La Justicia busca más responsables en la operatoria que favoreció a Lázaro Báez

RÍO GALLEGOS.- La Justicia Federal está decidida a encontrar a los responsables locales de la trama que permitió beneficiar al empresario detenido Lázaro Báez por más de $46.000 millones en obra pública. Por eso busca pruebas para avanzar contra funcionarios del gobierno de Santa Cruz que con su aprobación u omisión de controles favorecieron la ingeniería administrativa montada entre 2003 y 2015.

Hace tres meses que los investigadores avanzan sobre el rol que tuvo el gobierno santacruceño. Al momento, ya tienen digitalizados 22 kilos de documentos, donde se acumulan pruebas que permitirían sumar nuevos imputados: analizan el rol de gobernadores, ministros de Economía, fiscales de Estado, tesoreros generales de la provincia y auditores internos en el período analizado, confirmaron a LA NACION fuentes judiciales.

La obra pública, la gran vedette durante el kirchnerismo, se convirtió en una maraña de expedientes entre los que se buscan huellas que fueron dejando los responsables.

Sobre la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad provincial, que debía controlar los procesos licitatorios, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ya habían determinado que las oficinas eran un engranaje más del "plan criminal" que denuncian.

En la causa ya se encuentran procesados y cerca del juicio oral la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el empresario Báez y una veintena de funcionarios nacionales y provinciales vinculados a Vialidad, todos investigados por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.

Se les adjudica haber conformado una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de Santa Cruz a favor de Austral Construcciones y otras empresas satélite.

Pero la investigación tiene una pata más, que es la determinación del rol y de la responsabilidad que tuvieron los funcionarios de la provincia de Santa Cruz en la asignación de la obra pública. "Queremos cerrar el círculo, avanzar sobre los funcionarios provinciales y sobre los empresarios que actuaron junto a Báez", confirmaron fuentes con acceso a la investigación.

La hipótesis judicial que investigan es clara: la estructura orientada a la sustracción de fondos públicos se armó a nivel...