Poder judicial y dictadura. El caso de la morgue judicial

Autor:María José Sarrabayrouse
RESUMEN

A poco más de veinticinco años del golpe militar de 1976, un discurso sobre lo sucedido en aquel otoño de mediados de los setenta se ha reificado y ha ido ganando espacios en los múltiples debates sobre la dictadura. En este discurso, los militares aparecen como una “fuerza de ocupación” que actuó frente a una sociedad que permaneció inerme y al margen de lo acontecido. (...)

 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS

Asignatura “La sociedad civil en la formación de políticas y la construcción del espacio público”

PROFESORA: Sofía Tiscornia

AÑO 2008

Bibliografía: Sarrabayrouse, María José. 2003. Poder judicial y dictadura. El caso de la morgue judicial. Buenos Aires, Instituto de Estudios e Investigaciones, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Cuaderno N° 4.

Introducción

A poco más de veinticinco años del golpe militar de 1976, un discurso sobre lo sucedido en aquel otoño de mediados de los setenta se ha reificado y ha ido ganando espacios en los múltiples debates sobre la dictadura. En este discurso, los militares aparecen como una “fuerza de ocupación” que actuó frente a una sociedad que permaneció inerme y al margen de lo acontecido. Así, la reducción del golpe de estado a un enfrentamiento entre civiles y militares no ha hecho otra cosa que eximir a la sociedad argentina de toda responsabilidad frente al gobierno de facto (Duhalde, 1999).

Probablemente como producto del mismo razonamiento, la mayoría de los trabajos sobre la dictadura se ha centrado en la acción directa de los militares o de los civiles que operaron en los centros clandestinos de detención pero ha prestado poca atención al “modo en que amplios sectores de la sociedad consintieron o impulsaron el actuar criminal de las fuerzas armadas” (Duhalde, op.cit:89). No podemos dejar de reconocer que existieron diferentes grados de responsabilidad y que, por lo tanto, no era lo mismo ser un funcionario de la dictadura militar que un ciudadano que miraba hacia otro lado cuando en un operativo el ejército detenía gente, mientras pensaba para su interior “algo habrán hecho”. Sin embargo, lo cierto es que varios conjuntos sociales actuaron de un modo cómplice con la dictadura, ya sea por su actuación directa, ya sea por su indolencia ante lo que estaba sucediendo.

Como sintetizó el historiador Ian Kershaw, en su análisis sobre la actitud que adoptó la población alemena ante el genocidio nazi, “(...) el camino que va a Auschwitz se construyó con odio, pero se pavimentó con indiferencia” (citado en Browning, 1992:361).

Como primera definición, podríamos decir que este trabajo pretende ubicarse en la línea de las investigaciones que buscan analizar el período dictatorial prestando atención – fundamentalmente- al comportamiento y el accionar de la sociedad civil. Para poder anclar el análisis a un campo acotado, he decidido trabajar con un sector particular, el poder judicial, concretamente el fuero penal de la Capital Federal.

Es sabido que el golpe de estado llevado a cabo por los militares en 1976 implicó una ruptura del orden institucional y sostuvo gran parte de su accionar sobre prácticas y procedimientos clandestinos (muertes y desapariciones) que establecieron el terror en amplios sectores de la sociedad argentina. Sin embargo, la dictadura implementó, paralelamente, un orden legal de facto mediante el cual pretendió otorgar "legitimidad" a su accionar. A pesar de que muchos de los integrantes del Poder Judicial fueron destituidos de sus puestos1, encarcelados y en algunos casos asesinados, la dictadura no "fundó" un nuevo Poder Judicial, sino que se montó sobre la estructura ya existente, maximizándola en función de sus propios objetivos e intereses. La pregunta a formular sería entonces: ¿en que consistió este aprovechamiento y maximización de lo ya existente?

Los pocos trabajos que se han realizado sobre funcionamiento del poder judicial durante la última dictadura militar se han centrado, fundamentalmente, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es en esos fallos en los que se ve claramente la sumisión de la Corte Suprema a las decisiones supraconstitucionales y su deserción del estado de derecho, a partir del reconocimiento de legitimidad del gobierno de facto y de las facultades legislativas que él mismo se atribuía, situación que se traducía en los asesinatos y detenciones arbitrarias producidas por las fuerzas militares

Sin lugar a dudas, la jurisprudencia siempre ha tenido un papel elemental en la fundamentación ideológica de los golpes de estado, pero que en el caso de la última dictadura existió un interés adicional porque “al haber llegado más lejos que anteriores dictaduras en su pretensión de supralegalidad, colocó al poder judicial en una contradicción insalvable. Pretendió mantener a la vez la ficción de una justicia independiente y la vigencia de las razones de estado, las vías de hecho, la discrecionalidad absoluta, el decisionismo, en fin, una versión tímida en su planteo teórico pero audaz en sus aplicaciones prácticas” (Groissman citado en Duhalde 1999:77).

Bajo la abierta y declarada responsabilidad política de la Corte procesista se encontraba la de los tribunales “inferiores”, haciendo la salvedad de que en el caso de estos últimos hubo “matices y discrepancias según el fuero, las instancias, las salas y los jueces. Algunos fueron más lejos que otros en la justificación del poder “de facto” o en la convalidación de sus decisiones, pero hubo quienes -los menos- mantuvieron su independencia y ejercieron el control que correspondía a su función” (Duhalde, op.cit.:72). Sin embargo, no se debe caer en el error de pensar que la complacencia del poder judicial con el gobierno dictatorial sólo se explica por la “mediocridad o el temor de algunos de sus miembros para encarar una decisión en contrario”, ya que en muchos de ellos existió una clara identificación con “un conjunto de conceptos y principios generales, normas de conducta, estilos de conducción, ambiciones personales y además, el convencimiento de la validez y el acierto de emprender una política de aniquilamiento, casi una cruzada, que permitiera desarticular la sociedad y sus instituciones para recrearla en un orden superior.” (Vázquez, 1985:62)

Es justamente el funcionamiento, la operatoria y el rol que tuvieron los tribunales inferiores en el transcurso de la última dictadura lo que me interesa indagar y poner en discusión.

En su trabajo "Los hilos sociales del poder", el sociólogo Juan Villarreal (1985) sostiene que la estrategia de poder del último gobierno dictatorial estuvo basada en un doble carácter, represivo y productivo a la vez. Desde esta perspectiva de análisis, la dictadura debe ser vista antes que como la obra exclusiva de una cúpula militar, como la “expresión de un proceso social regresivo que conjugó las iniciativas de múltiples fuerzas sociales. La reacción concertó el accionar de sectores militares, religiosos, políticos, sociales. Resultó de un proceso general de respuesta autoritaria, disciplinaria, represiva a los avances de radicalización y lucha de sectores populares en los años anteriores. Orientados, presionados, amplios sectores sociales apoyaron la lucha contra la “subversión”, callaron acerca de las manifestaciones de la ‘guerra sucia’ y consolidaron la restauración del orden.” (op.cit.:215) En otras palabras, la concentración autocrática del poder tuvo un carácter represivo y productivo a la vez porque, por un lado, implicó la destrucción de diversas organizaciones sociales y la imposición de la fuerza sobre individuos y grupos sociales; y por el otro, generó un considerable consenso en torno a la “reorganización nacional”, "estimuló el individualismo social, apeló a diversos mecanismos de recreación y (...) desarrolló un proceso de reestructuración general de la sociedad” (op.cit.:215)

En esta línea de análisis, cabe agregar que la dictadura militar también fue el campo fértil para los desarrollos personales y el crecimiento individual. La dictadura de 1976 –en general- no trajo gente externa a la justicia sino que ascendió a funcionarios que ya estaban dentro de la estructura. Esto metodología producía rápidas carreras judiciales y transformaba a sus beneficiarios en deudores del poder: “El empleadito que empezó hoy porque el tío era camarista y le consiguió el puesto -hasta de ordenanza, empezaba como ordenanza porque no había cargo de nada-, no hacía nada de nada, figuraba en la nómina, después iba como empleado, después lo hacían escribiente, después auxiliar superior de 6°, se recibía de abogado, lo nombraban secretario, venía el golpe militar del 76 y en tres años pasaba de secretario a camarista” (Sansó, p.6). Entre los “deudores del poder” había una gradación que iba desde aquellos que tenían una “lenta y a veces acelerada manera de consentir, de tolerar” hasta los que “realmente estaban comprometidos políticamente y que en vez de ser simples burócratas de la justicia participaban del hecho revolucionario.” (Sansó, p. 4/5)

Entonces, si entendemos que el poder judicial forma parte de esas fuerzas sociales que señala Villarreal en su trabajo, el análisis de su comportamiento durante la dictadura es un modo de ver en acción parte de la productividad del poder durante la dictadura y, simultáneamente, conocer y comprender las continuidades y rupturas al interior de la agencia judicial.

Ahora bien, para llevar a cabo este objetivo la propuesta es realizar un extenso recorrido...

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