Juristas critican el uso del término 'lawfare' en dos decretos de Kicillof

La decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de aludir al "lawfare" para descalificar el procesamiento que pesa sobre dos funcionarios a los que designó generó rechazo entre jueces, camaristas y abogados, que entendieron que se trata de un desconocimiento del principio de división de poderes que impera en un Estado republicano. La medida, además, abre la puerta para que con esa interpretación se busque, desde el Poder Ejecutivo, invalidar decisiones de la Justicia.El jueves, en l Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, se publicaron dos decretos de Kicillof para nombrar ministro de Salud a Daniel Gollán y director ejecutivo de ARBA a Cristian Girard. Gollán está procesado por presunto fraude en perjuicio de la administración pública en la implementación del Plan Qunita, en 2015, cuando era ministro de Salud de la Nación. Girard, por su parte, está procesado en la causa del dólar futuro, por su rol como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el mismo año.En los considerandos de ambos decretos, con la firma de Kicillof y su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se apeló al "lawfare", o guerra judicial, para señalar que Gollán y Girard eran perseguidos judiciales y desestimar sus procesamientos.Se trató de un pronunciamiento político, porque no hay objeciones en la ley provincial para que un ministro o secretario procesado sea designado en el cargo. Pero el solo hecho de aludir al "lawfare" en un decreto para darle al concepto rango institucional alarmó a constitucionalistas y magistrados.Jueces y camaristas consultados por LA NACION criticaron las decisiones del gobernador, que interpretaron como una provocación.El excamarista Ricardo Gil Lavedra dijo a LA NACION que cree que "se trata de una declaración política sin efecto jurídico". Agregó que la referencia de Kicillof es "innecesaria", pero que "revela una peligrosa concepción de la división de poderes y de las funciones de cada poder en el sistema republicano"."Es irrelevante jurídicamente, pero demuestra una concepción peligrosa que ignora el equilibrio que debe existir entre los tres poderes del Estado", señaló.Consultado acerca de si creía que esta misma idea podía llegar a ser puesta en práctica en algún decreto presidencial para su aplicación en el orden nacional, Gil Lavedra contestó: "No creo que tengan esa torpeza. En el Ejecutivo no creo que lo hagan, nunca".Por su parte, el doctor en Derecho y en Sociología Roberto Gargarella rechazó la utilización de...