Judicialización de la política y politización de la Justicia

La politización de nuestra Justicia es tan innegable como lamentable y lo peor que nos puede ocurrir en esta materia es acostumbrarnos al fenómeno perverso que se instaló en nuestros tribunales durante el régimen anterior. Se ha vuelto costumbre al escribir sobre temas judiciales aclarar cuando un juez o un fiscal pertenece o es cercano a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. En la vereda opuesta, hay jueces y sobre todo fiscales que no ocultan su franca oposición a ese alineamiento político y a una de sus principales referentes, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Así, por ejemplo, cuando se informó que el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Mauricio Macri en el caso del Correo Argentino, fue de rigor precisar que milita en Justicia Legítima. La labor del juez federal Daniel Rafecas ha estado condicionada por su sintonía con el kirchnerismo, como ocurrió cuando rechazó investigar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner.

Signo del retroceso que significa el hecho de que la política dicte la orientación y el sentido de algunas resoluciones, dictámenes y sentencias judiciales es la urgencia de tener que recordar la imperiosa necesidad de la independencia judicial.

Uno de los fundadores del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), Horacio Lynch, llamaba recientemente la atención sobre el activismo judicial. El tema es relevante y pone de manifiesto que todas las instituciones republicanas deben encuadrarse en la función constitucional que les compete, evitando todo desborde y avance sobre los demás poderes y las funciones de cada uno.

Se genera una ecuación según la cual, cuanto mayores sean la discrecionalidad y el autoritarismo de un gobierno con el consecuente apartamiento de nuestra Ley Fundamental, mayor resultará la actividad judicial.

Durante la gestión kirchnerista, los abusos de poder y los desbordes de leyes y decisiones administrativas llegaron a un punto tal que las medidas cautelares tendientes a proteger a los ciudadanos estaban a la orden del día. Al extremo de que la ex presidenta y su seguidora Diana Conti, al fundar el proyecto de limitación a las medidas cautelares contra el Estado, decían que éste apuntaba "a que los intereses corporativos no puedan, a través de medidas cautelares, frenar políticas públicas de indudable beneficio popular".

Al comentar editorialmente ese tema, decíamos que lo que la citada...