La Justicia amplía el cerco sobre Cristóbal López

 
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El cerco sobre Cristóbal López se amplía. El juez federal Julián Ercolini extendió ayer la inhibición general de bienes a otras 35 sociedades en las que participa el empresario patagónico, con el fin de garantizar la recuperación de los $ 8000 millones en impuestos que adeuda al Estado nacional. Designó, demás, "una veeduría jurídica y contable" sobre todo el Grupo Indalo.

La orden de Ercolini incluye el Banco Finansur y el hotel Los Notros, entre otros activos del "zar del juego" que habían quedado fuera de la inhibición dispuesta el miércoles por Ercolini, y que ahora quedarán congelados y bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Ercolini también ordenó a la Unidad de Información Financiera (UIF) -el organismo antilavado- que le informe sobre todos los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que registre en sus bases de datos sobre López, su socio y lugarteniente Fabián de Sousa o cualquiera de todas las empresas del Grupo Indalo.

Las órdenes se suman a la denuncia que en el fuero penal económico presentó el abogado Gonzalo Espinosa Paz, en representación de empleados de la productora Ideas del Sur, por la presunta retención indebida de aportes previsionales entre noviembre de 2013 y junio de este año.

La denuncia, que recayó en el juzgado de Rafael Caputo, avanza sobre López y De Sousa, pero también sobre el entonces socio y presidente de la productora televisiva, Marcelo Tinelli, al considerarlos presuntos responsables de esas "maniobras dolosas". Consultados por LA NACION, colaboradores de Tinelli dijeron que "por ahora" no harían comentarios sobre la incipiente investigación penal.

López y De Sousa ya fueron citados a prestar declaración indagatoria el mes próximo por otra jueza del fuero penal económico, por la supuesta retención de aportes de los empleados de otra empresa del Grupo Indalo, Telepiu SA, controlante de C5N.

"La decisión de omitir depositar los aportes retenidos al personal hace incurrir a los responsables en el delito de apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social, y ese delito establece una pena de dos a seis años de prisión", remarcó Espinosa Paz, quien pidió el allanamiento de Ideas del Sur para secuestrar todos los libros y documentos contables.

En los Tribunales de Comodoro Py, el abogado designado por la AFIP, Ricardo Gil Lavedra, logró avanzar otro paso en su objetivo de recuperar la deuda fiscal que acumuló López por $ 8000 millones.

"En virtud de la presentación realizada...

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