La guarda judicial en los juzgados de menores (Tercera Parte): Guarda judicial y adopción: un fallo de la Cámara 1ª de Familia de Córdoba

Autor:Jorge L. Carranza
Cargo del Autor:Asesor de menores sustituto de octava nominación de la ciudad de Córdoba
Páginas:117-121
TERCERA PARTE
GUARDA JUDICIAL Y ADOPCIÓN: UN FALLO DE LA CÁMARA 1ª DE FAMILIA DE
CÓRDOBA
1. Presentación
En el Semanario Jurídico Nº 1197, de 2 de julio de 1998, en la Sección
Jurisprudencia, se reseña un fallo de la Excelentísima Cámara 1ª de Familia de la
ciudad de Córdoba, que no hace lugar al recurso de apelación interpuesto por los
guardadores judiciales en contra del proveído del Juzgado de Familia de 4ª
Nominación de esta ciudad, el cual resuelve no avocarse al conocimiento del pedido
de adopción, entendiendo que no se encuentra agotada la instancia prevencional
previa ante los Juzgados de Menores.
Los guardadores habían efectuado su presentación en la sede de Familia,
acompañándola con un certificado de guarda judicial provisoria expedido por el
Juzgado de Menores que había prevenido respecto del niño en cuestión.
2. Las aristas del fallo
La resolución que comentamos nos ha impulsado a reflexionar sobre la relación
de la competencia Prevencional del Juez de Menores (ley provincial 4873) y el
trámite correspondiente de adopción realizado por ante los Juzgados de Familia
(art. 16, inc. 11, ley 7676). Veamos algunos de los puntos más salientes:
a) La internación y la guarda judicial como medidas cautelares
El fallo de la Alzada se refiere a la internación y guarda provisoria posterior del
niño en cuestión como medidas cautelares (dictadas en el marco del art. 5º de la ley
4873), las que no agotan la instancia prevencional en sede de Menores.
Cabe aclarar que las medidas de carácter tuitivo, ordenadas por el Juez de
Menores, están encaminadas a regularizar la situación jurídica del niño que al
inicio de las actuaciones se encuentra en una circunstancia atentatoria a su vida,
salud, identidad o educación, situación de la cual quiénes son sus responsables
legales no logran sustraerlo o a la cual éstos contribuyen con su conducta activa u
omisiva. Ese niño padece una situación antijurídica, porque se ve vulnerado en sus
derechos esenciales reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (ley
23.849)1. El Estado, a través del Patronato ejercido por el Juez de Menores con
competencia Prevencional, debe hacer que el niño sea reestablecido en el pleno
ejercicio de sus derechos. Esa es la teleología de la intervención judicial, y ella nos
permitirá ver con más claridad que el decisorio confirmado por la Alzada es
acertado.
b) La reforma al artículo 317 del Código Civil
El fallo hace referencia también al art. 317 del Código Civil reformado por la ley
24.779. Dicha norma establece como excepción al requisito de citación de los padres
al juicio de adopción que “el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los
padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el
desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta
situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial […]”. Debemos
asimilar el término desamparo utilizado por el Código Civil con el abandono
material o moral a raíz del cual es competente para intervenir el Juez de Menores
(a tenor del art 5º, inc. 1 ter, de la ley 4873).

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