La determinación judicial de un enunciado de hecho

• Autor: Patricia Cóppola - José I. Cafferata Nores
• Cargo del Autor: Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba - Profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba
• Páginas: 23-24

3. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE UN ENUNCIADO DE

HECHO

A esta altura de nuestras reflexiones consideramos útil atender

una discusión planteada por Eugenio Bulygin acerca de la verdad de

la determinación judicial de los enunciados de hecho.

Hans Kelsen, al distinguir entre “hechos naturales” y “hechos

legales”, afirma que un hecho natural —como un asesinato— se

convierte en un hecho legal a través del pronunciamiento de un juez;

más aún, un hecho legal (para este autor) es “creado” por el juez. Pero

Eugenio Bulygin12 rechaza esta afirmación kelseniana, sosteniendo

que la verdad de una declaración acerca de un hecho empírico no

depende de lo que un juez diga, sino de las reglas semánticas del

lenguaje utilizado en el enunciado y de los hechos referidos en la

declaración. Así, la verdad del enunciado “Bruto mató a César”

depende de las reglas semánticas que determinan a qué individuos se

refieren los nombres Bruto y César, y si efectivamente el individuo

designado como Bruto mató al individuo designado como César, y lo

que pueda decir el juez acerca de ese hecho es irrelevante para la

verdad del enunciado.

Se requiere además (tercera condición) la justificación de ese

enunciado, o sea la existencia de razones o pruebas para considerarlo

verdadero, ya que para castigar a Bruto la ley exige no sólo que Bruto

haya matado a César, sino que haya evidencia (pruebas) que justifique

esa verdad.

Conviene precisar que en los contextos judiciales penales la prueba

—o justificación— de los enunciados de hechos (contenidos en la

acusación) es diferente del tipo de prueba de la ciencia, pues en

garantía del acusado de un delito el sistema jurídico establece ciertas

limitaciones: en primer lugar, acerca del tipo y la cantidad de

evidencia admisibles; en segundo término, estableciendo restricciones

temporales para la producción de la evidencia, ya que toda prueba

debe producirse dentro de un cierto lapso, y por último, acordando al

juez, en el marco de un proceso judicial, la facultad de decidir sobre si

cierto enunciado empírico y la culpa del acusado han sido o no

probados. Además, cuando se trata de una resolución de última

instancia, será irrelevante, a los fines legales, que el enunciado sea