinculadas con situaciones fácticas atribuidas a terceros (proveedores) pero que por vía indirecta le han sido imputadas al recurrente. Así expresó que, la circunstancia de que la Administración Tributaria sostenga que los proveedores carecen de capacidad comercial,

    que no registran empleados en relación de dependencia o que no presentan declaraciones juradas, no puede ser reprochado al contribuyente, porque la Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

    FEDERAL- SALA II

    falsedad de un comprobante no puede basarse únicamente en tales argumentos sin que consten las debidas demostraciones de lo que se afirma,

    sin perder de vista que todas estas afirmaciones son muy posteriores a los hechos investigados y no existían contemporáneamente a los mismos.

    Como corolario, sostuvo que la presente causa responde a hechos y pruebas debidamente constatados, en las que los elementos recabados durante la verificación no resultan suficientes para afirmar que se trata de operaciones simuladas. Ello por cuanto, la recurrente ha logrado desvirtuar el parecer fiscal, por cuanto las facturas fueron emitidas por los proveedores y las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la Resolución General nº 3419 y sus modificaciones y complementarias; y si bien el Fisco insiste en que los comprobantes carecen de validez porque la actividad declarada por las empresas no coincide con la consignada en sus declaraciones juradas, o porque éstas no son presentadas o no tienen empleados en relación de dependencia, ello no logra menoscabar el valor probatorio que reviste la documentación respaldatoria exhibida.

    Por último, afirmó que la insinuación formulada por la representación fiscal en su alegato de fs. 930/930vta., en el sentido de haberse hipotéticamente suplantado fotocopias de las pantallas de su sistema informativo por internet, resulta inadmisible, toda vez que le material empleado continuaba apareciendo tres años después de la época que aquí se examina.

    En mérito a todo lo expuesto es que decidió revocar las resoluciones determinativas apeladas, con costas a la vencida.

  2. Que contra esa resolución interpuso el Fisco Nacional el recurso de apelación que obra a fs. 957.

    Invocó la arbitrariedad del pronunciamiento apelado, con fundamento en que el juzgado ha excedido los límites de una razonable y discreta interpretación para hacer caer las consecuencias jurídicas del acto administrativo, tanto respecto de las cuestiones de hecho y prueba con de interpretación de la normativa aplicable.

    Afirmó en relación al carácter de apócrifas de las operaciones impugnadas que, contrariamente a lo sostenido en la resolución apelada, el criterio fiscal se fundó en un cúmulo de situaciones que llevaron a concluir que los negocios carecían de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR