Justicia: politizadas e interesadas objeciones

Cuando comenzaron a conocerse los nombres de quienes acompañarían al nuevo presidente en responsabilidades ministeriales, el de Marcela Losardo fue recibido con gran beneplácito en la comunidad jurídica. Se trata de una profesional de larga trayectoria, que mantiene un diálogo fluido con todos los sectores y que porta un mensaje de convivencia y superación de las penosas consecuencias que la triste y famosa "grieta" ha dejado en Comodoro Py.Sin embargo, este auspicioso impulso se vio bien pronto frenado por una serie de señales que nos indican que, lamentablemente, los viejos fantasmas de la intolerancia y los ataques contra la independencia judicial se han instalado nuevamente entre nosotros, a tal punto que dirigentes de la oposición denuncian un plan kirchnerista para someter a la Justicia. Hay datos claros y contundentes de que se pretende ir en ese sentido, entre ellos, el proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, la constante mención a un lawfare inexistente y la derogación del decreto sobre protección de testigos.En esa dirección también se inscribe la designación de Juan Martín Mena como secretario de Justicia, quien debería ser automáticamente descalificado por su implicancia en los oscuros manejos que llevaron a la firma del tratado con Irán, los que le valieron el dictado de un procesamiento y su juzgamiento en un juicio oral aún pendiente de concreción. La mínima prudencia aconsejaba no traer a la función pública a quien enfrenta tan grave imputación, por lo menos hasta que la Justicia dicte su veredicto. A ello se une su pasado como activo agente de la AFI, ex-SIDE, en una época en que el organismo enfrenta serios y graves reproches.También la designación del fiscal Félix Crous al frente de la Oficina Anticorrupción responde abiertamente a la incondicional adscripción del funcionario a los postulados del kirchnerismo y de su agrupación afín, Justicia Legítima, tal como él mismo lo ha admitido públicamente al expresar que adhiere a esa ideología.Resulta alarmante además que, escondida detrás de amenazas de recortes de haberes jubilatorios, el Gobierno despliegue otra deplorable estrategia, consistente en provocar una catarata de renuncias de magistrados independientes y probos para poder ubicar en sus puestos a jueces afines.En el mismo preocupante contexto debe considerarse una tan insistente como injustificada campaña lanzada desde ciertos sectores, objetando los traslados de los jueces de cámara del fuero criminal...