Un juez validó la primera factura de gastos operativos para cobrársela a los narcos

El Gobierno logró el primer éxito en su campaña para que los narcos y los delincuentes dedicados al crimen organizado se hagan cargo de los gastos que las fuerzas de seguridad tienen para llevar adelante las investigaciones judiciales en su contra. Tras una presentación de la Gendarmería, el juez federal de Eldorado, Misiones, Miguel Ángel Guerrero, dispuso el embargo preventivo de los bienes de cuatro acusados hasta cubrir, en cada caso, 600.000 pesos, el equivalente al costo de los procedimientos.

Hace dos semanas, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que había instruido a las cuatro fuerzas a su cargo para que informaran a las autoridades judiciales los "gastos incurridos en las tareas encomendadas en cada causa a los efectos de que sean contemplados en el momento de la determinación de las costas del proceso".

Oportunamente, la ministra Patricia Bullrich y el director nacional de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales, Diego Nazareno, sostuvieron que esa posibilidad figura en el Código Procesal Penal de la Nación, pero nunca se ejecutó.

La primera "factura" fue la de la Gendarmería. El director general de Operaciones de la fuerza, comandante general Ernesto Robino, le informó por escrito al juez Guerrero que se habían gastado 485.352 pesos y 6675 dólares para trasladar desde Misiones hasta Buenos Aires, por vía aérea, a cuatro procesados por el operativo Maderos Blancos, que permitió el decomiso de 3000 kilos de marihuana.

En ese procedimiento, realizado en los primeros días de diciembre pasado, hubo 15 detenidos. Pero la investigación continuó y a través de escuchas telefónicas la Gendarmería descubrió un eventual plan de fuga de cuatro sospechosos que estaban presos en Eldorado.

En consecuencia, el 2 de enero pasado el juez Guerrero ordenó el traslado "muy urgente, bajo estrictas medidas de seguridad", de los imputados Jorge y Antonio Guarié, Jorge Velázquez y Jorge Galeano a Buenos Aires [por cuestiones legales no se revela a qué unidad penitenciaria fueron enviados].

Según la investigación en curso, existía "un riesgo de fuga de un modo violento, mediante el empleo de armas de fuego, usufructuando un eventual traslado de Jorge Guarié para su atención médica en un centro de salud o mediante el empleo de sicarios".

Entonces, para evitar y frustrar ese presunto plan criminal, el juez Guerrero ordenó el urgente trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El magistrado solicitó, además, que los...