Jubilados y Poder Judicial

Autor:Jorge Horacio Gentile
Cargo:Profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.
RESUMEN

Por qué los jubilados le hacen juicio al ANSES

 
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Centenares de miles de jubilados y pensionados reclaman y le hacen juicio por reajuste de sus haberes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) porque en su liquidación no se respeta la movilidad –integral, proporcional e igual- que exige la Constitución (art. 14 bis).

El incremento del 11,69 % dispuesto a partir de marzo del 2009 – en el marco de la Ley 26.417 dictada a requerimiento de la Corte Suprema en el fallo “Badaro, Adolfo” (26-11-2007)- es insuficiente y no tiene carácter retroactivo. Dicho porcentaje resulta del promedio entre el índice del aumento general de salarios del último semestre y el aumento de la recaudación tributaria per capita de ANSES.

Así, el haber mínimo es ahora de $770, y para los que perciben los $45 del subsidio del PAMI, la mínima será de $815. El impacto presupuestario de la medida es de $6.050 millones de pesos para ANSES para el corriente año, solventados con recursos propios. El aumento alcanza a 5.421.794 jubilados y pensionados nacionales, 676.000 beneficiarios de pensiones no contributivas y 20.603 veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

La Corte menemista , por mayoría, en el fallo “Chocobar, Sixto” (27/12/1996), entendió que la movilidad de la ley 18.037 fue derogado por la ley 23.928, de convertibilidad que prohibía la indexación con posterioridad al 1º de abril de 1991 (art. 7º de la ley 23.928), y derogó (art. 10) a partir de esa fecha todas las normas que indexaban precios, hacían actualización monetaria, variaciones de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas o impuestos, entre otros. Asimismo, entendió que si bien el art. 160 de la ley 24.241sistema integrado de jubilaciones y pensiones- estableció que las leyes anteriores que tengan una fórmula diferente de movilidad continuarían vigentes, de acuerdo al decreto 2433/993, que determinó cuáles eran las leyes con sistema de movilidad seguirían rigiendo, entre los que no estaba la ley 18.037.

Declaró, además, inconstitucional al art. 7º inc. 1º de la ley 24.463 –Solidaridad Previsional, que reformó a la ley 24.241-, que estipuló que la movilidad entre el 1º de abril de 1991 y 1º de abril de 1994, debía liquidarse en base a resoluciones que nunca fueron dictadas con lo cual se cristalizaron los haberes en ese período de tiempo y dispuso la actualización de los haberes del 13,78% por el período 1º de abril de 1991 -fecha que entró a regir la convertibilidad- al 31-3-1995 –en la que tiene vigencia la ley...

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