La Justicia avanza cada vez más decidida sobre Cristina Kirchner

La mancha del escándalo está mojando muy cerca, demasiado cerca, de Cristina Kirchner. La ex presidenta y su hijo Máximo fueron imputados en una nueva causa por supuestos hechos de corrupción en la compraventa y el alquiler de inmuebles de la empresa Los Sauces. Los delitos que se investigan son la adulteración de documentos públicos, omisiones y adulteraciones en declaraciones juradas, enriquecimiento ilícito y, eventualmente, lavado de dinero.

La segunda imputación directa contra Cristina (y la primera contra Máximo Kirchner) la hizo el fiscal Carlos Rívolo ante el juez Claudio Bonadio, que investiga una denuncia presentada por Margarita Stolbizer. Mientras esto sucedía en Buenos Aires, el fiscal Guillermo Marijuan quedaba estupefacto varias veces en Santa Cruz por la fastuosidad obscena de las propiedades de Lázaro Báez.

Hay algo raro (o no tan raro) en esas propiedades inmensas y suntuosas: la mayoría de ellas nunca fueron usadas. No es raro, en efecto, si se analizan esas compras como maniobras de lavado de dinero. En definitiva, es mucho más fácil lavar la compra de inmuebles que dinero en efectivo.

Esta imputación contra Cristina Kirchner y su hijo tiene dos rasgos muy especiales. El primero es que se trata de una investigación en manos del juez Bonadio y del fiscal Rívolo; ambos han mostrado una importante independencia respecto de los Kirch-ner en tiempos en los que a la Justicia le costaba ser independiente.

Bonadio fue el único juez que allanó en Santa Cruz las empresas de la familia cuando Cristina era presidenta

Lo hizo cuando instruía la causa Hotesur, un caso claro de lavado de dinero en hoteles. Se hizo acompañar hasta el Sur por la Policía Metropolitana, bajo el mando del entonces opositor Mauricio Macri. Rívolo fue el fiscal que juntó las primeras y determinantes pruebas contra Amado Boudou en el caso Ciccone, que terminó luego con el procesamiento del entonces vicepresidente (y protegido de Cristina) por parte del juez Ariel Lijo.

La segunda característica es que el caso de la empresa Los Sauces confirma la teoría, extendida entre varios jueces, sobre el sistema de corrupción en los últimos 12 años. Empresarios de obras públicas o subsidiados para la provisión de energía y de transporte facturaban con enormes sobreprecios; ese dinero sobrante servía para pagar sobornos o retornos a los funcionarios que autorizaban los pagos. En algunos casos, como el de Lázaro Báez, eran, además, supuestos testaferros de quienes estaban...