Justicia 2020, hacia un país justo y moderno

Con el plan Justicia 2020, de reforma judicial, que el Gobierno ha elaborado y presentado, comienza a saldarse una vieja deuda y la reforma de la Justicia es asumida como política de Estado.

Mencionar el año 2020 no implica dilatar las soluciones, sino, por el contrario, comenzar a aplicarlas de inmediato, para ver resultados en cinco años. El proyecto menciona como antecedentes iniciativas que, como las surgidas en la Mesa del Diálogo de la Justicia, se remontan a 2002. Y si las propuestas reflejan añejas pero renovadas ideas, con el programa Justo Vos se busca el consenso y su perfeccionamiento con 22 comisiones de trabajo abiertas que ya cuentan con más de 4000 inscriptos. Merece destacarse el carácter federal de las iniciativas, proponiendo hasta coordinar y apoyar los sistemas judiciales provinciales que lo requieran.

La riqueza y la amplitud del plan impiden un análisis pormenorizado. Respecto de los hombres de derecho, magistrados y abogados (y auxiliares de la Justicia), comprende desde la etapa inicial de formación universitaria, con énfasis en la formación ética, hasta las designaciones, y propone jerarquizar y despolitizar los mecanismos de selección, disciplina y remoción de los magistrados.

En la justicia penal, busca promover la investigación de los narcodelitos y del crimen organizado con nuevas herramientas procesales y con una política criminal eficaz. Todo apunta a consolidar y profundizar el sistema acusatorio con procesos penales efectivos, rápidos y transparentes, que garanticen por igual la sanción de los infractores, así como sus derechos y los de las víctimas, la oralidad efectiva en todos los procesos penales y el juicio por jurados en los niveles federal y provincial. Impulsa una reforma integral del Servicio Penitenciario Federal que permita la reinserción social de los infractores y atender la oprobiosa situación de nuestras cárceles.

En lo inmediato, con las leyes enviadas al Congreso, busca recortar el mandato del procurador general, reformar el Consejo de la Magistratura, limitar el poder de los jueces federales y ampliar a otros fueros las causas de narcotráfico, trata y crimen organizado.

Al respecto, advertimos los límites de un sistema acusatorio para que el rol de jueces y fiscales respete lo establecido por la Constitución Nacional, que reserva a los primeros el conocimiento y decisión de las causas, y mantenemos cierto escepticismo sobre la real eficacia del saludable avance hacia la oralidad y al...