El juicio a Cristina Kirchner y la credibilidad de las instituciones

Le sobran razones a la expresidenta para intentar que los procesos penales a los que debe comparecer se pospongan indefinidamente. En tres de ellos se avecinan las audiencias en las que será juzgada públicamente, lo cual es muy distinto del mero registro de cientos de páginas de expedientes judiciales, reservadas a jueces y abogados, lejos de la compulsa social. Por el contrario, en las audiencias que se celebrarán en esos procesos tendrá que compartir el banquillo de los acusados y demostrar que no es responsable de las serias responsabilidades que se le adjudican, como cualquier ciudadano sospechado de cometer un delito. Algo muy diferente de la estrategia que ha seguido hasta ahora, ya que cuando fue llamada a declarar ante los jueces se limitó a dejar escritos de defensa preparados por sus abogados.Mientras la Cámara Federal acaba de pedirle al juez que acelere la emblemática causa de , el 21 de mayo debería comenzar uno de esos tres juicios. Es el conocido como , en el cual interviene el Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.En ese proceso, en diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de la viuda de Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez, entre otros. El juez, a lo largo de una decisión de 794 páginas, en la que valoró una significativa cantidad de pruebas, consideró que los nombrados habrían formado parte de una asociación ilícita destinada a cometer múltiples delitos para apoderarse ilegítimamente de unos 46.000 millones de pesos del Estado, suma considerada a valores de hace tres años. La maniobra investigada tenía como patrón inicial la adjudicación a Lázaro Báez del 80% de la obra pública vial de Santa Cruz.La Sala I de la Cámara en lo Criminal Federal, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, en septiembre de 2017, confirmó ese procesamiento en una sentencia de 150 páginas. Los camaristas coincidieron con Ercolini en que los expedientes de obra pública en los que intervinieron las empresas de Lázaro Báez estuvieron signados por numerosas irregularidades. Destacaron que la prueba demuestra una evidente maniobra con múltiples abusos y anomalías en la contratación que aparecen reiteradas dentro de un prolongado lapso (2003-2015) y signada por la gestión de De Vido y José López.Restando poco tiempo para el comienzo de la causa Obra Pública, dos hechos llaman poderosamente la atención sobre...