La Justicia y su vergonzosa deuda con Río Tercero

El atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, que en 1995 mató a siete civiles e hirió a centenares, es uno de esos casos en los que, a la crueldad del hecho en sí, se ha sumado la indiferencia de la sociedad y una actitud más que sospechosa del Estado y de algunas instancias judiciales. Basta recordar que ni siquiera ha comenzado el juicio oral.Por eso, a sólo un mes de cumplirse 18 años de la voladura con la que, según la Justicia, se intentó borrar pruebas del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador durante el menemismo, es auspicioso que la Cámara Civil y Comercial Federal haya ordenado indemnizar con 5.462.817 pesos a nueve personas y a los familiares de otras tres ya fallecidas, quienes sufrieron daños en sus casas y comercios cercanos a la fábrica militar, además de las lesiones físicas y psíquicas.De todos modos, cabe plantearse cómo es posible que esas víctimas y los familiares hayan tenido que aguardar 18 años para ser indemnizados. Tengamos presente, además, que ya existen sentencias de similar tenor resueltas por juzgados federales de Córdoba, como la que autorizó pagar una suma total de cerca de diez millones de pesos a unos 500 habitantes de Río Tercero que habían reclamado por daño moral. Para desgracia de los afectados, en virtud de la ley de emergencia, el Estado nacional pagará con bonos.En total, suman alrededor de 12.000 los pobladores que iniciaron juicios civiles contra el Estado nacional, pues hubo varios barrios que resultaron arrasados por la sucesión de explosiones del 3 de noviembre de 1995. Muchos obtuvieron sentencias favorables, pero los abogados del Estado las apelaron. Si bien es cierto que esos letrados están obligados a apelar, debería haberse contemplado el caso especial que representó este atentado del que fue víctima la ciudad entera, de forma tal de evitar la apelación estatal y así acortar los tiempos judiciales y permitir una más rápida indemnización a los damnificados y sus familias.Pero además, algunos de esos abogados que representan los intereses del Estado han ido más allá de su obligación y, con injustificado celo, han incursionado en la mentira insultante al afirmar, por ejemplo, que no se ha probado la responsabilidad estatal y que las explosiones pudieron obedecer a un ataque terrorista.A esta altura de las investigaciones, sostener esos disparates resulta francamente ofensivo y muestra una ignorancia absoluta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR