La Justicia procesó a un exfuncionario de Macri por proteger a Farmacity

Raúl Alejandro Ramos se convirtió ayer en el primer secretario de Estado del gobierno de en ser procesado y embargado por la Justicia, que consideró que existen pruebas suficientes para sospechar que protegió del Ministerio de Salud a Farmacity, la empresa que creó y lideró Mario Quintana hasta asumir como vicejefe de Gabinete.

El juez federal Sebastián Ramos consideró que su homónimo, sin parentesco, abusó de su autoridad, al retardar la aplicación de sanciones contra Farmacity, sin una justificación válida, mientras sí se sancionaba a otras farmacias sumariadas por infracciones similares.

Estimó que como secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud -máximo responsable jerárquico a la hora de imponer sanciones-, Ramos no ejecutó la ley como debía contra Farmacity, lo que en la práctica se enmarcaría en una omisión por el "retardo administrativo".

"El imputado poseía la competencia funcional y era la autoridad de aplicación que debía resolver los sumarios sanitarios, esto es, dictar y ejecutar" las sanciones, remarcó el juez, que dispuso un embargo por la cifra simbólica de $2000.

La resolución judicial encontró a Ramos ya fuera del Ministerio de Salud, donde trabajó durante nueve meses, entre febrero y noviembre de 2017, cuando se marchó junto al ministro Jorge Lemus.

Para entonces, no obstante, Ramos ya afrontaba la denuncia penal que radicó la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) por la supuesta protección que habría brindado a Farmacity, luego de que los inspectores del Ministerio de Salud informaron sobre múltiples violaciones a las regulaciones del sector.

La COFA denunció que Ramos cajoneó un expediente en que sus subordinados determinaron que debía sancionarse a Farmacity para, en una segunda etapa, negarse a firmar una sancionar y ordenar que el expediente se enviara al archivo. Según la entidad denunciante, "a una vía muerta".

Ante ese cuadro, la COFA consideró que Ramos habría cometido los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, que imponen multa e inhabilitación al funcionario que "ilegalmente omitiera, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".

Ante la consulta de LA NACION, Farmacity negó "haber recibido un trato diferencial o protección por parte de funcionarios de gobierno, en beneficio de su negocio". Y añadió que "opera en un marco ético y de transparencia como pilares de su accionar en la Argentina, siempre en pos de...

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