El juez de los jubilados, bajo otro ataque del Gobierno

Cómo se conjuga un gobierno que se dice republicano y democrático con una persecución permanente a un juez de la Nación porque falla en contra de sus intereses? ¿Cómo se explica que un Gobierno que dice defender los derechos humanos acose a un ciudadano y hombre que hace justicia? ¿Qué clase de dignidad para las personas mayores puede decirse que defiende el Gobierno cuando ataca sistemáticamente al juez Luis Herrero, de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que fue la que hizo lugar a los pedidos de los jubilados para que se les reconozca la actualización de sus haberes?

En el universo de las contradicciones en carne viva que supone el kirchnerismo no es posible contestar estas preguntas, así como no sería posible explicar la compatibilidad entre progresismo y corrupción, o entre democratización de la Justicia y Poder Judicial a medida, o entre voluntad de equidad y ocultamiento de la pobreza.

Se ha reeditado ahora el ataque que desde hace cuatro años lleva a cabo el oficialismo contra el juez Herrero. Sobre fines del corriente mes, el Consejo de la Magistratura deberá decidir si prospera o no una infundada denuncia en su contra reactivada por el diputado oficialista y consejero Héctor Recalde. El Consejo decidirá si se lo envía al Jurado de Enjuiciamento y se lo suspende hasta que se defina su remoción, si se lo apercibe o se lo multa, o si se desestima la denuncia. Herrero ya presentó un sólido descargo.

No deja de ser tragicómico que un diputado del partido gobernante que avasalla al Poder Judicial a diario, diga en su denuncia que "el consejero denunciante entiende que el magistrado Herrero se aparta de su rol y del principio de división de poderes". De los ataques no se privó tampoco la Presidenta, cuando en 2012, en un acto en Plaza de Mayo, acusó falsamente a Herrero, sin nombrarlo, de estar en contra de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde aquellos momentos, Herrero viene soportando presiones de todo tipo. En efecto, el camarista ha debido soportar recusaciones sin causa, razón por la cual la Sala II estuvo virtualmente parada por más de un año. Y ha debido soportar denuncias penales anónimas en el juzgado de Norberto Oyarbide.

En el Consejo de la Magistratura se lo acusó de mal desempeño por no excusarse en un caso y por tener supuestamente animosidad manifiesta contra la Anses. Los ataques se llevan a cabo de manera falaz, utilizando y descontextualizando expresiones de Herrero en una entrevista con...