La justicia ambiental en el Río Sonora

Autor:María Fernanda Ibarra Barreras - José Luis Moreno Vázquez
Cargo:Colegio de Sonora - Colegio de Sonora
Páginas:135-155
RESUMEN

Este artículo contiene un recuento de los acon-tecimientos principales ocurridos en torno al derrame de lixiviados de cobre en un río en el estado de Sonora, México, procedente de un represo de la mina de Cananea. Se ofrecen cifras sobre los impactos sociales y ambientales de la minería, indicadores económicos de su importancia y el programa de expansión de la empresa Buenavista del Cobre,... (ver resumen completo)

 
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María Fernanda Ibarra Barreras y José Luis Moreno Vázquez | La justicia ambiental en el Río Sonora
Dossier Minería | Artículos Convocatoria General
María Fernanda Ibarra Barreras (México)
Colegio de Sonora
feribafe83@hotmail.com
José Luis Moreno Vázquez (México)
Colegio de Sonora
jmoreno@colson.edu.mx
Fecha de recepción: 30/06/2017
Fecha de aceptación: 1/09/2017
The environmental justice in Sonora river
La justicia ambiental en el Río Sonora
Resumen
Este artículo coniene un recuento de los acon-
tecimientos principales ocurridos en torno al
derrame de lixiviados de cobre en un río en el estado
de Sonora, México, procedente de un represo de
la mina de Cananea. Se ofrecen cifras sobre los
impactos sociales y ambientales de la minería,
indicadores económicos de su importancia y el
programa de expansión de la empresa Buenavista
del Cobre, subsidiaria del consorcio trasnacional
Grupo México. Posteriormente, se narra el conlicto
social que se manifestó como resultado del en-
torno políico electoral y la falta de atención a las
demandas de la población afectada, la estrategia
gubernamental y empresarial para resarcir los
daños a través de un fideicomiso, y la ausencia de
transparencia en el acceso a la información pú-
blica. Se discuten los mecanismos existentes en la
legislación mexicana para que la población pueda
acceder a la jusicia ambiental, en el marco de la
Ley de Responsabilidad Ambiental y las Acciones
Colecivas. Se analizan tres casos de demandas de
amparo interpuestas por habitantes de la cuenca
del río Sonora, en materia de manejo de residuos
peligrosos; de consulta y paricipación pública
en la construcción de una nueva presa de jales;
y de aplicación de la normaividad mexicana,
que dispone parámetros de calidad del agua in-
congruentes con los estándares internacionales.
Se concluye que, a tres años de la coningencia, el
conlicto aún está latente y que las resoluciones
Abstract
This aricle contains an account of the main
events regarding the spill of copper leachate
on a river in the state of Sonora, Mexico, from a
dam at the Cananea mine. Numbers are given on
the social and environmental impacts of mining,
economic indicators of its importance and the
expansion program of the company Buenavista
del Cobre, subsidiary of the transnaional
consorium Grupo México. Subsequently, it
narrates the social conlict manifested as a result
of the electoral poliical environment and the
lack of attenion to the demands of the afected
populaion, the government and business strategy
to compensate damages through an escrow fund,
and the absence of transparency in access to
public informaion. The exising mechanisms in
Mexican legislaion are discussed so populaion
can access environmental jusice, under the Law
of Environmental Responsibility and Collecive
Acions. We analyze three cases of protecion
lawsuits filed by inhabitants of the Sonora River
basin regarding hazardous waste management;
public consultaion and paricipaion in the
construcion of a new mine dam; and the
applicaion of Mexican regulaions, which
provide water quality parameters inconsistent
with internaional standards. It is concluded
that, to almost three years of the coningency,
the conlict is sill latent and that the resoluions
of the prosecuion authoriies have omitted to
[ 136 ] María Fernanda Ibarra Barreras y José Luis Moreno Vázquez | La justicia ambiental en el Río Sonora
RevIISE | Vol 10 Año 10 - octubre 2017 - marzo 2018. Argentina. pp. 135-155 | ISSN: 2250-5555 | www.reviise.unsj.edu.ar
de las autoridades judiciales han omiido incor-
porar aspectos básicos de jusicia ambiental, con-
inuando la vulneración de los derechos funda-
mentales de los habitantes de la región.
Palabras clave: Derrame minero, Jusicia
ambiental.
incorporate basic aspects of environmental jusice,
coninuing the violaion to the fundamental rights
of the inhabitants of the region.
Key words: Mine spill, Environmental jusice.
Introducción
Los impactos sociales y ambientales que ha ge-
nerado el crecimiento de la acividad minera
en los úlimos años, son aspectos que preocupan
cada vez más a los habitantes de localidades en
donde se llevan a cabo los procesos de extracción
y beneficio del mineral, y afectan a la población
de regiones vecinas.
Desde la década de 1990, los ajustes estruc-
turales en los países de América Laina promo-
vieron la inversión extranjera en el sector y el
desarrollo de tecnología para la producción de
oro, plata y cobre que conlleva sistemas de tajo
a cielo abierto que implican la remoción de tone-
ladas de ierra y el uso de procesos químicos de
lotación o lixiviación por cianuro, mercurio y
otros químicos altamente tóxicos. Los impactos
incluyen la apropiación y despojo de ierras,
agua y otros recursos naturales, y los impactos
en muchos casos irreversibles al medio ambiente
y a la salud de la población en el mediano y largo
plazo (Delgado, 2010).
Como consecuencia de lo anterior, los conlic-
tos socioambientales relacionados con la mine-
ría son numerosos. A nivel mundial, de 1.560
casos reportados hasta agosto de 2015, 34% tuvo
que ver con casos de exploración, residuos y pro-
cesamiento de minerales (Temper et al., 2015).
Asimismo, la extracción minera es el sector indus-
trial que provoca más denuncias y quejas sobre
violaciones a derechos humanos en el mundo, con
28% del total (ONU, 2008).
En América Laina destaca el grado de violencia
y criminalización asociado a las compañías mine-
ras canadienses. Entre 2000 y 2015, en 14 países, se
documentaron 44 muertes, 403 personas he-ridas y
709 casos de criminalización. México fue el país con
el mayor número de proyectos mineros vinculado
con la violencia reportada (Imai et al., 2017).
En 29 casos de conlictos considerados de
alto perfil en México, 25 son proyectos mineros
impulsados por empresas extranjeras y 18 por
empresas canadienses. Estos proyectos ienden
a localizarse en municipios con altas tasas de
pobreza. En 14 de los casos se trata de municipios
con una incidencia de pobreza en más del 70% de
la población (Tretreault, 2013).
En cuanto al medio ambiente, un estudio sobre las
fallas en presas de jales en el mundo en el siglo XX,
reveló que las razones principales de su presencia
son las lluvias inusuales y la gesión deficiente.
No obstante, su incremento en los años 2000 a
2009 indica cambios recientes en las condiciones
climáicas y prisa por explotar recursos naturales
compromeiendo los estándares de ingeniería
(Azam y Li, 2010). Asimismo, otro estudio mostró
que las fallas clasificadas como graves y muy
graves (verimiento superior a 100 mil metros
cúbicos, desplazamiento superior a 20 kilómetros
y pérdida de vidas) aumentaron su proporción en
el lapso de 1990 a 2009, en relación con el periodo
de 1940 a 1989 (Newland y Chambers, 2015).
El 6 de agosto de 2014, un derrame de 40 mil
metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre
acidulado, en el arroyo Las Tinajas, aluente del
río Bacanuchi, a su vez aluente del río Sonora,
afectó la parte alta de la cuenca. El origen del
derrame fue en un represo de la Compañía
Buenavista del Cobre (BVC), subsidiaria del Grupo
México, cuya División Minera se ubica entre las
más grandes productoras mundiales de cobre,
molibdeno, plata y zinc.
El derrame provocó movilizaciones de protes-
ta de la población afectada, la intervención gu-
bernamental federal a través de la creación de
un fideicomiso, la atención de la prensa local,
nacional e internacional, debates sobre las ven-
tajas y desventajas del auge minero en el estado,
diversidad de posturas entre organizaciones so-
ciales, actores políicos y agentes económicos, y
una preocupación general por los efectos reales
causados por el derrame en la población y la na-
turaleza. La defensa legal de los afectados siguió
varios caminos, los procedimientos instaurados
fueron promovidos desde diversos sectores y con
disintos enfoques.
El objeivo de este trabajo es ofrecer un
recuento de los acontecimientos principales
ocurridos a tres años del derrame, así como
mostrar la carencia de mecanismos jurídicos
idóneos para que la población afectada ejerza su
derecho de acceso a la jusicia ambiental. Se hace
especial énfasis en la construcción social que los

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