Jurisprudencia ordenada y anotada

Autor:Carlos Echevesti
Páginas:31-48
RESUMEN

Régimen legal - Derecho-deber y competencia local - Competencia - Facultades reconocidas por la Suprema Corte a la Provincia - Facultad relativa de la Provincia. - Reconocimiento de competencia municipal - Policía ambiental. Función jurisdiccional - Responsabilidad civil - Legitimación activa - Relación de causalidad. Responsabilidad colectiva - Concausalidad - Daño físico. Disminución de aptitud ... (ver resumen completo)

 
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REGIMEN LEGAL
La jurisprudencia ha reconocido -en su más alto nivel- que el
gimen legal sobre la materia se encuentra disperso en disposi-
ciones de índole intrafederal, nacional, provincial y municipal sin
que las prescripciones en juego, afecten competencias. El esfuer-
zo hermenéutico del derecho judicial ha sido orientado a salvar
aparentes contradicciones normativas y declarar una vez más la
vigencia del principio que estatuye el carácter armónico del
ordenamiento jurídico general.
Los convenios del 7/1/77, aprobados por ordenanza 33.691 y por decreto
ley 8.782 del 6/5/77, aprobado por la ordenanza mencionada, por el decreto ley
provincial 8.981 y ratificado por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 3.457/
77, celebrados entre la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la
ciudad de Buenos Aires, de creación del Ceamse (Cinturón Ecológico Area
Metropolitana Sociedad del Estado) integran el derecho intrafederal, deben
reputarse celebrados en ejercicio de la facultad que el artículo 107 (hoy art. 124)
de la Constitución de la Nación confiere a las provincias para celebrar tratados
parciales a los fines de administración de justicia, de intereses económicos y
trabajos de utilidad común, pues de los mismos también pueden ser parte el
gobierno federal y sus órganos descentralizados, incluido el municipio de la
Capital -hoy ciudad autónoma- y el territorio nacional, (voto mayoritario, SCBA,
17/6/97,
in re
Municipalidad de La Plata s/inconstitucionalidad del dec. ley
9.111, tercero Ceamse, DJBA:153-32).
La provincia de Buenos Aires al dictar el decreto ley 9.111 tuvo por finalidad
la protección del medio ambiente, es decir el saneamiento del mismo, como lo
expuso expresamente al celebrar el convenio del 7/1/77 y, a la luz del texto de la
Constitución vigente, actuó en ejercicio de facultades que le son propias, esto es,
no violó el régimen municipal establecido en la misma Constitución”, (ibidem).
DERECHO DE DAÑOS
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DERECHO-DEBER Y COMPETENCIA LOCAL
La protección ambiental es un derecho-deber de orden cons-
titucional reconocido e impuesto a los estados locales y a sus
habitantes.
La Constitución provincial establece el derecho a gozar de un
ambiente sano a sus habitantes, derecho que es reconocido
frente al Estado y a los particulares. También impone a los
mismos -habitantes- el deber de conservarlo y protegerlo ante el
Estado y los demás particulares.
El artículo 28 de la Constitución provincial establece el deber público e
irrenunciable a cargo del Estado provincial de preservar el medio ambiente.
Asimismo, y con finalidad preventiva, el de asegurar políticas de conservación
y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia
de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de
áreas de importancia ecológica, (ibidem).
El artículo 41 de la Constitución de la Nación establece el derecho y deber
de todo individuo a gozar de un ambiente sano, y deja expresamente determi-
nado que lo fundamental en esta materia es la obligación de recomponer, es
decir retornar las cosas a su estado anterior. El artículo 43 reconoce acción de
amparo al individuo concretamente afectado, al defensor del pueblo (en
concordancia con lo establecido en el art. 86 CN y en el 55 CP) y a las
asociaciones que tengan interés en la protección del medio ambiente, (voto del
juez Pettiggiani, SCBA, ac.60.094, 19/5/98,
in re
Almada c/Copetro, cita
completa en pág.17).
COMPETENCIA
Son las autoridades administrativas y judiciales del Estado de la provincia
de Buenos Aires las encargadas de valorar si la obra proyectada afecta aspectos
tan propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente a la protección
del medio ambiente. En efecto, corresponde reconocer en las autoridades
locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren
conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, como
asimismo valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en
ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido. Tal conclusión

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