La Justicia comenzó a dar señales a favor de la baja de los costos laborales

El relato de la lucha contra las "mafias" es el nuevo leitmotiv oficial. En las últimas semanas cayeron en desgracia el sindicalista de la construcción y el empresario naviero Miguel Ángel Doñate. Pero pocos recuerdan que el nombre que inauguró la embestida fue el del diputado del FPV y abogado laboralista, . En junio pasado, el presidente lo acusó públicamente de encabezar la "mafia de los juicios laborales".

El mandatario había sido notificado en esos días de que el 50% de las demandas laborales en 2016 había estado en manos de 60 abogados y que esos juicios habían generado US$ 600 millones en honorarios para esos estudios, multiplicando el costo laboral de las empresas privadas -hay aún en la actualidad un stock de 300.000 juicios contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)- y complicando la creación de empleo.

En febrero pasado, el Gobierno había logrado aprobar en sesiones extraordinarias del Congreso el nuevo régimen de ART. En poco tiempo adhirieron la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, pero la política -en el Gobierno culpan a Sergio Massa- frenó aún la aprobación en la provincia. Todo se destrabaría en noviembre.

Sin embargo, por lo bajo y pese a que todavía no se resolvió la constitucionalidad o no de la ley, la Justicia comenzó a allanar la aceptación del nuevo sistema de riesgos del trabajo con fallos, incluso, de la Corte. La última novedad llegó el martes pasado, cuando ese cuerpo revocó un fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que obligaba a la transportadora de caudales Brinks a pagarle a una recontadora de billetes $ 4.000.000 por una tendinitis en su muñeca.

La trabajadora les había hecho juicio a la empresa y a la ART reclamando una indemnización de $ 482.112 por las lesiones físicas que, según dijo, le provocaban un 50% de incapacidad. En el juicio se comprobó que la trabajadora sólo había sufrido una leve lesión en sus muñecas que le provocaba una incapacidad física del 7,32%. Sin embargo, el fallo de la Sala III, firmado por Diana Cañal y Néstor Rodríguez Brunengo, sostuvo que de esa lesión se derivaba también una incapacidad psíquica del 10% y resolvió que la empresa y su ART debían pagar una indemnización por daño material y moral de $ 1.150.000. A eso se le sumaron intereses. La cuenta llegó a los 4 millones de pesos.

La Corte revocó esa decisión. Estimó que los jueces de la cámara fijaron la indemnización apoyándose en pautas sumamente genéricas "que no permiten verificar...