Cuando lo justo práctico del derecho es más que lo justo legal. El auto de procesamiento y el doble conforme como garantía constitucional bajo el principio de igualdad ante la ley y a la luz del fallo 'Diez'

• Autor: Javier Casaubon
• Páginas: 152-175

Casaubon, Cuando lo justo práctico del derecho es más que lo justo legal…

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Cuando lo justo práctico del derecho

es más que lo justo legal.

El auto de procesamiento y el doble conforme

como garantía constitucional bajo el principio de igualdad

ante la ley y a la luz del fallo “Diez”*

Por Javier Casaubon

“La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada hombre lo suyo”.

Ulpiano

1. Introducción: la revisión dual vertical u horizontal como cuestión federal en

resoluciones equiparables a definitivas

Supongamos un caso de los muchos que vemos a diario y que la Sala I de la

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, ha-

ciendo lugar a una apelación del fiscal o la querella, revoca el sobreseimiento dictado

por el juez de instrucción y dispone el procesamiento del imputado Juan según lo so-

licitado por la parte acusadora. Contra esa resolución la defensa del nombrado inter-

puso recurso de casación, cuya denegación motivó el recurso de queja bajo la premisa

de sentencia arbitraria.

Al examinar la presentación directa, por el agravio de ese auto de procesa-

miento directamente desde cámara, la Sala de Turno de la Cámara de Casación en lo

Criminal y Correccional observó que, para rechazar el recurso de casación, el a quo

había señalado que la resolución atacada no se halla comprendida dentro de las cau-

sales de ley, sean definitivas o equiparables a ellas1, y que la discrepancia del recu-

rrente es una mera opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta2. En conse-

cuencia, el tribunal de casación estimó que no resulta de aplicación la alegada doctrina

de la arbitrariedad dado que los agravios no encuadran dentro de las previsiones del

mismo ordenamiento legal3. A su vez, este tribunal con especificidad agregó que los

interlocutorios como el que sujeta a Juan a proceso criminal, no reúnen por regla la

calidad de sentencia definitiva y no corresponde hacer excepción a este principio4.

* Bibliografía recomendada.

1 “Además de los casos especialmente previstos por la ley y con las limitaci ones establecidas en

los artículos siguientes, podrá deducirse este recurso contra las sentencias definitivas y los autos que

pongan fin a la acción o la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la

extinción, conmutación o suspensión de la pena”, Código Procesal Penal de la Nación, art. 457.

2 CSJN, “Guerreño, Francisco c/Club Universitario de Buenos Aires”, 17/4/80, Fallos, 302:284.

3 “El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos: 1) Inobservancia o

errónea aplicación de la ley sustantiva. 2) Inobservancia de las normas que este Código establec e bajo

pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad

absoluta, el recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o

hecho protesta de recurrir en casación”, Código Procesal Penal de la Nación, art. 456.

4 CSJN, “Castro Viera, Gregorio Daniel”, 30/7/87, Fallos, 310:1486.

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Por otro lado, en nuestro caso de análisis, el a quo, sobre la doble instancia

invocada por el impugnante, recordó lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación

Penal en el precedente “Alderete”5 para concluir, en consecuencia, que se ha verifi-

cado la satisfacción de la revisión amplia que la parte agraviada pretende; toda vez

que de ese modo ha quedado complacida la garantía de la doble instancia contenida

en el art. 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 14.5. del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de rango constitucional6.

Cabe aquí diferenciar lo que muchos abogados defensores, fiscales o quere-

llantes confunden: la distinción intrínseca entre el requisito de la impugnabilidad obje-

tiva y el de los motivos de casación. Pues sucede que cuando los tribunales rechazan

la impugnación por no adecuarse la resolución recurrida al art. 457 del código de

forma, conforme numerosos precedentes, no examinan los motivos de casación. De

tal manera, las causales de casación no suplen dicho requisito del artículo adjetivo,

dado que son exigencias concurrentes. ¿Cuántos expedientes menos tendrían que

examinar los tribunales de casación si los abogados se atuvieran fielmente a estas

dos premisas, evitándose así grandes pérdidas de tiempo y de recursos?

En el caso de Juan, el impugnante no se limitó a expresar una mera disconfor-

midad con la resolución recurrida, sino que pretendía obtener una primera revisión del

procesamiento dictado directamente por la Sala I del tribunal de alzada invocando

concretamente esa garantía. Dicha pretensión no es efectuada en términos abstractos

y generales, sino como cuestión federal en tanto se había desconocido la garantía de

revisión dual para que este mismo derecho no se vea privado o se torne inoperante

respecto de Juan en este determinado proceso.

Por su parte, el recurrente se había encargado de demostrar cuál es la inobser-

vancia de la ley aplicable al caso y de refutar dicho error, precisando la materia federal

involucrada y la relación directa existente entre ella y la solución que pretendía; extre-

mos que consignó puntualmente enmarcados entre los motivos de casación7.

Particularmente, el agravio consistía en que se había producido la privación de

la posibilidad de recurrir, lo cual se materializó según la perspectiva de la parte con el

procesamiento de Juan dictado por el a quo sin reenvío; y sin disponer que una nueva

sala hábil conozca a modo de “tribunal horizontal” contra la decisión de su par que

ordenó dicho procesamiento. Es decir, se argumentó la necesidad de revisión hori-

zontal como garantía constitucional, lo cual debe ser decidido por el tribunal de casa-

ción.

En principio cabe consignar que el auto de procesamiento no se encuentra

comprendido en ninguna de las decisiones sujetas a casación por mandato expreso

literal de la ley8. Diversas salas de la Cámara del Crimen de la calle Viamonte 1155

de esta ciudad, deniegan el recurso de casación argumentando que:

El ordenamiento procesal vigente establece, en el mentado artículo, una

limitación objetiva para la procedencia del recurso de casación que, en lo sus-

tancial, exige que se trate de sentencia definitiva o equivalente, entre las que no

5 CNCas Penal, 31/3/15, “Alderete, Jorge Nicolás”, causa CCC 54996/2013/2/RH1, Reg. n° S.T.

44/2015.

6 Art. 75, inc. 22, Const. nacional.

7 Código Procesal Penal de la Nación, art. 456.

8 Código Procesal Penal de la Nación, art. 457.