La justicia cierra el cerco sobre Puigdemont: pide su arresto

 
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MADRID.- A pesar de su huida a Bruselas, el ex presidente catalán se expone a una larga temporada en prisión. La justicia española emitió anoche una orden de captura internacional contra él y los cuatro miembros de su gobierno que lo siguieron en el exilio voluntario en Bélgica.

"No voy a escapar. Voy a ir a la verdadera justicia, no a la justicia española. En España no hay garantías para un juicio justo e independiente", denunció en una entrevista televisiva grabada poco antes de convertirse oficialmente en prófugo.

En las próximas horas, la policía belga deberá ponerlo a disposición de un juez que decidirá si lo entrega a Madrid, en donde duermen en la cárcel desde el jueves el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros siete ex ministros.

La jueza Carmen Lamela los acusa a todos de rebelión, sedición y malversación a raíz del proceso separatista que culminó el 27 de octubre con la proclamación de la república catalana. A Puigdemont y los demás ex funcionarios que se negaron a ir a declarar les añadió otros dos delitos: prevaricación y desobediencia de la autoridad.

La crisis de Cataluña entra así en otro estadio dramático cuando faltan menos de 50 días para las elecciones que convocó el presidente Mariano Rajoy, después de disolver el gobierno de la Generalitat y de intervenir las instituciones autonómicas.

Puigdemont anunció ayer que está analizando la posibilidad de ser candidato en esos comicios y hacer campaña desde Bélgica. También alentó la conformación de una lista única del soberanismo para enfrentar a Rajoy y reclamar la liberación de los presos. "Ya no se trata de «independencia sí o no», sino de «democracia sí o no»".

Lamela cursó una orden europea de captura, que habilita un proceso de extradición abreviado entre países comunitarios. Un juez belga estudiará el caso y fallará en un máximo de 90 días. En ese lapso podría dictarles prisión preventiva o dejarlos en libertad vigilada.

En el pedido internacional, la Audiencia Nacional achaca a Puigdemont y a sus colaboradores Lluís Puig, Antoni Comín, Meritxell Serret y Clara Ponsatí haber "puesto en peligro el Estado de Derecho".

Sostiene que "llevaron a cabo con fondos públicos un referéndum independentista para lograr la secesión de Cataluña", y que "para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección y desafiando el ordenamiento constitucional". Por todo eso dispone que ingresen en...

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