Los jubilados, víctimas de la mala política

Toda la puja sobre la ley de pago del 82% móvil a los jubilados resultó en los últimos días una muestra del deterioro del debate y de la negociación política en la Argentina. ¿Tuvo motivos valederos la presidenta Cristina Kirchner para vetar la iniciativa? Claro. ¿Es cierto que es irrazonable, además de estar prohibido, el incluir en el presupuesto gastos sin decir cómo van a financiarse? Es exactamente así. ¿Es verdad que actualizar haberes de manera automática sin tener certeza de la sustentabilidad es poner el riesgo de quiebra a todo el sistema? Cualquier estudiante de economía sabe de la razonabilidad del argumento. No importa saber si el dinero está hoy, sino si es posible sostener el beneficio en el tiempo, teniendo en cuenta las variaciones del mercado laboral y de la evolución demográfica, entre muchas otras variables. Se trata de valuaciones técnicas muy complejas y, si se hicieron, nadie las mostró.No le faltaron razonables argumentos a la Presidenta para vetar. Por eso no se entiende que los considerandos del decreto hayan sido un panfleto denostador de la oposición, insultante y falsificador de la historia, más digno de figurar en algún programa de adulación al Gobierno y vilipendio de cualquiera que piense distinto que emite la televisión pública, que de formar parte de un decreto.Es evidente que el Gobierno tiene conductas previsoras, restrictivas y razonablemente prudentes sólo cuando no puede tener el mérito exclusivo de un aumento en el gasto. ¿Con cuál estudio de sustentabilidad o de impacto se hizo la generosa y poco responsable moratoria que aumentó en más de dos millones el número de beneficiarios del sistema previsional? ¿Cuál fue el que se hizo para disponer la asignación universal por hijo y garantizar que el esquema no salte por los aires en un futuro próximo? ¿Estaban asegurados el financiamiento y la sustentabilidad del tren bala? En el actual presupuesto y en el proyecto del año próximo, el oficialismo ha incluido obras públicas multimillonarias, confiando en que aparecerá mágicamente un financiamiento externo que aún nadie consiguió. Y si hay estudios de factibilidad, necesidad y sustentabilidad para esos emprendimientos, no han sido hechos públicos.La oposición estuvo llena de intenciones moralmente irreprochables al impulsar la ley del 82% móvil. Como subsanar las injusticias que la Corte ordenó reparar con el fallo Badaro y que el Gobierno se resiste todo lo que puede a cumplir. El titular de la Anses, Diego Bossio, dice...