Para la justicia, el accionar de los prefectos puso en riesgo al público

Los integrantes de la Prefectura Naval que estuvieron de Costa Salguero como policía adicional pusieron en una situación de "vulnerabilidad" y "desamparo" a todas las personas que fueron a la rave, lo que, a su vez, hizo que se pusiera en riesgo "la salud e integridad física" de todos.

Así lo sostuvo el , a cargo de la investigación, al fundamentar las imputaciones de los 18 prefectos que fueron llamados a declaración indagatoria.

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que para el magistrado el proceder de los prefectos permitió que se hiciera la fiesta Time Warp en un "ámbito de exclusión de toda protección estatal". Esto último también fue responsabilidad de los organizadores del festival, según se desprende de la causa judicial.

Ayer fueron indagados Maximiliano Ávila y Carlos María Garat, dos apoderados de la empresa Dell Producciones SA, firma que organizó la Time Warp, donde murieron cinco jóvenes y otros cinco debieron durante la madrugada del 16 del actual.

Para Casanello, los organizadores, al generar que la fiesta se hiciera en un ámbito de exclusión de toda protección estatal, "permitieron el comercio de estupefacientes; se facilitó y toleró la venta y distribución de sustancias no controladas dentro del predio".

"Estas circunstancias, más la asistencia de más de 20.500 personas [lo permitido era poco más de 13.000], colocaron a los concurrentes en una situación de vulnerabilidad y desamparo que puso en riesgo la salud e integridad de todos ellos."

Teléfono

Casanello ahondó sobre la tarea de la Prefectura Naval y recordó que el comercio de estupefacientes dentro de la fiesta era conocido por el Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la fuerza, que tenía intervenido el teléfono de Lautaro Crespo, sospechado de vender droga sintética y que, según escuchas telefónicas, iba a asistir a la Time Warp.

Crespo es uno de los tres presuntos dealers detenidos la semana pasada. Fue ubicado en la rave de la tragedia en un dictamen de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias y su colega del fuero penal económico Miguel Schamun, que lo investigaban desde septiembre pasado.

Para el juez de la causa, los 18 prefectos que hicieron la tarea de policía adicional incumplieron las funciones "propias de prevención", acción que permitió el "borrado de rastros propios del delito".

El magistrado recordó que a las 3 de la madrugada del 16 una persona de la empresa de seguridad privada le entregó al...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR