Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 28 de Noviembre de 2019, expediente CAF 026655/2019/CA001

Fecha de Resolución28 de Noviembre de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 26655/2019/CA1 KABAKIAN, LEANDRO Y OTRO c/ COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL s/EJERCICIO DE LA ABOGACIA - LEY 23187 - ART 47 Buenos Aires, de noviembre de 2019.- LRA VISTO:

El recurso de apelación deducido por los actores a fs. 210/229vta., contra la resolución de fs.199/201vta.; y CONSIDERANDO:

  1. ) Que, a raíz de la comunicación del fiscal a cargo de la F.ía Nacional en lo Correccional Nº 14 respecto de la actuación de los abogados J.M.K. y L.K. en la causa 59.233/2014 “G., M. y otros s/

    prevaricato y abuso de autoridad”, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal inició actuaciones sumariales contra los profesionales (fs. 1/38).

  2. ) Que, en lo que ahora interesa, la S. I del Tribunal de Disciplina resolvió aplicar a ambos letrados un llamado de atención en los términos del art. 45, inc. a, de la ley 23.187 (fs. 199/201vta.).

    Para resolver de ese modo, señaló que examinaría la cuestión a partir de la comunicación del fiscal que dio inicio a la causa disciplinaria y de los descargos de los profesionales denunciados, conjuntamente con la prueba incorporada al sub lite.

    Sobre esa base, entendió que con la denuncia que formularon en el proceso judicial mencionado los encartados pretendieron criminalizar las resoluciones adoptadas por los jueces en otras causas penales en que se vieron afectados, no porque esas decisiones fueran contrarias a derecho o fundadas en hechos falsos, o fueran dictadas en forma contraria a las leyes, sino sencillamente porque los abogados no estuvieron de acuerdo con ellas, ni con la interpretación y aplicación de la ley en cada caso, considerando el fiscal actuante que ello constituyó un dispendio de actividad jurisdiccional (fs. 200vta.).

    El Tribunal de Disciplina consideró que de la prueba colectada se desprendía que los argumentos de los letrados para formular la denucia penal contra los jueces carecían de cualquier tipo de respaldo y que aquellas decisiones judiciales, acertadas o no, desde el relato de los profesionales denunciantes ni siquiera podían vislumbrarse como actos jurisdiccionales contrarios a la ley.

    Teniendo en cuenta esta circunstancia, a fin de determinar si la conducta de los abogados resultaba contraria a las normas éticas que rigen la profesión, entendió que esa Fecha de firma: 28/11/2019 Alta en sistema: 29/11/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #33642426#246974021#20191128111052406 actuación debía ser analizada con mesura y especial cuidado, toda vez que ello conllevaba el serio riesgo de rozar los límites del legítimo derecho de defensa (fs. 200vta., cuarto párrafo).

    Pues bien, con esa comprensión del asunto, el órgano encargado de evaluar el comportamiento ético de los profesionales abogados consideró que la conducta de los sumariados resultó absolutamente infundada, que estuvo lejos de guardar el estilo que todo letrado debe observar frente a la administración de justicia y que no demostraba un actuar probo y de buena fe.

    Señaló, también, que es evidente el deber del abogado de utilizar todas las armas procesales para conseguir el objetivo buscado, pero sin excederse en las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico, pues su conducta debe estar caracterizada por la probidad, la lealtad y el desempeño de su ministerio con dignidad.

    En esta misma línea de razonamiento, sostuvo que la conducta del abogado debe estar garantizada por la veracidad, por lo que no puede realizar o proponer actos en fraude a la ley, sostener o negar falsamente, ni llevar a cabo acciones que perjudiquen el normal funcionamiento de la administración judicial, o afecten la confianza pública o privada mediante actitudes engañosas, así como que el desempeño de la defensa implica la dedicación absoluta en el resguardo de la ley y del debido proceso, por lo que asumirla de manera negligente, ignorando las reglas procesales y de litigación, o ideando teorías metajurídicas en sustitución de las normas vigentes, constituye una violación a los debereres del abogado y un comportamiento indigno que proyecta el desprestigio sobre la matrícula toda.

    En conclusión, consideró que las constancias obrantes en la causa demostraban que se había configurado un incumplimiento a las normas éticas (art. 44, incs. f, g y h, de la ley 23.187), que correspondía sancionar. En este punto, para determinar la sanción tomó en cuenta que durante el trámite del sumario los letrados siempre comparecieron a derecho y que no registraban sanciones en sus legajos (fs. 201 y vta.).

  3. ) Que, contra dicha resolución, en escrito único, ambos letrados dedujeron el recurso directo que prevé el art. 47 de la ley 23.187 (fs. 210/229vta.).

    En forma conjunta sostienen que, al momento de aplicar la sanción, la potestad disciplinaria había prescripto porque transcurrieron más de dos años entre la interposición de la denuncia y la citación de fs. 124vta., acto al que atribuyen efecto interruptivo del curso de la prescripción (fs. 211vta./212vta.).

    El letrado L.K., en primer término, plantea la nulidad de la resolución porque no fue notificado de la nueva integración del Tribunal de Disciplina (fs. 210)

    y ello era necesario para recusar, formular observaciones o impugnar a los nuevos miembros, porque, según dice, entre ellos hay adversarios políticos por su condición del miembro titular de la Comisión de Defensa del Abogado (fs. 210vta., énfasis en el original).

    Fecha de firma: 28/11/2019 Alta en sistema: 29/11/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #33642426#246974021#20191128111052406 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Además, cuestiona la sanción porque, siempre según su punto de vista, el Tribunal de Disciplina no trató el planteo central de su defensa, que fue que no suscribió la denuncia penal como abogado sino en su carácter de ciudadano, y destaca que tampoco la ratificó ni asumió el rol de querellante en esa causa. Por ello, considera incongruente que se lo sancione por un hecho realizado fuera del ejercicio de la profesión (fs. 213).

    También aduce que se vulneró su derecho de defensa, porque en la resolución sancionatoria no se hace mención a los planteos que introdujo en su descargo, ni se tomó en cuenta su alegato (fs. 215 y ss.), en los que desarrolló la defensa de que la denuncia penal no tiene vinculación con el ejercicio de la abogacía.

    Por otro lado, en el mismo escrito, el letrado J.M.K. expone los siguientes agravios contra la decisión del Tribunal de Disciplina: (i) el sumario tiene como base la denuncia que realizó un fiscal que tiene enemistad política y manifiesta y jamás se apartó de las actuaciones a pesar de estar recusado (fs. 222/225vta.); (ii) la denuncia debió ser desestimada in limine, porque en el dictamen de la Unidad de Instrucción se indicó que la temeridad y malicia del obrar del abogado debía ser declarada por el juez y no por el fiscal y ello no sucedió (fs. 226 y vta.); (iii) asimismo, formula manifestaciones respecto del fiscal que realizó la denuncia (fs. 227); y, por último, (iv) aduce que se violó el principio del juez natural que impone la nulidad de la resolución porque no se notificó al abogado L.K. la nueva integración de la sala del Tribunal de Disciplina que aplicó la sanción (fs. 227vta./228).

  4. ) Que, a fs. 246/252, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, al contestar el traslado de fs. 241, solicitó el rechazo del recurso y defendió la validez de las sanciones aplicadas.

  5. ) Que, a fs. 258, el señor F.C. se pronució por declarar admisible el recurso, con lo que las actuciones se encuentran en estado de resolver.

  6. ) Que, tal como se han planteado los temas a consideración del Tribunal, en primer término, se debe examinar el planteo de prescripción de la potestad disciplinaria, porque en caso de ser admitido no correspondería tratar los restantes.

    El art. 48 de la ley 23.187 establece: “(l)as acciones disciplinarias prescribirán a los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR