Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 11 de Marzo de 2021, expediente CAF 055455/2019/CA001

Fecha de Resolución11 de Marzo de 2021
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

- SALA IV -

CAF 55455/2019/CA1: “J.M., R.C. c/ EN – DNM s/ Recurso Directo DNM”

Buenos Aires, 11 de marzo de 2021.-

VISTOS:

Estos autos “J.M., R.C. c/ EN –

DNM s/ Recurso Directo DNM”; y CONSIDERANDO:

  1. ) Que, mediante sentencia del 28.02.2020, la señora juez de primera instancia: (i) rechazó, con costas, el recurso deducido por el ciudadano de nacionalidad peruana R.C.J.M. contra la disposición SDX 159307/19 de la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, DNM), que desestimó el recurso jerárquico interpuesto contra la disposición SDX 28172/18. Mediante este último acto administrativo se declaró irregular la permanencia del extranjero en el país, se ordenó su expulsión del territorio nacional y se prohibió su reingreso con carácter permanente; y (ii) autorizó a la DNM, una vez firme y consentido el decisorio, a la retención del migrante al solo y único efecto de concretar su expulsión del país, y fijó el plazo máximo de retención en 30 días corridos de conformidad con el art. 70 de la ley 25.871 (texto según decreto 70/17).

    Para así resolver, de forma liminar, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 70/17.

    En lo que respecta a la cuestión de fondo, consideró que la situación del extranjero encuadraba en el impedimento de ingreso y permanencia en el territorio nacional contemplado en el art. 29, inciso c, de la ley 25.871 —según las modificaciones introducidas por el decreto 70/17

    —, toda vez que había sido condenado a la pena de tres años de prisión en orden al delito de desobediencia a funcionario público, en concurso real con amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo, concurriendo este último en forma ideal con amenazas. Sobre dicha base, sostuvo que la DNM se había limitado a hacer uso de sus facultades legales, sin avizorar ningún rasgo de irrazonabilidad en la medida adoptada.

    Finalmente, en lo relativo a la falta de otorgamiento en sede administrativa de la dispensa por razones de reunificación familiar,

    Fecha de firma: 11/03/2021

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    aclaró que no se había acreditado en el sub examine —tal como exige el plexo normativo migratorio sobre el punto— la efectiva convivencia de los hijos menores con su progenitor. A mayor abundamiento, recalcó que no se apreciaba ilegalidad alguna en la denegación dispuesta por la autoridad migratoria, toda vez que había fundado su decisión en la naturaleza del ilícito perpetrado por el extranjero.

  2. ) Que, disconforme con el pronunciamiento, la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación —en representación del extranjero— interpuso y fundó recurso de apelación (cfr.

    presentación del 6.03.2020), que fue concedido en relación, en los términos del art. 69 nonies de la ley 25.871 (cfr. resolución del 7.08.2020) y replicado por su contraria (cfr. presentación del 14.08.2020).

    Por su parte, el 31.08.2020 se expidió el señor F. General que interviene ante esta Cámara, con lo que llegan las actuaciones a instancia de resolver.

  3. ) Que la Comisión del Migrante, en su memorial,

    esboza los siguientes cuestionamientos:

    (i) No se contempló el planteo de inconstitucionalidad del decreto 70/17 en su integridad, es decir, en vinculación con: a) la reducción de los alcances de la dispensa por razones de reunificación familiar, desoyendo los límites establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) el establecimiento de un límite máximo de pena —tres años de prisión—, cuya superación imposibilita el goce de aquel beneficio por los extranjeros incursos en el impedimento previsto en el art.

    29 de la ley 25.871, por la comisión de delitos dolosos; c) la vulneración al derecho a una revisión judicial plena del accionar administrativo,

    restringiendo el control a su legalidad y razonabilidad; y d) la arbitraria ampliación de los plazos de vigencia y de las condiciones para el dictado de una retención por razones migratorias —arts. 69 nonies y 70, ley 25.871—.

    Observa que se ignoró la solicitud de suspensión de la tramitación de las actuaciones hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara sentencia en la causa 3061/17 “C.E.L.S. y otros c/ E.N. –

    DNM s/ amparo ley 16.986”.

    (ii) No se efectuó un control judicial suficiente de la legitimidad y razonabilidad del acto que ordenó su expulsión del país. En particular, porque:

    Fecha de firma: 11/03/2021

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

    - SALA IV -

    CAF 55455/2019/CA1: “J.M., R.C. c/ EN – DNM s/ Recurso Directo DNM”

    (a) no se fundó el rechazo de la dispensa por razones de reunificación familiar. Sobre el particular, alega que no fueron ponderadas las circunstancias subjetivas del recurrente, a saber: su arraigo en el país y los vínculos familiares forjados desde su llegada al territorio nacional.

    Por añadidura, objeta que la magistrada de grado se haya enrolado en una concepción restrictiva de familia, circunscribiéndola a la efectiva convivencia del núcleo íntimo; y (b) se omitió ponderar el interés superior de los hijos argentinos menores de edad del accionante y su derecho a vivir junto con su padre, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

  4. ) Que, ante todo, resulta oportuno destacar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:308, 262:222, 265:301,

    272:225; 278:271; 291:390; 297:140: 301:970; entre muchos otros; y, en sentido análogo, esta S. in re “Larraburu, J.P. c/ Estado Nacional”, sentencia del 07.04.1992; “C., G.B. c/ Estado Nacional s/ Daños y Perjuicios”, sentencia del 15.11.2013; “.,

    M.A. c/ Estado Nacional s/ Personal Militar y Civil de las FFAA

    y de Seg”, sentencia del 02.09.2014; “V.F., R.D. c/

    Estado Nacional s/ Recurso Directo”, sentencia del 28.03.2017; y “C.R., Digmar Félix c/ Estado Nacional s/ Recurso Directo DNM”,

    sentencia del 27.06.2017, entre muchas otras).

  5. ) Que, ante todo, los agravios formulados en relación con la inconstitucionalidad del decreto 70/17, han recibido adecuada respuesta, por esta S., en las causas 51123/17 “B.G.,

    F. c/ E.N. – Min. Interior – DNM s/ Recurso Directo DNM”

    (sentencia del 27.02.2018, considerandos 8º a 10); y 6816/11 “O.H., L.A. c/ E.N. – Min. Interior – DNM s/ Recurso Directo DNM” (sentencia del 12.02.2019, considerando 7º). Ello, sin perjuicio de la sanción del decreto NyU 138/2021, del 4 de marzo del corriente año, que derogó al objeto de crítica.

    Fecha de firma: 11/03/2021

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Por consiguiente, resultan de aplicación los términos y conclusiones allí vertidos, a los que corresponde remitir brevitatis causae.

  6. ) Que, sentado lo precedente, vale subrayar que no es materia de controversia que el actor no pudo demostrar una situación migratoria regular. En efecto, la residencia temporaria oportunamente concedida en virtud de la disposición DNM 6490/98 perdió su vigencia a partir del 19.10.99 (fs. 48, expediente SDX 969/96; incorporado digitalmente a la causa mediante presentación del 23.10.2019), y no se verificaron trámites de regularización migratoria efectuados con posterioridad.

    También se corroboró que el Sr. J.M. fue condenado el 26.04.2018 a la pena de tres años de prisión, comprensiva del siguiente concurso real de delitos: (i) desobediencia a funcionario público —tres hechos—; y (ii) amenazas —un hecho— y lesiones leves agravadas por el vínculo —dos hechos—; este último, a su vez,

    concurriendo en forma ideal con amenazas (fs...

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